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JOSEFINA MECA
Martes, 29 de septiembre 2015, 01:42
El Tribunal Supremo (TS) asestó ayer un golpe a uno de los proyectos urbanísticos más polémicos de cuantos se desarrollaron en la ciudad de Murcia en pleno 'boom' del ladrillo. Llegó en forma de sentencia, que dictamina la nulidad del procedimiento administrativo por el que se reclasificó una bolsa de suelo de más de 400.000 metros cuadrados, donde posteriormente se construyó la urbanización Joven Futura de Espinardo. El Alto Tribunal se apoya en la falta del preceptivo y vinculante informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), sobre «nuevas demandas de recursos hídricos», que exige la Ley de Aguas. Una norma que fue modificada el 22 de junio de 2005, es decir, dos días antes de la aprobación definitiva del proyecto contra la que falla el TS.
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¿Quiénes son los políticos responsables en el caso Joven Futura?
El fallo del TS declara nula la orden del consejero de Obras Públicas de 2005, Joaquín Bascuñana, quien cedió la cartera a José Ballesta en 2007. Navarro Corchón asumió entonces la dirección general de Vivienda. La citada orden se emitió bajo el mandato de Valcárcel en la Comunidad y de Cámara en el Ayuntamiento. El edil de Urbanismo era entonces Fernando Berberena, y Roque Ortiz dirigía Urbamusa.
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¿Qué responsabilidad personal tienen a partir del fallo del Tribunal Supremo?
La sentencia del Alto Tribunal no establece ningún tipo de responsabilidad sobre los cargos políticos. Los grupos de oposición en el Ayuntamiento ya han pedido que se depuren las responsabilidades políticas, si bien la mayoría de los cargos implicados ya están fuera de la vida política. Tan solo ostentan cargos públicos el alcalde José Ballesta, y el concejal de Fomento, Antonio Navarro Corchón.
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¿Qué va a pasar con esta urbanización donde viven 1.500 familias?
El Ayuntamiento debe ahora legalizar la situación de las viviendas, según el abogado Salazar. El edil Navarro asegura que la sentencia no afecta a las licencias. La responsabilidad penal de los políticos se dirimirá en los tribunales, si los vecinos de la Senda de Granada deciden finalmente presentar una demanda o una querella ante la Fiscalía, por entender que existen responsabilidades de ese tipo.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, presidida por el magistrado Rafael Fernández Valverda, falla a favor de diez vecinos de la Senda de Granada afectados por el plan urbanístico, al aceptar el recurso de casación presentado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) de 2013. Entonces, el TSJ desestimó el recurso contra una orden del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de 2005 (cargo que ostentaba entonces el popular Joaquín Bascuñana). El TS avala el recurso de casación y declara «nula por ser contraria a Derecho» la citada orden. Esa norma suponía la aprobación definitiva de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia y la recalificación de unos terrenos no urbanizables como urbanizables. Además, permitía la edificabilidad en un sector de suelo protegido especialmente por encontrarse en plena huerta.
La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 2 de septiembre de 2015, establece la improcedencia de aprobar un instrumento de planeamiento sin el informe correspondiente del organismo de cuenca, y advierte de que la inexistencia de tal estudio «determina la nulidad del instrumento de planeamiento en su conjunto». Concluye que, al no constar que dicho informe haya sido solicitado, «procede declarar la nulidad del plan impugnado».
«Se ha hecho justicia»
«Los vecinos afectados llevamos doce años batallando y denunciando en los tribunales la ilegalidad de esa reclasificación de suelo y por fin se ha hecho justicia», exclamó ayer Ángel Tortosa, portavoz de los vecinos demandantes. «Hemos tenido que soportar insultos de todo tipo. Queríamos nuestra huerta. Nuestras viviendas. Queríamos justicia. Queríamos que se cumpliera la ley». Tortosa precisó que estudiarán la petición de indemnizaciones a las administraciones implicadas «porque muchos vecinos fueron expropiados, pero nada podrá mitigar el sufrimiento que hemos padecido».
El portavoz vecinal apuntó directamente contra los cargos políticos, todos del PP, que intervinieron en el procedimiento declarado ahora nulo y avanzó que exigirán responsabilidades penales. El abogado del caso, Eduardo Salazar, precisó que estudiarán las posibilidades, a partir de ahora, de «presentar una denuncia o una querella ante la Fiscalía, si la asociación de vecinos cree que hay responsabilidad penal».
La orden fue dictada el 24 de junio de 2005 por el entonces consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Joaquín Bascuñana, siendo presidente regional Ramón Luis Valcárcel y alcalde Miguel Ángel Cámara. La Concejalía de Urbanismo era regida por Fernando Berberena, y Urbamusa, la urbanizadora municipal, por Roque Ortiz, actual edil de Fomento.
«Las viviendas seguirán»
Sobre el futuro de la urbanización, Salazar opinó que «al estar ya construida, es difícil volver atrás». Supuso que las viviendas seguirán ahí y consideró que «el Ayuntamiento tendrá que legalizar las viviendas de alguna manera». Ángel Tortosa, por su parte, animó a los 1.500 propietarios de Joven Futura a que reclamen indemnizaciones. Paradójicamente, los vecinos de la urbanización de Espinarno fueron los últimos en conocer la noticia. «No tenía ni idea. Yo creía que todo esto era legal. Me quedo sorprendida, decepcionada», dijo una vecina. «Esto fue un desastre desde el principio, y si ahora resulta que es ilegal, hay que darle un aplauso al Ayuntamiento», ironizó otro propietario.
El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro Corchón, aseguró que la sentencia del TS «hace referencia a una cuestión formal, que en nada afecta a la concesión de licencias de viviendas que se aprobaron en su momento». Añadió que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento «estudiarán ahora la sentencia para su cumplimiento» y puntualizó que «Joven Futura está construida y dispone de los recursos hídricos pertinentes». Navarro se reunirá hoy con los vecinos de la urbanización.
La sentencia, que no admite recursos, sienta jurisprudencia.
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