Tres nombramientos, parados en la Región de Murcia por el conflicto en la renovación del CGPJ

Fuentes de esta institución precisaron que en la Región, el Consejo tiene pendiente renovar las plazas de presidente de la Audiencia Provincial y de presidente del propio TSJ. Y añadieron que para la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior es preciso el nombramiento de un magistrado por designación autonómica. Este debe ser propuesto por la Asamblea Regional y sería nombrado, de entre una terna, por el CGPJ. En la actualidad, señalaron, la plaza (que como el resto de puestos no son asignados mediante un procedimiento de concurso) se cubre mediante turnos de sustitución.

Esta situación se suma al retraso nacional en el nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, así como de vocales del Poder Judicial. A propósito de la demora sobre el Consejo, Pasqual del Riquelme recordó que «la reclamación desde el mundo de la judicatura es unánime: no resulta aceptable el incumplimiento sistemático de las previsiones legales en cuanto a la renovación, en tiempo, del Consejo General del Poder Judicial se refiere; y no resulta aceptable condicionar el cumplimiento de la ley ni retrasar las previsiones legales, ni tampoco hacer un uso instrumental dando y quitando competencias al Consejo en atención a intereses puramente partidistas».

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Una solución es algo «que desde todos los ámbitos del Poder Judicial se está pidiendo, porque es mucho lo que nos jugamos; no solo el respeto a la institucionalidad, sino también preservar la apariencia de neutralidad de la Administración de Justicia y de quienes trabajan en ella», dijo.

El máximo representante del órgano de gobierno de los jueces en la Región evitó pronunciarse sobre la suspensión de las negociaciones entre el Gobierno de España (de PSOE y Unidas Podemos) y el Partido Popular. «Esa es una cuestión que excede de lo que un presidente de tribunal de justicia debe decir», señaló. Pero reiteró que la judicatura «ha puesto en evidencia lo anómalo e insostenible» de esta situación.

«Las soluciones corresponden a quienes tienen la responsabilidad de iniciar y completar los trámites para la renovación, en tiempo, del Poder Judicial y el cumplimiento de todas las competencias que este tiene legalmente establecidas», culminó.