El cirujano que operó a Sara Gómez exige que se haga un volcado del móvil de la fallecida

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia deberá decidir si debe bucearse en el contenido del teléfono móvil de Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció tras someterse a una lipoescultura. La defensa del cirujano Javier Alejandro M., principal investigado del caso, ha exigido a la instructora que se acuerde el volcado del móvil de la fallecida. El objetivo, según explica esta parte en su escrito, es aclarar el conocimiento que la mujer tenía de la operación a la que iba a someterse y si había consultado a otros cirujanos a través de su Whatsapp y de las búsquedas por internet.

Esta petición de los abogados defensores del cirujano -Pablo Martínez y Mariano Bó- responde, según explican en su escrito, a la pericial aportada por la acusación particular, que ejerce el letrado Evaristo Llanos en representación de los familiares de Sara. La defensa del facultativo sostiene que esa pericial, en la que se extraen algunas conversaciones del móvil de la víctima, es «parcial» y «crea indefensión a esta parte que no conoce el contenido del móvil». Esta parte hace hincapié en que no se ha exigido a la acusación que aporte el clonado en el que se ha basado esta pericial ni se ha acordado por parte de la instructora un clonado total del móvil y exige en que se adopte esa medida.

La acusación particular ya se ha opuesto totalmente a esta medida con la que, recalca, la defensa del cirujano «pretende que se le de acceso al teléfono de una persona -por cierto fallecida- para clonar su contenido en su integridad, esto es, tener acceso a toda la información personal y de carácter privado que dicho terminal pueda contener». En este sentido, el abogado Llanos hace hincapié en que la petición es «absolutamente improcedente» porque supondría «un acceso indiscriminado a la intimidad personal». La acusación particular remarca que la jueza ya acordó el volcado de todas las conversaciones que la víctima mantuvo con el principal investigado y otras solicitadas por las partes.

En su escrito, la acusación particular deja constancia, además, de que, según se desprende de las investigaciones, el cirujano, antes de que realizase la malograda operación en el hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, «lo intentó en otros dos hospitales de Murcia capital, si bien le fue denegada su petición por su carencia de acreditación y experiencia necesarias». Esta parte sostiene, además, que el acusado, tras serle denegada su participación en la sociedad española de cirugía plástica reparadora y estética (Secpre) «por no reunir los requisitos mínimos», lo intentó en la sociedad española de cirugía plástica de España (Sece) con idéntico éxito.

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