El Tribunal de Cuentas investiga si el gobierno de José López derrochó 300.000 euros en pleitos

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha instado a aclarar la posible «existencia de responsabilidad contable» derivada de «una serie de actuaciones» de la exconcejal delegada de Contratación Isabel García. Un informe de la Asesoría cuestionó ya en 2020 el desembolso realizado en los años 2016 y 2017, cuando era alcalde José López, líder de su grupo político. García ejerció también las tareas de Contratación unos meses bajo la alcaldía de Ana Belén Castejón, hasta la ruptura del Ejecutivo de coalición entre MC y PSOE en enero de 2018.

Ahora, la Fiscalía entiende que los hechos denunciados por el propio Ayuntamiento «podrían constituir un menoscabo de fondos públicos». Según ha confirmado LA VERDAD, el Departamento 3º de Enjuiciamiento dictó el 13 de mayo un auto en el que explica que el origen del expediente es una denuncia presentada el 15 de febrero por el funcionario Francisco Pagán, director de la Asesoría, acerca de los «cuantiosos gastos» generados al Ayuntamiento por «la continuación de varios pleitos».

En el escrito enviado al Tribunal de Cuentas, Francisco Pagán señaló «una serie de actuaciones» que, a su juicio, podrían suponer «responsabilidad contable» y que fueron «realizadas» por la citada concejal.

El Tribunal archivó esa denuncia al entender que el funcionario no se había personado «en forma», al haber actuado a título particular. Sin embargo, antes de ese sobreseimiento el Tribunal pidió parecer a la Fiscalía, quien apoyó el archivo pero pidió que se le remitiera testimonio de todo lo actuado, para dar cuenta a su vez a la Sección de Enjuiciamiento y que ésta abriera diligencias. Y dado que al final fueron «el Ayuntamiento, a través de su procurador, y el propio letrado» Pagán quienes solicitaron su personación en el expediente, el Consistorio ha podido actuar en calidad de perjudicado y, según confirmaron fuentes municipales, ha enviado ya un escrito pidiendo «que se abra la diligencia preliminar de investigación» ofrecida por el Tribunal. Este ofrecimiento de medidas para impulsar la «Acción Pública» incluyó a la Fiscalía.

Fuentes municipales detallaron que las cantidades a las que se refiere la denuncia son, respecto a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Gestípolis GH SL y Sonora Producciones SL, concesionaria de la gestión del auditorio El Batel, 137.117,03 euros de intereses de demora, 82.497,09 euros de costas procesales y 24.228,76 euros de intereses. En cuanto a la empresa Mantenimiento y Custodias Arqueológicas, el Ayuntamiento tuvo que pagar 24.228,76 euros en intereses y 68.798,59 euros en costas procesales.

Según el departamento dirigido por Pagán, en varias ocasiones los letrados aconsejaron el pago de cantidades reclamadas al Ayuntamiento para evitar juicios y sobrecostes, pero el equipo de López hizo «caso omiso». Buena parte de ellas tuvieron que ver con litigios con las empresas que administran el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, a las que López intentó anular la concesión porque pensaba que es un fraude. Casi todo el resto correspondió a la mercantil que mantenía los yacimientos arqueológicos, que era de un dirigente del PP al que López ordenó investigar por si había irregularidades en la gestión.

El informe del letrado municipal no mencionó al anterior gobierno, del PP, que con Pilar Barreiro en la alcaldía licitó el contrato de gestión del auditorio durante 15 años. Sí incluyó las peticiones hechas en la etapa de López para evitar pleitos. Ésta fue una de las recomendaciones: «Se deben adoptar medidas encaminadas a que, en las siguientes certificaciones, no vuelva a ocurrir lo de estas, pues se ocasionan intereses, gastos y costas totalmente innecesarios».