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EFE
CARTAGENA
Jueves, 25 de octubre 2018, 02:28
El portavoz de la Asociación de Vecinos de Llano del Beal, Juan Ernesto Peña, reclamó ayer la puesta en marcha urgente de una Inversión Territorial Integrada (ITI) como la del Mar Menor, para destinar dinero de la Unión Europea (UE) a eliminar los elementos contaminantes de la Sierra Minera, cuyos efectos vinculó con que esta zona tenga los «peores indicadores» económicos, sociales y de salud de la Región.
En su comparecencia ante la Asamblea Regional, que abrió una ponencia sobre la problemática ambiental de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena, Peña incidió en que hay que acometer una actuación «inmediata, integral, directa y coordinada» entre las distintas administraciones para evitar que los elementos tóxicos potencialmente peligrosos sigan afectando a la salud mediante escorrentías y la dispersión provocada por el viento.
El portavoz vecinal remarcó que hay una «deuda histórica» con esta comarca, que detalló en que el planeamiento urbanístico impide el desarrollo económico de la diputación, donde viven 1.600 vecinos. Mientras, no se ha resuelto el problema que genera la contaminación por metales pesados en la salud que, aseguró, inciden especialmente en los 400 residentes menores de edad, que presentan índices en sangre de plomo muy superiores a la media.
Estas «carencias tan graves», según Peña, ha generado que los indicadores de paro, actividad comercial, renta per cápita y salud sean los «peores» de la Región. Alertó también de la alta incidencia en enfermedades renales, neurológicas y de limitación cognitiva. «Hay motivos de sobra para estar alarmados», aseguró.
En la ponencia también compareció el gerente de la Fundación Sierra Minera, Pedro Martos, quien reclamó un plan de reforestación y recuperación de los suelos mineros adaptado a las características de cada zona; la restauración de las balsas, priorizando en las más cercanas a la población; y la limpieza de ramblas, para evitar la llegada de estériles a los mares Mediterráneo y Menor.
Al igual que Peña, Martos pidió que se acometa la ejecución subsidiaria de estas actuaciones y que la propietaria de los terrenos, Portmán Golf, «cumpla el principio de quien contamina, paga». Igualmente, criticó la «dejación de responsabilidades» de las administraciones públicas a la hora de exigir a la empresa que costee la recuperación ambiental.
Finalmente, resumió que la «cara» de la actividad minera ha sido la creación de un patrimonio cultural y arqueológico, mientras que la «cruz» ha sido la generación de un «territorio profundamente herido», especialmente por la explotación a cielo abierto. Esta ha generado más de 2.300 depósitos mineros, con casi 23 millones de metros cúbicos de estériles potencialmente contaminantes.
Desde los grupos parlamentarios, el diputado socialista Antonio Guillamón censuró la «enorme responsabilidad» del Gobierno regional, por no haber «exigido» a Portmán Golf la descontaminación de la Sierra Minera. Mientras, el parlamentario de Podemos Andrés Pedreño puso el foco en que la acción de la empresa «Portmán Golf tiene que pagar», insistió.
Luis Fernández, de Ciudadanos, coincidió con los comparecientes en la necesidad de actuar inmediatamente en la zona. Y el parlamentario del PP Víctor Martínez-Carrasco resaltó la puesta en marcha del Plan de Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería (Prasam), que establece 30 actuaciones dotadas con una inversión público-privada de 84,8 millones de euros.
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