La CHS y el Seprona se vuelcan en revisar granjas del área del Mar Menor

Fuentes del organismo de cuenca declinaron informar del número de visitas realizadas a los cebaderos y de los principales resultados, aduciendo que son expedientes en fase de tramitación. El presidente de la CHS, Mario Urrea, adelantó en diciembre que un objetivo era garantizar la protección del dominio público hidráulico –el acuífero, las ramblas y otros cauces– frente al derrame de contaminantes químicos, como nitratos, desde las balsas de almacenamiento de purines.

Recientemente, Urrea trasladó a grupos ambientalistas y ciudadanos, como Ecologistas en Acción y Pacto por el Mar Menor, que se estaba peinando la cuenca para comprobar el impacto de las prácticas irregulares en la agricultura intensiva sobre el ecosistema del Mar Menor. Eso incluía volver a inspeccionar granjas ya supervisadas, para comprobar si habían adoptado medidas correctoras, entre otras cosas para evitar derrames de purines por lluvias torrenciales y desbordamientos.

Urrea citó a los agentes medioambientales de la CHS, cuyo personal ha crecido para asegurar el cumplimiento de la normativa y ejecutar el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, del Ministerio para la Transición Ecológica.

La misma semana en que la CHS empezó a pisar el acelerador con las granjas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, informó en Murcia de que, desde 2021, se realizaron 300 inspecciones y que había 28 expedientes por actividades contaminantes prohibidas o vertidos. Habló de 51 derrames ganaderos.

Entre 2021 y 2023 hubo sanciones por 435.812 euros. La mayor parte fueron por la falta de impermeabilidad de las balsas de heces, ante la ausencia de lámina de geotextil o su deterioro, y la acumulación indebida de estiércol.

En la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Fuente Álamo (Adespofa) indicaron que el 8 de abril empezó «una nueva oleada de inspecciones», que ha alcanzado ya al menos a treinta explotaciones solo en ese municipio. Es el que más granjas tiene del Campo de Cartagena, que «en total acumula 338».

Así lo aseguró el gerente de este colectivo de empresarios, José Andrés García. «Algunos días se han realizado inspecciones hasta en dos granjas y calculamos que esta primavera habrá más de cien en todo el Campo de Cartagena». Tiene constancia de revisiones en Cartagena, Murcia (Corvera y La Murta) y Alhama de Murcia.

Los productores muestran su «gran preocupación y malestar». Entienden que, salvo en muy contadas veces, los expedientes sancionadores «carecen de justificación técnica y legal y que las cuantías son desorbitadas y ponen en riesgo negocios que, en muchos casos, son familiares y que generan miles de empleos directos, indirectos e inducidos». Dijeron que hay treinta sanciones de hasta 60.000 euros y hablaron del temor a que otras alcancen o superen los 400.000 euros, pues «se están aplicando multas de 400 euros por tonelada de purines almacenada en balsas sin cobertura artificial, al tratarlos como vertido».

Los denunciados presentan alegaciones y recursos judiciales. En Adespofa apuntan que en 2021 la CHS fijó como criterio ante la Comunidad Autónoma que los ganaderos «podían optar» por cubrir los depósitos con plástico o aportar un estudio acreditativo de la falta de lixiviación al subsuelo, por impermeabilización natural del terreno. Y señalan que el científico de la UPCT Ángel Faz hizo estudios que «prueban que no hay percolación» a las aguas subterráneas en 300 explotaciones, «pero la CHS dice que sí ocurre esa filtración».

La Confederación no aclaró si ha cambiado de criterio y por qué. Y en el sector instan a otorgar ayudas para modernizar las explotaciones, pues «el coste de impermeabilizar una balsa es de unos 35.000 euros, para una granja con 2.000 animales». El Ministerio prevé convocar subvenciones por un importe de 20 millones de euros.

El Seprona y la Ucoma (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) han impulsado en los últimos años el control de la agricultura y la ganadería intensivas, para «determinar en qué medida el uso o almacenamiento irregular de fertilizantes o abonos pudiera afectar a la situación del Mar Menor» y su cuenca, indicaron fuentes de la Guardia Civil. Sobre la contaminación por nitratos, citaron investigaciones sobre «la situación de los almacenamientos de purines y estiércoles y si son acordes a las exigencias que marca la ley del Mar Menor». Constatan «balsas de purines con deficiencias en su impermeabilización o riesgo de desbordamiento y conducciones al aire libre; acopios de estiércol en terreno natural no autorizado, con riesgo de lixiviación; incumplimientos administrativos sobre trazabilidad de purines/estiércol; y vertidos». Si hay indicios de delito, informan a la Fiscalía de Medio Ambiente, que pide informes periciales.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso contencioso administrativo de un particular contra la sanción de 12.389,98 euros que le impuso en 2021 la Confederación Hidrográfica del Segura por un vertido de aguas residuales consecuencia de la «acumulación de grandes extensiones de purines». La sentencia explica que el derrame ocurrió en Cartagena, «sobre unas excavaciones a modo de embalsamiento, en un terreno sin impermeabilizar». Ello acabó «ocasionando daños al dominio público hidráulico cuantificados en 3.717 euros», en una infracción de la Ley de Aguas. El tribunal niega que el recurrente sufriera indefensión y señala que este mostró a la CHS su «intención de impermeabilizar las balsas».