Cientos de familias se encuentran en riesgo de desahucio ante el fin de la moratoria del Gobierno

El sacerdote Joaquín Sánchez, portavoz de la PAH, asegura que la moratoria ha actuado durante estos meses de pandemia como «un parche», pero insiste en la angustia que viven las familias ante su próxima finalización. «Es un sinvivir», explica. Esta es una de las medidas que el Gobierno puso en marcha para paliar los efectos negativos de la pandemia sobre el tejido económico y social. «La pérdida de la vivienda es el último paso de un proceso de empobrecimiento», alerta Sánchez. «Muchas familias tienen el frigorífico vacío y le echan agua a la leche que le dan a sus hijos».

El portavoz de la PAH sostiene, además, que en estos meses de 'impasse' en los que la moratoria ha estado vigente se han seguido produciendo desalojos en la Comunidad. El problema, explica, se deriva de la venta masiva de deuda por parte de los bancos a los fondos buitre. «Una vez que acabe la moratoria, ellos no van a renovar los alquileres sociales», remarca. «A la gente les están llegando ya cartas». Sánchez asegura que algunos de estos fondos están ofreciendo a las familias entre 2.500 y 3.000 euros si abandonan sus casas sin prestar resistencia.

El portavoz de la PAH hace hincapié, además, en los problemas que se presentan a estas familias a la hora de encontrar un nuevo hogar. «La gente que quiere alquilar busca garantías y la familia que viene de un desahucio encuentra muchas pegas, aunque le ofrezcan una ayuda para pagar los primeros meses».

La solución, incide la PAH, pasa por la creación de un fondo de viviendas para el alquiler social e incluso por la expropiación de inmuebles a los fondos buitre.

Juan Antonio Illán, secretario general de Cáritas en la Región, echa mano del informe que su organización elabora junto a la Fundación Foessa para señalar la importancia que tiene el problema de la vivienda en la Comunidad: un 29,8% de las familias recogidas en este informe tenían algún problema relacionado con su hogar. Illán insiste, además, en que «la pandemia ha debilitado las posibilidades de los hogares de hacer frente a los principales gastos» e insiste en la necesidad de que se habiliten medidas adicionales una vez que la moratoria llegue a su fin. «La realidad va a ser muy dura y complicada para algunas familias».

En este sentido, el secretario general de Cáritas explica que, a corto plazo, las ayudas directas al alquiler pueden ser una buena opción. «Si son ágiles, ayudan y son un amortiguador», remarca. A medio plazo, sin embargo, Illán pone el énfasis en la escasez de viviendas sociales que existen en la Región. Una carencia en la que, reitera, se debería trabajar.

El secretario general de Cáritas en la Región lanza, por último, una petición a los partidos políticos insistiendo en la necesidad de alcanzar acuerdos. «El parque de viviendas está cada vez más cerrado para las personas que más dificultades tienen», subraya. «Es preciso que los políticos busquen canales de diálogo y de encuentro».

Consuelo Bernal, responsable técnico del programa de ayudas de Cruz Roja en la Región, explica que la ONG cuenta actualmente con una financiación específica para gestionar ayudas para el alquiler. «A raíz de la pandemia, trabajamos con familias nuevas, que están desempleadas o en ERTE, y con otras que ya teníamos», asegura. «Muchas han vuelto a la precariedad que tenían anteriormente». De cara al próximo año, Cruz Roja planea gestionar otra línea de ayudas que cubrirá entre cinco y siete meses de alquiler para las familias más vulnerables. A día de hoy tiende la mano a 28 hogares.