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A. TORICES y Raúl Hernández
MADRID / MURCIA.
Jueves, 8 de diciembre 2022, 02:02
«Lo mejor que se podría hacer con la ley de bienestar animal es meterla en un cajón e intentar consensuar una norma con todos ... los entes implicados». Así se pronunció el presidente de la Federación de Caza de la Región, Francisco Bastida, al conocer que PSOE y Unidas Podemos pueden haber dado con la tecla para desbloquear la tramitación de la ley que busca garantizar los derechos de los animales de compañía y alcanzar el abandono y sacrificio cero. Para ello, el Ministerio de Derechos Sociales propuso excluir a los perros de caza de la norma, como pide una enmienda socialista, pero solo cuando estén participando en actividades cinegéticas. Una fórmula similar a la que se aprobó en Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE.
Para los cazadores se está enfocando todo en los perros de caza, «pero esa ley es un ataque directo a la actividad cinegética, donde hay 16 modalidades distintas y otros animales que se utilizan y no han quedado excluidos en la ley. No se habla de las rapaces en la cetrería, ni de la perdiz para reclamo, ni de la modalidad de caza de conejo con hurón. Se olvidan del silvestrismo y de las mulas cuando en una montería hay que acarrear las reses», expone Bastida. Para la federación regional se trata de «una ley nefasta» para la actividad cinegética, pero también para otras actividades que usan animales. «Hablamos de la colombicultura, de festejos, como los Caballos del Vino de Caravaca, el Rocío de Sevilla... todo eso está en el aire y por ese motivo pedimos que se retire», reclama Bastida.
Los cazadores expresaron su rechazo al dejar plantados ayer a los responsables ministeriales en una reunión a la que estaban convocados. Rechazaron la «maniobra política» y no aceptarán más que la retirada de la ley y su redacción «desde cero». La norma estatal de bienestar animal, que cuenta con mayoría para su aprobación, como se demostró en octubre, cuando el Gobierno y sus socios derrotaron las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, lleva, sin embargo, un mes embarrancada en la comisión del Congreso que debate las enmiendas de los grupos.
Hay una razón principal. El PSOE, cuyos ministros dieron el sí al proyecto en el Consejo de Ministros que lo remitió al Parlamento en agosto, cambió de opinión dos meses después. Registró una autoenmienda, que sigue aún en pie, que saca a los perros de caza de esta ley, de sus obligaciones de cuidados y sanciones, con el argumento de que regulará estos extremos en una ley de la actividad cinegética.
El cambio de postura se materializó en octubre, pero se anticipó ya a mediados de septiembre, tras las reiteradas presiones públicas de barones del partido, encabezados por el castellanomanchego Emiliano García-Page, y de organizaciones de cazadores y del mundo rural.
La enmienda de la caza es la que frenó en seco la ley. De hecho, si no cuaja el acuerdo en ciernes, la norma tendrá solo dos caminos, y ninguno bueno. O quedarse bloqueada en comisión y decaer con la disolución de las Cortes o correr serio riesgo de ser derrotada si se somete a la votación del pleno. Tanto Podemos como los socios habituales (nacionalistas y pequeños grupos de izquierda), espoleados por las ONG de defensa de los animales, dejaron claro a los socialistas que dirán no a la norma si incluyen en el texto la enmienda de la caza con el apoyo interesado de PP y Vox, que se sumarían después a los noes del resto en la votación de conjunto.
La propuesta de mantener a los perros de caza dentro de la protección de la ley, pero eximiendo a sus propietarios de toda responsabilidad por la falta de cuidados o los daños que sufran los animales durante la actividad cinegética, puede ser una salida ante el mundo rural y los cazadores y, de paso, silencia las críticas de barones como el propio García-Page.
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