Si Antonete levantara la cabeza

Antonio Gálvez Arce, 'Antonete' (1819-1898), el hijo de labradores murcianos que llegó a ser diputado en las Cortes Españolas y fue precursor del republicanismo federal, nació y murió en el huerto de San Blas, un paraje de Torreagüera donde aún se mantiene en alto parte de la estructura de la vivienda original de atobas y techumbres de cañizo. La finca es hoy municipal, y han sido técnicos del Ayuntamiento los que recientemente han realizado un estudio sobre el estado de la misma y las posibles actuaciones. 'La Verdad' ha tenido acceso al informe, firmado por el arquitecto municipal Josef Potter, adscrito a la Concejalía de Patrimonio, que pone de manifiesto que, pensando en un uso museístico, poner en valor el conjunto costaría a las arcas municipales cerca de un millón de euros.

El concejal de Patrimonio y Contratación, Cosme Ruiz, expuso en el Pleno de febrero, a propuesta de una moción presentada por la edil socialista Andrea Garries para recuperar el entorno y convertirlo en un centro para recordar la figura y obra de este aguerrido murciano, que el Consistorio no dispone de fondos económicos para abordar en este momento una rehabilitación del conjunto. No obstante, la Concejalía ha vallado y cerrado el acceso al interior de la finca para evitar cualquier accidente, ya que, como dice el arquitecto Potter, «cuanto antes se acometan los trabajos mejor». El arquitecto constató en una visita de inspección que la vivienda de Antonete se encuentra «en muy mal estado de conservación»: «Buena parte de los muros y techos con los que estaba construida se encuentran derrumbados, y en los que aún se conservan en pie se aprecia peligro inminente de caída, debido a las grietas y desplomes que en algunos casos presentan».

La finca se compone de una antigua vivienda unifamiliar con una pequeña ermita en su interior, con la particularidad de que fue propiedad del conocido cantonalista, que defendía una República federal; suponía que los políticos estatales desconocían los problemas del pueblo.

La edificación se encuentra protegida por el Plan General con grado 2, lo que implica actuaciones tendentes a la rehabilitación conservando la estructura general del inmueble. La parcela está calificada como equipamiento. En este contexto, el técnico Potter apunta que debido al pésimo estado podría plantearse su demolición como la solución más económica, una opción que se descarta dado el grado de protección del inmueble. Para poder demoler la vivienda habría que cambiar esta cuestión en el Plan General. La segunda opción que pone sobre la mesa la Concejalía es la realización de un proyecto de conservación y consolidación, cuyo coste se estima en 180.000 euros, «o incluso más», dice Potter, «debido a que habría que ejecutar complicadas estructuras para sustentar lo existente, así como realizar una cubrición que protegiese de la lluvia».

La tercera opción que se considera es un proyecto completo de rehabilitación, que sí que permitiría demoler las partes irrecuperables, conservando aquellas que sí puedan ser recuperadas e integradas en el edificio rehabilitado. «Si bien el proyecto debe ser completo, la ejecución del mismo entendemos que se debería dividir en al menos dos fases para poder acometer cuanto antes una primera fase de demolición de las partes que no pueden ser recuperadas, para así evitar que se deteriore aún más, así como evitar el peligro que supondría que cayeran descontroladamente por sí solas». Este opción de la rehabilitación por completo es la que rondaría el millón de euros.

El concejal Cosme Ruiz insiste en que no queda más remedio que esperar tiempos mejores. En todo caso, Ruiz se refiere a los restos como «cochambre residual de lo que fue una casa de huerta», y señala que para justificar la idea de un museo es necesario contar con una colección, que en este momento no existe. La socialista Garries cree que para la recuperación del patrimonio cultural de los murcianos no hay que poner excusas. La Junta Municipal de Torreagüera ya aprobó por unanimidad del PP y PSOE una moción en septiembre de 2014 pidiendo que se valorase la recuperación y que, en caso de derrumbe total, se reconstruyese y se dedicase el lugar a la memoria de Antonete, algo en lo que están de acuerdo también IU-Verdes y UPyD.

¿Héroe o villano?

Manuel Muñoz Barberán lo definió como «un héroe liberal, el héroe de la región murciana», porque desde Murcia fue extendiendo a Lorca y Cartagena sus reivindicaciones federalistas, refugiándose en el monte Miravete donde izó la bandera de la revolución contra la monarquía de Amadeo I, escapando a Orán -a pesar de haber sido condenado a garrote vil- y volviendo a España en 1870 tras ser amnistiado. En 1872 regresó a la escena pública acaudillando una revolución contra las quintas para participar en las guerras carlistas. Pese a la intervención del Ejército, la insurrección de Antonete dio sus frutos y tres meses después entró triunfante en Murcia con una hueste de escopeteros de Torreagüera y Beniaján. El 10 de febrero de 1873, tras la renuncia al trono de Amadeo I, se proclamó la Primera República Española y el nuevo gobierno convocó elecciones generales a Cortes, siendo elegido por Murcia Antonete Gálvez.

El 13 de julio de 1873, en un país inestable por las diversas interpretaciones del federalismo -los moderados querían que se creara una federación desde el Estado, mientras que los extremistas como Antonete proponían la creación de estados autónomos y a partir de ahí negociar la unión federal- el murciano proclamó el Cantón de Murcia, un día después de que Manuel Cárceles hiciera lo propio en Cartagena, quedando reducido por la presión de las tropas centralistas ese ideal en la ciudad portuaria, resistiendo hasta enero del 74. Antonete fue de nuevo condenado a muerte, huyó a Argelia otra vez y regresaría un año más tarde para luchar contra una epidemia de cólera, quedando viudo poco después. En 1891 fue absuelto de sus 'pecados' y llegó a ser nombrado concejal de Murcia. Su espíritu luchador le granjeó el cariño del pueblo y el odio de la Monarquía y de la Iglesia; sus restos mortales no pudieron ser enterrados en un cementerio hasta 50 años después de su muerte -en el día de los Inocentes de 1898, año en que se perdió Cuba-.

«No nos lo podemos permitir»

«Las dos sentencias de muerte para mí son minucias intrascendentes, bagatelas, y dicho esto, y respecto a la adopción de medidas urgentes para recuperar la casa, hay que recordar que la finca ha sido vallada, para evitar accidentes de quienes imprudentemente pudieran adentrarse a las dos paredes ruinosas y milagrosamente erectas. A la vista del informe del técnico, espero que cuando salgamos de la situación de crisis que tenemos se podrán llevar a cabo los servicios y obras necesarias, que en este momento no nos podemos permitir», remarcó Ruiz ante la moción del PSOE.