El Seprona investiga otra muerte de aves protegidas en las antiguas balsas de Zinsa

Fuentes conocedoras de la intervención indicaron que los funcionarios documentaron el fallecimiento de, al menos, tres ejemplares de garceta común y dos de gaviota de adouin. El aviso sobre lo sucedido partió del edafólogo José Matías Peñas y en la inspección de este viernes estuvo presente un representante de la compañía, de la que es titular el conocido promotor Tomás Olivo.

Asimismo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmaron que, tras haber recibido una denuncia del Seprona sobre presuntos daños al medio ambiente y riesgos para la salud de las personas, el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena pidió a la Benemérita más datos. También instó a aclarar si estos hechos habían sido comunicados a las administraciones correspondientes.

Los especialistas del Instituto Armado indicaron en noviembre que las filtraciones en esta zona de Cartagena, situada entre Torreciega y el polígono Cabezo Beaza, eran «inevitables, al carecer los depósitos de la protección de geotextil» hasta el nivel del ácido sulfúrico» y estar «al desnudo» los taludes. También apuntaron que una de las terreras estaba «colmatada» de lodos electrolitos de zinc y que las paredes estaban agrietadas y afectadas por derrumbes.

Además, según la Guardia Civil, en la parcela había charcos generados presuntamente por escorrentías de las lluvias y podrían acumular residuos de hierro y de la hidrometalurgia del zinc.

Uno de los objetivos de esa inspección fue recoger evidencias de la posible existencia de fosfoyesos, un material que emite radiactividad. Y ayer, los agentes completaron la toma de muestras, con un medidor de los índices de radiactividad de los materiales acopiados en la parcela.

Fue la muerte en mayo y en noviembre de distintos pájaros catalogados por la legislación como vulnerables y de interés especial lo que llevó, hace ya tres meses, al Gobierno regional a ordenar al dueño principal de la finca el vaciado y la impermeabilización de las escombreras. A raíz de los informes de la Brigada de Delitos Medioambientales (BRIDA), la Comunidad también reclamó al dueño, la empresa Cartagena Parque SA, el vallado de los depósitos y de la parcela en diez días.

Ya en diciembre, técnicos de la Consejería reseñaron que las viejas balsas de lodos industriales de la fábrica, cerrada en 2006, estaban «anegadas con agua de lluvia». Este hecho llevó a los vecinos del barrio de Torreciega a redoblar su petición a las autoridades para que haya una intervención inmediata, para evitar accidentes por derrumbes y el arrastre de materiales tóxicos y peligrosos para la salud hacia el exterior de la finca.

La mercantil puso el cercado, que tiene algunos agujeros, y consiguió una ampliación del plazo para el resto de actuaciones, tras presentar las correspondientes alegaciones. Fuentes de la Consejería indicaron este viernes a LA VERDAD que el periodo para presentar la propuesta de intervención acabará el próximo miércoles, 4 de marzo.

Y en la mercantil, propiedad del promotor Tomás Olivo, aseguraron que están haciendo todo lo que está en su mano para cumplir con los requerimientos de la Administración y actuar con la mayor rapidez posible, dentro de las complicaciones técnicas de este asunto.

Como medida provisional para intentar ahuyentar a las aves, Cartagena Parque instaló semanas atrás una especie de cañón 'espantapájaros' que, con intervalos de tiempo previamente programados, emite un sonido similar al de un disparo para espantar a los animales. La nueva intervención de la Guardia Civil cuestiona, ahora, la efectividad de esa medida.