César Tolosa: «La justicia en este país no ha sido objeto de especiales aprecios de los poderes públicos»

-Sobre el tema que le ha traído a Murcia, ¿qué hay que corregir en esa relación entre el desarrollo urbanístico y las zonas inundables? Aquí hay zonas muy vulnerables, como la del Mar Menor y la Vega Baja.

-Hablar de una cuestión que tiene gran transcendencia en esta Región me parece un gran reto. Tradicionalmente, nuestra legislación no ha sabido conjugar el valor del desarrollo sostenible del territorio con la legislación sectorial en materia de aguas. Desgraciadamente, el modelo de desarrollo urbanístico que durante muchos años ha regido en nuestro país prescindía de las condiciones del territorio; de elementos fundamentales como los recursos hídricos y las zonas inundables. Esto ha generado que se hayan previsto desarrollos en zonas de una especial sensibilidad desde el punto de vista de la inundabilidad. Por ese motivo, es necesaria una mayor coordinación e integración de ambas políticas; y tener una legislación en materia de zonas inundables que no sea tan fragmentada. Otro problema es la propia configuración del Estado, ya que confluyen potestades o competencias que se reparten entre el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Hay que lograr un desarrollo sostenible que preserve además los valores del agua, sin olvidarnos de la prevención de los riesgos para las personas.

-La revisión de los mapas de zonas inundables genera actualmente un choque entre los ayuntamientos, algunos sectores y la Confederación Hidrográfica.

-Es un problema en el que hay intereses contrapuestos que no deberían existir, por eso le hablaba de políticas de integración. Ante la dificultad de arreglar lo que ya hemos hecho mal, creo que la planificación debe partir de presupuestos distintos. No se puede ir exclusivamente al valor estrictamente económico del desarrollo urbano. Por tanto hay que cambiar la filosofía. Opino que vamos en esa línea, aunque llevamos un cierto retraso y tenemos una serie de situaciones ya consolidadas de difícil solución. Por ese motivo no hay que volver a caer en esos errores para el futuro, e intentar en la medida de lo posible adoptar medidas preventivas en zonas inundables para lograr que el daño a las personas y bienes sean los menores posibles.

-¿Una de las raíces del problema sigue siendo una especulación que todavía subyace en el sector del ladrillo?

-El sector de la construcción me parece sumamente honorable, como cualquier otro, siempre y cuando se rija por el ordenamiento jurídico, que es el que debe poner orden en el desarrollo inmobiliario. Ese desarrollo no es malo por sí. Lo es cuando se vuelve incontrolado, y cuando eso se produce debe tener unos límites, uno de los cuales es el problema del agua. Por tanto, no se puede construir donde no existen recursos hídricos suficientes para la población. Tampoco se puede poner a la población ante el riesgo de una inundación, por mucho que nos encontremos en zonas en las que tradicionalmente los cauces suelen estar secos. Todos hemos oído hablar de que el agua termina volviendo a su lugar. Cuando el interés se centra en la ganancia patrimonial que se puedan derivar de una actuación urbanística, eso es contrario claramente a lo que debe ser una política de desarrollo territorial respetuosa con el medio ambiente.

-Usted presidió la Sala Tercera del Tribunal Supremo; presumo que le llegaron muchos recursos sobre el agua y el Trasvase Tajo-Segura.

-Sobre el Trasvase exactamente no. Nos llegaron los últimos planes hidrológicos...

-Las sentencias sobre los caudales ecológicos del Tajo.

-Sí. En ese momento yo estaba en la Sección Quinta y analizamos todos los planes hidrológicos que fueron recurridos; y uno los temas que tenía mayor importancia y transcendencia eran los caudales ecológicos, que han sido objeto de una polémica que no le voy a ocultar. Otra parte muy importante son los objetivos medioambientales. Esos dos elementos que vienen impuestos por la Directiva europea fueron probablemente sobre los que el Tribunal Supremo realizó un mayor control, esencialmente porque lo pidieron las partes.

-A raíz de esa sentencia, en Castilla-La Mancha interpretan que había que subir los caudales ecológicos del Tajo, mientras que en el Levante defienden que solo hay que fijarlos.

-Las sentencias no son interpretables. Dicen lo que dicen. Otra cosa es que yo comprendo que en un conflicto social importante, con repercusiones políticas importantes, se quiera interpretar el contenido de la sentencia de alguna manera. Si estamos hablando del Plan Hidrológico del Tajo, el problema es que los caudales ecológicos no estaban fijados en algunos tramos del río. No le corresponde al Tribunal Supremo una labor de naturaleza eminentemente técnica, que escapa al contenido del Derecho. Determinar cuál es el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Talavera, por ejemplo, es una labor que no puede hacer el Tribunal. Es más, si lo hiciera seguramente lo haría mal porque no es su cometido y tampoco su conocimiento. Lo que se dijo es que había que fijar esos caudales ecológicos porque es una exigencia de la planificación hidrológica.

-¿Sin determinar un volumen? ¿Podía ser más o menos?

-Insisto; es una cuestión de naturaleza técnica. Me está preguntando por una sentencia en cuya deliberación participé hace más de tres años, pero nosotros no fijamos, evidentemente. Si se hubieran fijado los caudales ecológicos, habrían tenido que ser los técnicos quienes avalaran si eran o no suficientes.

-También dijeron que había que preservar los usos y demandas ya consolidados.

-Usted sabe que el contenido de la sentencia se refería esencialmente a los dos aspectos a los que me he referido, que son los más sensibles dentro de la planificación de acuerdo con la Directiva del Agua. En primer lugar, los objetivos medioambientales, que determinarán los usos permitidos, los que pueden mantenerse y los que no. Por tanto, lo fundamental no son los usos, sino los objetivos que se tratan de conseguir. Y, en segundo lugar, los caudales ecológicos. Fue el análisis que efectuó la sala, que lo hizo en función de la exposición que plantean las partes y que se ciñe a los motivos de impugnación. La sala no puede introducir elementos de irregularidad en la planificación que no hayan sido puestos de manifiesto por las partes.

-La agenda del Tribunal Constitucional...

-Muy cargada...

-Hay muchos asuntos pendientes y Conde Pumpido prevé resolverlos en los próximos meses, en un plazo relativamente corto. ¿Comparte esa previsión?

-La justicia tiene dos obligaciones fundamentales: dar una respuesta de calidad y en un tiempo razonable. Si alguno de esos elementos falla, si queremos ir muy deprisa en detrimento de la calidad o muy despacio para incrementar la calidad, si no somos capaces de equilibrar esos dos factores, lo estamos haciendo mal. Yo he presidido tribunales y salas, y una de mis finalidades esenciales ha sido siempre dotar de calidad las resoluciones que se dictaban en el tribunal y hacerlo en el tiempo más razonable posible. Cuando la justicia llega tarde, en ocasiones los problemas sociales se han enquistado o ya no tienen fácil solución. Por tanto, que el Tribunal Constitucional se ponga a trabajar para sacar adelante los asuntos pendientes, no es que me parezca un programa de actuación del presidente; me parece una exigencia constitucional.

-¿Qué opina del borrador sobre la sentencia de la ley del aborto; del proyecto de sentencia que ha transcendido públicamente?

-No es malo que expliquemos las cosas porque a veces se puede trasladar a la sociedad una idea que no es cierta. Lo cierto es que se deliberó una ponencia, que no fue aprobada por la mayoría correspondiente. El ponente decidió declinar la redacción de esa ponencia, y se nombró una nueva ponente que redactará la sentencia de acuerdo con el sentir mayoritario. Entonces será cuando podamos afirmar claramente que habrá una sentencia, y las líneas que se van a establecer por parte del Constitucional. De momento, lo único que hubo fue una deliberación sobre cuyo contenido yo no me voy a pronunciar, entre otras cosas porque soy de los que sigue creyendo que las deliberaciones, como dice la ley, son secretas.

-Los letrados de la Administración de Justicia llevan casi tres semanas en huelga, con la paralización de miles de asuntos.

-Es una muy mala noticia para la justicia, que ya tiene un problema endémico de cierto retraso. Nosotros no trabajamos para nosotros mismos, sino para los ciudadanos. Consecuentemente, nuestra obligación es dar la adecuada respuesta a la exigencia de la tutela judicial efectiva. Cualquier elemento que la distorsione o impida me parece una mala noticia. No voy a entrar a juzgar cuáles son las reivindicaciones de los letrados de la Administración de Justicia; aunque sí puedo decir que la justicia en este país tampoco ha sido precisamente objeto de especiales aprecios o de medidas cariñosas por parte de los poderes públicos. Entiendo que como en todo conflicto la mejor solución suele ser el diálogo, y si esta vía fracasa estaremos ante otro escenario.

-¿Le preocupan las lagunas jurídicas de algunos de nuestros legisladores? Me refiero a la 'ley del solo sí es sí'; a normas que luego hay que corregir.

-Soy tremendamente respetuoso con la labor del legislador, que tiene la obligación de legislar bien; y los jueces de dictar buenas sentencias. A mí no me gusta que el legislador opine sobre las sentencias o haga valoraciones críticas sobre las mismas, sin perjuicio de que evidentemente los jueces están sometidos a la crítica. Pero también le aseguro que no seré yo el que se dedique a poner en tela de juicio la labor del legislador.

-Esas críticas a las que se ve sometido el colectivo judicial les llega en las últimas semanas de Podemos y su entorno por la aplicación de dicha ley.

-Llevo 40 años en esta profesión y le puedo decir que a los jueces nos llegan de todas partes, entre otras muchas cosas porque hay un principio elemental y es que en un pleito siempre uno gana y uno pierde. El que gana está contento y el que pierde no lo está tanto. El que pierde normalmente suele realizar una crítica, que es bienvenida siempre que sea respetuosa, constructiva y en términos jurídicos. Decía una vieja frase que el pueblo es el juez de los jueces. Por tanto, transparencia y publicidad judicial; pero también respeto a las decisiones de los jueces. De la misma manera, insisto que por ese mismo principio, yo respeto enormemente al resto de los poderes del Estado.

-Estará cansado de que le pregunten sobre el sector progresista y conservador cuando se habla del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial.

-En este país nos encanta que todo el mundo esté perfectamente clasificado. Si no te logran encasillar o colocar en un determinado lugar, parece que todo el edificio tiembla. Me va a permitir que le diga que los primeros que realizan esa labor de encasillamiento son los propios medios de comunicación. Cuando uno llega, pues dicen que pertenece al sector conservador; y eso lo dicen personas que no han hablado contigo en su vida y que, por supuesto, no han leído ni una sola de tus resoluciones. ¿Por qué? Porque si no te colocan en un determinado sitio, vuelvo a repetir, parece que hay una cierta inseguridad. Los jueces no somos progresistas ni conservadores. Si usted analiza las resoluciones de la gran mayoría de los jueces españoles encontrará sentencias que, según la opinión más fundada y lo digo con cierta ironía, pueden estar en el sector progresista, y algunas serían conservadoras, dependiendo de cuál fuera la sentencia o el conflicto. Los jueces no tienen que ser ni progresistas ni conservadores. Deben tener dos principios fundamentales: el respecto a la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es la obligación de todos. Me parece absolutamente injusto que a partir de ciertos prejuicios se pueda juzgar todo nuestro desarrollo. Pero también me parece inevitable y, por tanto, lo sobrellevo con cierta paciencia.

-¿Qué camino judicial le parece más adecuado para los casos de corrupción política? El más habitual es la vía penal.

-Depende de la trascendencia que tengan los hechos que se van a investigar. Si lo que me quiere preguntar es que a veces se utiliza la vía penal para denunciar infracciones administrativas, yo le contestaré que sí. ¿Por qué? Porque, no nos engañemos, la vía penal es mucho más aflictiva para la persona que es sometida a enjuiciamiento que la vía contencioso administrativa. A mí me gustaría que se utilizaran las vías adecuadamente y dependiendo de las circunstancias de cada uno de los casos, pero eso ya no depende de nosotros.