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El vertido incontrolado de residuos de la construcción, tejados de uralita y otras basuras se ha convertido en un problema tan enquistado en el municipio ... que, a pesar de las promesas realizadas en los últimos años, el Ayuntamiento de Cartagena no encuentra la forma de ponerle coto. No lo consigue ni aplicando sus competencia ni mediante la colaboración con la Comunidad Autónoma, que también tiene competencias en esta materia de medio ambiente.
«Actualmente, los servicios técnicos tienen contabilizados una veintena de puntos de vertido irregular. La mayoría de estos vertederos son denunciados y se abren expedientes sancionadores, en los que además se ordena la limpieza de los terrenos afectados. Esta orden puede ser ejecutada de manera subsidiaria por el propio Ayuntamiento, si no es atendida por el titular. Pero, en muchos casos, la limpieza dura poco tiempo, ya que vuelven a surgir nuevos residuos», lamentó la concejal de Medio Ambiente, Cristina Mora.
A raíz de nuevas quejas e intervenciones de la Policía Local por la proliferación de escombreras irregulares –algunas de ellas nuevas como la de la explanada situada entre el centro comercial Eroski y el campamento de Carthagineses y Romanos–, LA VERDAD preguntó al Gobierno local por la situación. Y la edil Mora aseguró que su departamento ha «aumentado el control de los estudios de gestión de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) de las obras», y que también ha incrementado «el esfuerzo en la disciplina ambiental de los vertederos incontrolados».
«Que la ordenanza no se haya puesto aún en marcha no impide que el Ayuntamiento ejecute expedientes sancionadores y exija la restauración por parte de los propietarios. Aun así, la ordenanza está prácticamente ultimada y servirá agilizar los procedimientos», indicó esta responsable municipal acerca de la aprobación de una normativa específica sobre estos residuos, pedida de forma reiterada en la anterior legislatura y en la actual por Podemos.
En lo que va de año, el Departamento de Disciplina Ambiental ha tramitado dieciséis expedientes y ha notificado 32 órdenes de limpieza. Son cifras muy por debajo de las de años anteriores, algo que fuentes municipales achacaron a las dificultades de la pandemia de Covid-19. Así, en 2019 hubo 24 expedientes sancionadores por depósito o incumplimiento de retirada y 55 órdenes de retirada de residuos. En 2018, el Ayuntamiento gestionó 50 asuntos y en el conjunto de 2016 y 2017 fueron 273.
El área comprendida entre la pinada de Las Seiscientas y La Asomada; las inmediaciones del campus de la UCAM, en Los Dolores; y la zona del cementerio de Los Ingleses, en Lo Campano, siguen acumulando desechos. Estos son arrojados por particulares y por empresas, incluso a plena luz del día. Y, a pesar de que la Policía Local continúa imponiendo sanciones, fruto de su labor de vigilancia en descampados urbanos y caminos y fincas rurales, el problema sigue desbordando a las autoridades.
En el Ayuntamiento reconocen que «las dificultades en la gestión provoca que una gran parte de los residuos acabe en vertederos no controlados, provocando una grave afección al medio natural y a los entornos periurbanos, algunos de alto valor ambiental». Pero matizan que el tema afecta «a otros muchos municipios de la Región» y señalan que «no es ni mucho menos nuevo». Así, es «complejo e intervienen factores administrativos, de gestión, económicos y de escasa sensibilización en la ciudadanía».
En cualquier caso, añadieron, «la responsabilidad en el control de los residuos de la construcción es compartida con la Comunidad Autónoma, ya que ésta es la responsable de la autorización y del control de transportistas y gestores de estos residuos». «Los problemas asociados a las prácticas indebidas de estas empresas, y por tanto, todas las actividades que realicen, deben de estar controlados» por la Consejería. Ésta mantiene abiertos varios expedientes, pero no concretó cuáles ni su estado.
Dos de los parcelas más grandes donde la Policía Local ha destapado vertederos clandestinos en los últimos años, una en Los Segados y otra en San Isidro, siguen acumulando los residuos a pesar de estar cerca de la rambla de Benipila. En el primer caso, la limpieza y la restauración está pendiente del Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, que en el verano de 2019 ordenó precintar la zona. Así lo pidió la Fiscalía, que según fuentes conocedoras del caso ha vuelto a pedir información a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Esta presentó una denuncia por un presunto delito contra el medio ambiente, al igual que hizo el Ayuntamiento. En cuanto a San Isidro, el expediente está en manos de la Consejería de Meio Ambiente.
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Fernando López Hernández
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