El secretario municipal de Cieza niega que falsificara un plano para una recalificación

Han hecho falta cerca de dos décadas, pero la justicia ya bucea en el 'caso Benís', que investiga la presunta corrupción en la recalificación de terrenos ubicados en un paraje ciezano que supuestamente beneficiaba a la hermana de una concejala. Desde el banquillo de la Audiencia Provincial, el secretario municipal del Ayuntamiento de Cieza, Bartolomé Buendía, y el arquitecto municipal, Juan Buitrago, descartaron la supuesta falsificación de un plano para impulsar esa recalificación durante la aprobación de ese convenio hace ya cerca de veinte años. «Yo no traté nunca de confundir a nadie», remarcó el arquitecto. «No sabía quiénes eran los propietarios de los terrenos y me habría dado igual».

El fiscal explica, en su escrito de conclusiones provisionales que el 'convenio de Benís' fue suscrito en noviembre de 2005. Los concejales de la oposición tuvieron noticias entonces que apuntaban a que, en ese convenio, estaban incluidas varias fincas de la hermana de la concejala de Urbanismo. Los acusados entonces, según sostiene el Ministerio Público, habrían esgrimido un plano que omitía de la delimitación del terreno esas 'lengüetas' de terrenos propiedad de la hermana de la concejala de Urbanismo, mostrándolo de forma sesgada.

El arquitecto municipal, durante su interrogatorio, explicó que esos terrenos generaban «inconvenientes técnicos» y que la propia edil de Urbanismo le había dicho que habían tenido conocimiento de que eran de su hermana y los iban a excluir. Reconoció que algún edil le entregó un plano en el que esos terrenos no aparecían y que lo añadió a unas carpetas donde guardaba documentación. Negó, sin embargo, que ese plano formase parte finalmente del expediente. «El convenio nunca se alteró».

El secretario municipal fue interrogado, por su parte, por el fiscal sobre el motivo que le llevó a estampar la firma en ese plano que, asumió, no revisó antes de llevar a su aprobación en Pleno por la «ingente cantidad» de documentos que formaban parte del expediente. «Los planos venían ya firmados por el alcalde y yo puse mi firma al lado», remarcó.

Junto a estos dos procesados se sentaba también el promotor del proyecto, Renán Teresa. Todos ellos afrontan penas de cárcel -cinco años para Buendía, dos años para Teresa y tres años y tres meses para Buitrago-. En la vista sobrevoló varias veces el nombre de Antonio Tamayo, exalcalde popular de Cieza, que falleció en 2021 y que afrontaba también en este caso una pena de tres años y seis meses. La acusación popular solicitó que se le dé lectura en el transcurso de la vista a lo que declaró en su momento. Una prueba a la que las partes no se negaron y que fue aceptada por la Sala.

El abogado José María Caballero, encargado de la defensa del arquitecto municipal, expresó su queja, al inicio de la vista, por el retraso acumulado por esta causa. Recordó que los hechos que se enjuician se produjeron a finales de 2004, se denunciaron en 2007 y que «es hoy, veinte años después, cuando se enjuician». A su queja se sumaron el resto de letrados de la defensa.

• Temas
• Región de Murcia
• Cieza