UMU, UPCT y UCAM recelan de las reformas universitarias que prepara Castells, aunque discrepan en sus valoraciones

El decreto de creación de universidades y reconocimiento de las antiguas, que intenta poner freno a las que funcionan como meras academias, y a las que se les exigirá que acrediten su labor de investigación, ha soliviantado a las privadas, aunque en principio la UCAM se desmarca de esa queja porque, aseguran fuentes de la institución, «cumplimos con todos los requisitos. Los hemos cotejado y los cumplimos todos», asegura la rectora, Josefina Lozano.

No obstante, la UCAM secundó la propuesta del Foro Emilia Pardo Bazán, que reclamó un plazo de al menos cinco años para adaptarse a las nuevas condiciones de calidad. «La petición del foro pretende especialmente darle margen a las universidades de más reciente creación, lo que es totalmente justo», aseguró Lozano.

El objetivo de Castells es que todas las universidades demuestren que hacen docencia, investigación y transferencia de conocimientos porque considera que muchas privadas fallan en los dos últimos requisitos. La reforma pretende que el 70% de los profesores de máster sean doctores (ahora solo es obligatorio llegar al 50%), y que el 60% del profesorado tenga un sexenio de investigación reconocido por la Aneca. Además, establece que todas las universidades estarán obligadas a impartir tres de las cinco áreas de conocimiento. La UCAM en principio no se da por aludida, pero en cualquier caso las dos universidades públicas acogerían con agrado los cambios.

En primero lugar, porque las instituciones 'online', independientemente de donde estén radicadas, 'roban' alumnos a las dos instituciones. El perjuicio es notable en másteres como el de profesorado, que imparte la UNIR de La Rioja, por ejemplo. Al margen de la consecuencia más inmediata, tanto el rector de la UMU, José Luján, como la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, ven con buenos ojos la regulación del mapa universitario, engordado en las dos últimas décadas con nada menos que 22 instituciones privadas. «Es necesario ordenar el sistema universitario nacional por el gran cambio que ha supuesto la irrupción de las privadas, y distinguir entre universidades y 'expendedurías de títulos'», asegura Luján. La opinión la comparte la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, quien considera que debe asegurarse que todas las universidades cumplen sus tres funciones: docencia, investigación y trasferencia. «Solo así se garantiza la calidad del sistema universitario», remarca.

La segunda gran reforma anunciada por el ministro Castells, detallada en el borrador de anteproyecto de Ley de Reforma de la Universidad, también es cuestionada por las universidades, y en este caso, criticada por los sindicatos de docentes. La remodelación pretende un cambio profundo en las plantillas de las universidades públicas hacia un modelo anglosajón muy inspirado en lo que se hace en Cataluña, con más contratos 'fichaje' y menos peso de los cuerpos de funcionarios del Estado. En su borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), el Ministerio aboga por la creación de una nueva vía laboral que discurre en paralelo a la funcionarial, y que equipara a funcionarios y contratados en sueldos, dedicación y otros derechos. Si saliera adelante, los catedráticos podrían ser también personal laboral, y no funcionarios.

La idea no agrada, nada, a los sindicatos. Los representantes en la Junta de Personal Docente de la UMU (el equivalente a su comité de empresa) rechazan de plano la propuesta. Su principal argumento se ampara en la libertad de cátedra. Temen que el incremento de profesor contratado en detrimento del funcionario menoscabe la libertad de los docentes. «Ya estamos sometidos a muchas evaluaciones externas sobre todos los aspectos de nuestra actividad. Las retribuciones serían muy similares, pero perderíamos la libertad de cátedra que ostentamos», defiende el representante de UGT. La misma idea comparte la rectora de la UPCT: «Cuando publicamos un acta con las calificaciones, por ejemplo, es un documento público, lo que garantiza la imparcialidad de los docentes». Miguel estima además que el incremento del personal contratado llevará la precarización laboral a las universidades.

La propuesta de Castells para desfuncionalizar la carrera universitaria tampoco es aceptada por CC OO. Según el nuevo modelo, los profesores podrían agotar todos los pasos de sus carreras académicas sin llegar a funcionarios, lo que «complica el futuro a las nuevas incorporaciones y perjudica a la universidad en su conjunto, que se precarizará», critica José Palazón, miembro de la Junta de Personal Docente.

La composición de los tribunales académicos será otro punto de fricciones; el ministro quiere que se abran a miembros integrantes de otras universidades, lo que podría generar un conflicto de competencias entre universidades, ya que los campus compiten por lograr fondos públicos,. Si a los profesores los elige un tribunal externo formado por otra universidad que pueda suponer competencia, el riesgo pasa porque esa institución busque minar al cuerpo docente de la rival, en lugar de fortalecerlo.