Los otros cierres del centro de menores de Santa Cruz

Ya en 2019, solo unos meses después de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, el partido de Abascal, que llegó a organizar protestas a las puertas del edificio bajo el lema 'Stop centros de menas', arrancó a PP y Ciudadanos el compromiso de sacar de allí a los menores a cambio de desbloquear la formación del Gobierno de coalición entre los naranjas y los populares y posibilitar la investidura de Fernando López Miras como presidente tras dos votaciones fallidas.

Isabel Franco, de Cs, que en virtud de aquel acuerdo fue nombrada vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, negó en sus primeras semanas al frente de la Consejería que el pacto de investidura fuera a suponer la clausura de un recurso «necesario».

Sin embargo, poco después, ante la necesidad de recabar el apoyo del partido de Abascal para las cuentas de 2020, dio un giro a su posición: «No nos hemos negado», aseguró en referencia al cierre. El compromiso se materializó en el punto dos del pacto de Presupuestos que firmaron PP, Cs y Vox, que recogía el cambio de uso de las instalaciones y el traslado de sus niños y adolescentes «a la mayor brevedad y a lo largo del ejercicio presupuestario». «Vox ha pedido el traslado de los menores y una reubicación, y los acuerdos están para cumplirlos», ratificó Franco entonces, explicando que el edificio sería aprovechado para otros fines, aunque no de forma inmediata, «porque no disponemos de alternativas».

En marzo de 2022, después del terremoto político que supuso la fallida moción de censura impulsada por PSOE y Cs, que Franco ayudó a frustrar situándose como una de las tránsfugas del partido naranja, la responsable de Política Social, lejos de ejecutar el cierre, firmó la prórroga del concierto social con la Fundación Antonio Moreno para financiar las plazas de varios centros de protección, entre ellos el de Santa Cruz, con 15 millones hasta 2025.

Aunque el espaldarazo económico no alejó las sombras. El cierre volvió a sobrevolar el centro en 2023, cuando el Partido Popular acordó el Gobierno de coalición con Vox.

Aunque ni el acuerdo de Gobierno que las formaciones hicieron público en septiembre de 2023 ni en el de Presupuestos, sellado poco después, contenían mención a los menores extranjeros no acompañados, la cuestión migratoria siguió como una exigencia no escrita, como evidenció la salida abrupta de los miembros de Vox del Ejecutivo ante la decisión del PP de cumplir su compromiso con el Gobierno central de acoger a 16 menores extranjeros procedentes de Ceuta. Antelo ha insistido públicamente en varias ocasiones en que el desmantelamiento del centro de Santa Cruz fue una de las condiciones para el Gobierno de coalición.

Ahora, el fin del concierto que financia el centro, cuya vigencia termina en septiembre, marca un momento clave para dilucidar el futuro de los 60 menores y los más de 80 trabajadores que acogen estas instalaciones. Aunque la falta de alternativas, con 619 menores extranjeros en el sistema regional de protección, que la Comunidad señala al 220% de su capacidad, y la aprobación de la reforma de la ley de Extranjería que, salvo que prosperen los recursos de las comunidades del PP en el Tribunal Constitucional, va a poner en marcha este verano un reparto de otros 4.400 niños y adolescentes procedentes Canarias y Ceuta entre el resto de autonomías, dibujan un escenario poco propicio a prescindir del recurso.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad insiste en que lo señalado por Conchita Ruiz va en línea con la estrategia de desinstitucionalización que exigen «Europa, el Gobierno de España y Unicef», y en la que el Ejecutivo está trabajando «desde 2020», tanto en el ámbito de las personas mayores, como con discapacidad, problemas de salud mental, sin hogar y menores en situación de desprotección. Fuentes de Unicef, en cambio, insisten en que «en ningún momento» han apoyado el cierre, y que abogan únicamente por su adaptación al nuevo modelo.

Este, explica Política Social, apuesta por espacios «más pequeños, cálidos, flexibles y comunitarios», más parecidos a una vivienda familiar grande, para una atención «más personalizada y una mejor transición a la vida independiente o la reintegración familiar».

Para ello debe incrementarse el número de cuartos de baño para que, en las unidades de convivencia, los menores cuenten con mayor privacidad e intimidad; habilitar en cada una una zona de cocina donde los niños, adolescentes y educadores puedan hacer la comida juntos; debe haber mobiliario que garantice el acceso del menor a sus propias pertenencias de forma fácil y personal, con espacios reservados con llave si así lo solicitan; y la disponibilidad «en la medida de lo posible, de un espacio para las visitas de las familias».

A esto Unicef suma otras características, como que las instalaciones se ubiquen en zonas donde los niños «puedan moverse sin depender de un adulto» y que estén integrados en su comunidad.

Dentro de esta transformación, la Comunidad cuenta con el programa 'Moderniz-Acción', con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se destinan 7 millones a la remodelación de los centros de protección y la adquisición de nuevos inmuebles para avanzar hacia grupos más reducidos de menores. El proyecto, que debe estar ejecutado este año, abarca treinta centros y beneficiará a 533 niños y adolescentes. Algunas de las iniciativas ya concluidas, como la reforma del Hogar de Protección de Santo Ángel, en Murcia, muestran la nueva configuración. Este tiene tres módulos diferenciados con 12, 17 y 7 plazas.

Es el tipo de remodelación por la que apuestan en Unicef para Santa Cruz. «Un centro puede ser grande mientras tenga comunidades diferenciadas», explican. Vox, mientras tanto, exige al PP plazos para sacar de allí a los menores, en el enésimo intento.