La 'ley Castells' obligaría a UMU y UPCT a sacar de sus plantillas a casi 700 asociados

Según el Portal de Transparencia de la Universidad de Murcia, el total del Personal Docente e Investigador adscrito a dicha institución es de 2.602 profesionales, de los cuales 1.166 (un 44,8%) es personal asociado; es decir, tienen contratos temporales y una menor remuneración, por lo que entran dentro del objetivo marcado por la nueva normativa del Ministerio que encabeza Manuel Castells. En la Universidad Politécnica de Cartagena, también según los datos de su Portal de Transparencia, trabajan en estas mismas condiciones hasta 155 profesores, que suponen un 25,6% de los 604 que conforman el total de la plantilla.

De este modo, para lograr las cifras marcadas en el texto de la citada ley, cerca de 700 docentes de la Región deberían ver revisadas las condiciones de su contrato. Existen dos opciones: a aquellos que son doctores y acumulan cinco años en un campus cuyo número de asociados supone más del 15%, como es el caso de los de UMU y UPCT, se les reservará un porcentaje idéntico en los concursos de profesor titular. Por el contrario, los no doctores que puedan demostrar ese mismo tiempo de actividad podrán ser contratados durante otros cinco años, aunque como interinos.

Además, todo ello vendría acompañado por una reducción de la jornada, que actualmente puede extenderse hasta las 180 horas mensuales, mientras que con la nueva normativa caería a 120. Según el sindicato UGT, esto repercutiría, previsiblemente, también en el sueldo a percibir, que actualmente en la Región se sitúa en 600 euros como máximo. «Imagina el encaje que habría que hacer», se queja Eduardo de la Cruz, secretario de Enseñanza de UGT en la Región de Murcia.

No obstante, las nuevas condiciones respecto a la temporalidad no son lo único que preocupa en el sector educativo. La elección de los miembros del Consejo Social, órgano que tiene asegurado un 10% de los asientos en el Consejo de Gobierno de cada universidad por parte de las asambleas autonómicas, puede verse reflejado en una mayor politización de estas instituciones. «Las universidades son relativamente independientes y ejercen cierta crítica al poder que puede verse afectada por esta y otras medidas», asegura De la Cruz.

Además, la existencia de la figura del denominado 'profesor distinguido' suscita cierta polémica, puesto que «hay malas experiencias previas en algunas universidades y no queda claro el criterio de selección». Desde la comunidad educativa también han echado en falta una mayor participación en la elaboración del texto, pues, llegado cierto punto, «desde el Gobierno dejaron de contar con nosotros porque no comulgábamos con la mayoría de propuestas», se lamenta De la Cruz, que espera que haya «modificaciones» de aquí a la aprobación final.