Castejón anulará el contrato con Hidrogea si la juez confirma delito

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, iniciará «de inmediato» el proceso de anulación de la prórroga del servicio de abastecimiento de agua del municipio si la juez confirma que hubo delito en el trato de la exacaldesa Pilar Barreiro a la compañía Hidrogea, a cambio de costosos viajes de placer. El portavoz de la Ejecutiva municipal del PSOE, Manuel Mora, explicó ayer que «el procedimiento de prórroga no es anulable y está prescrito. Ahora bien, si de la investigación abierta por la jueza se concluyera que se produjo un delito que propició una prórroga ilegal, sería de aplicación el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, estaríamos ante un caso de nulidad de pleno derecho y, por tanto, iniciaríamos los trámites para anularla lo antes posible».

Además, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, dará orden a todos los servicios municipales para que se facilite a la juez la documentación que ha solicitado sobre el proceso «lo antes posible», subrayó el portavoz socialista. «La postura del Partido Socialista no ha variado en ningún momento. Desde el principio hemos anunciado nuestro deseo de anular la prórroga, pero la situación legal nos lo impedía. Si ésta cambia, lo haremos. Mientras tanto, hemos logrado una bajada del agua que los ciudadanos podrán comenzar a disfrutar en breve», destacó.

'La Verdad' adelantó ayer que la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha citado a declarar como investigados, en el marco del 'caso Pokemon', a cuatro exconcejales del PP, entre ellos la exconsejera de Sanidad Ángeles Palacios. La juez ve indicios de posible cohecho y tráfico de influencias en los «viajes de placer» pagados por Hidrogea a estos ediles. La exalcaldesa Pilar Barreiro no puede ser imputada porque es aforada. La viceportavoz de Movimiento Ciudadano (MC), Isabel García, aseguró ayer que «esta investigación judicial es el fruto de los dos años de trabajo libre, riguroso y detallado de los técnicos del área de desarrollo sostenible a los que José López (MC) confió esta misión, y que detectaron posibles sobrecostes, irregularidades en el desarrollo de obras y otras cuestiones como la ilegalidad de la prórroga del contrato aprobada en 2003». Por su parte, desde Cartagena Sí Se Puede aseguraron que «se confirma la trama corrupta del agua».