El CES recuerda a la Comunidad que su función no es fomentar el número de cazadores

El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ha aconsejado a la Comunidad Autónoma que mantenga íntegramente las competencias para convocar y fijar los exámenes para obtener la licencia de caza, así como su corrección y la resolución de reclamaciones. El órgano consultivo ha valorado el nuevo decreto del Gobierno regional que pretende simplificar los requisitos para obtener el permiso de cazador y que unificará varias de las licencias actuales en una sola.

La Consejería de Medio Ambiente, promotora del decreto junto a la Federación de Caza de la Región de Murcia, busca que esta nueva regulación sirva como atractivo para frenar la caída del número de licencias en los últimos años. Por ello también quiere aumentar el número de convocatorias y lugares de celebración del examen habilitante. Sin embargo, el decreto permitiría autorizar a entidades deportivas sin relación con la caza para que realicen las pruebas.

El órgano consultivo recuerda en su dictamen que para «preservar al máximo la fiabilidad y rigor de tales pruebas», la Administración puede homologar a entidades colaboradoras para que le ayuden en la organización y gestión de las pruebas. Matiza, eso sí, que la Comunidad debe conservar «la potestad de su convocatoria, fijación de exámenes, su corrección y la resolución de reclamaciones».

El CES llega a aclararle a Medio Ambiente que este procedimiento para liberalizar las pruebas no está «en modo alguno acreditado» porque no puede achacarse «el descenso del número de interesados» al actual número de convocatorias públicas anuales (dos). El dictamen señala, además, que la función de la Comunidad «no es posibilitar un número indiscriminado» de pruebas (habilitando para ello a entidades privadas homologadas) para incrementar el número de cazadores.

«La función de la Administración regional es -añaden- ordenar el uso racional de la actividad cinegética, sin intervenir en el fomento o no del número de cazadores a costa de la variación del régimen jurídico de las pruebas de aptitud», algo que le correspondería a la Federación de Caza y sociedades cinegéticas.

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