Urbanismo pagará otro millón por dos expropiaciones de la etapa de Barreiro

La factura, además, amenaza con subir otros 57 millones por otras cuestiones que han acabado en los tribunales: la suspensión del macroproyecto Novo Carthago, envuelto en sospechas de corrupción; una demanda por la imposibilidad de levantar un edificio de viviendas junto al colegio Adoratrices, tras la anulación del Plan General; y la compra o permuta de la pista de bolos cartageneros de Barrio Peral (250.000 euros) propuesta por MC y frenada por Ana Belén Castejón, cuando esta edil aún era del PSOE.

En la recta final de 2019, ante las escasas opciones de ganar en los tribunales, el actual equipo de gobierno acordó pagar 643.000 euros a González Soto SL por los encargos verbales no recogidos en el proyecto de remodelación de la Avenida de América en el año 20134; y 2,3 millones a Ramiro Bermúdez de Castro y Sánchez SA por las expropiaciones de hace una década para ampliar la calle Ángel Bruna hacia Barrio Peral.

Y en este arranque de 2020, el ejecutivo de ediles no adscritos, PP y Cs incluirá en su proyecto de presupuestos la reserva de 1.131.988,85 euros para saldar las deudas reclamadas por dos propietarios en la vía administrativa.

Según informaron fuentes municipales a LA VERDAD, se trata de desembolsar 848.874,07 euros por los terrenos del tanque de tormentas del Barrio de la Concepción, cuyo propietario cedió anticipadamente en su día 8.090 metros cuadrados a cambio de un aprovechamiento futuro; y de entregar 283.114,78 euros a afectados por la enajenación de suelo en la Ronda o Eje Transversal. Éstos pactaron también cobrar con aprovechamientos.

No había trascendido hasta ahora que, con cargo a la partida de expropiaciones de la Concejalía de Urbanismo, el Consistorio abonó 307.224,64 euros al dueño de otra parcela ocupada para construir esa misma carretera, que conecta Las Tejeras con la Media Sala y que fue inaugurada en 2006. Las fuentes consultadas indicaron que el objetivo es «evitar pleitos», y con ello intereses de demora y condenas en costas. Además, recordaron que el interventor advirtió en un reciente informe sobre los elevados costes que están ocasionando los convenios alcanzados en el pasado para la financiación aplazada de obras vinculadas a infraestructuras y desarrollos urbanísticos.

En el caso de los terrenos para la construcción del nuevo colegio de La Aljorra, los propietarios de dos parcelas incorporadas al patrimonio del Ayuntamiento, que a su vez las cederá a la Comunidad Autónoma, «han renunciado a exigir el pago del suelo en metálico y prefieren esperar a obtener aprovechamiento futuro en el próximo Plan General de Ordenación Urbana», explicaron en el Consistorio. Y precisaron que los importes ascienden a 220.730 euros y 200.714,77 euros. Asimismo, respecto a la enajenación de suelo para construir la Vía Verde de Barrio Peral, Castejón, quien combina el cargo de primera edil y responsable de Urbanismo, mantiene conversaciones con el Ministerio de Fomento para evitar el pago de 2.522.625 euros.

Los terrenos eran del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad vinculada a Fomento, y la corporación local pactó compensarle con suelo en el Plan Parcial CC1, frente al Centro Comercial Mandarache, o con otros suelos ligados al nuevo Plan General. La pretensión municipal es «darle el aprovechamiento urbanístico tan pronto tengamos aprobado el futuro Plan General o el CC1».

Por último, está pendiente de resolución por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo una reclamación relativa al acuerdo de permuta o de pago en metálico del campo de bolos cartageneros de Barrio Peral.