Los vecinos ultiman una denuncia para que la Fiscalía investigue si hay delito en El Hondón

La Asociación de Vecinos del Sector Estación ultimaba ayer una denuncia para que la Fiscalía del Comunidad Autónoma de la Región de Murcia investigue «el presunto daño ambiental y sobre la salud de las personas» existente en el paraje del Hondón, por efecto de la actividad de Potasas y Derivados. La fábrica cerró a finales de 2001. Desde entonces no ha tenido lugar ningún proceso de descontaminación de los metales pesados y de las cenizas de pirita depositados allí. Tampoco de los restos que emiten radiación natural, tal y como acredita el Consejo de Seguridad Nuclear. Tampoco se han deducido responsabilidades contra nadie. Por todo ello, los vecinos pedirán al Ministerio Público que dilucide si puede haber «un delito de falta de diligencia» de la Comunidad Autónoma por su inacción en obligar a limpiar el suelo.

El escrito lo firmará Fulgencio Sánchez, como presidente de la asociación del barrio que más cerca está de la zona contaminada. En él se recuerda que, desde hace 17 años, los residuos «son erosionados y dispersados» por el viento y las aguas superficiales y subterráneas, que se convierten a su vez en agentes de esa contaminación, con un «efecto multiplicador» que, a su juicio, tiene «una clara influencia» en las familias que viven en los alrededores». Otros barrios afectados son Torreciega, Los Mateos y San Ginés.

Para los residentes, resulta preocupante la presencia del uranio -238, depositado en las balsas de lodos fosfatados como residuo de la producción de fertilizantes. La razón es que con el tiempo, tiende a transformarse en radio y, más tarde, en radón. Este es «un gas noble» considerado «cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud» y «cuyos isótopos radioactivos se fijan a los pulmones cuando es inhalado por los seres vivos», subraya el escrito de denuncia. El «estado total de abandono» de estos terrenos hace que los vecinos teman lo peor respecto a los efectos que su exposición continuada pueden tener, añade.

Aún más inquietud despierta en la Asociación de Vecinos que la inacción de los dueños se extienda a los terrenos en los que hay metales pesados y cenizas de pirita. «Son incluso más peligrosos que los radiactivos. Sin embargo, los han olvidado pese a que para eliminarlos no era preceptivo aguardar ninguna resolución del Consejo de Seguridad Nuclear» porque ocupan sectores muy diferentes de los de los desechos radiactivos. «Podrían haber descontaminado un 50% de la superficie, con la consiguiente mejora de la calidad ambiental», indica la denuncia que han preparado.

Para poner de manifiesto la «falta de diligencia» de las administraciones públicas, la asociación vecinal se basa en los dictámenes del Defensor del Pueblo. A su juicio, en ellos se acredita «una clara omisión de responsabilidades», no solo en la descontaminación, sino también en la «colocación de un vallado» que impida entrar. «Ni siquiera hay fijado un plazo para ponerlo», advierte esa Oficina.

El reparto de responsabilidades alcanza a la Comunidad Autónoma, por no hacer cumplir la norma que obligaba a Ercros a descontaminar, nada más cerrar las instalaciones en 2001, para hacer efectivo «el principio de que 'quien contamina paga'». En el punto de mira están Antonio Cerdá, consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la época, y la secretaria sectorial de ese departamento, María José Martínez. Pero la responsabilidad se extiende «a todos los dirigentes políticos, que han ostentado cargos públicos autonómicos relacionados con esa materia». En segundo término, los vecinos consideran responsables a los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura por la posible influencia de la contaminación en la Rambla del Hondón.

También citan al Ayuntamiento de Cartagena y a Solvia, por sus obligaciones como propietarios de suelo. El Consistorio compró en primavera la parte de la inmobiliaria de Banco Sabadell (180.000 metros cuadrados) por 500.000 euros por decisión de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y de su equipo de gobierno, del PSOE. El municipio se quedará también con la cuota de la Comunidad, por lo que afrontará la descontaminación siendo titular de la parcela en un 90%. El Consistorio pretende promover viviendas y un gran parque. Según la Universidad Politécnica de Cartagena, la limpieza costaría unos 28 millones de euros.