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Banco Santander, nuevo dueño mayoritario de los terrenos de San Ginés de la Jara donde está proyectada la macrourbanización Novo Carthago, ha pedido a través de la empresa que le representa en el expediente una reunión al Ayuntamiento para intentar reactivar la tramitación del proyecto. Su propósito es poner sobre la mesa «sustanciales mejoras ambientales, paisajísticas, económicas y sociales», según confirmó, a preguntas de 'La Verdad', Manuel Saura, consejero delegado de la compañía representante, Mastia Capital Group. La entidad financiera, titular de en torno al 70% del suelo y que también tiene otra cuota importante de propiedad a través de la inmobiliaria Metrovacesa, plantea la firma de un convenio y cambios en la fórmula de gestión urbanística y en el diseño de la actuación urbanística. Y todo ello, «dentro del marco legal que establece la Modificación Puntual 113 del Plan General de Ordenación Urbana, que a día de hoy continúa vigente».
De lo contrario, el Santander no descarta hacer valer sus «derechos» en los tribunales, con una demanda de responsabilidad patrimonial que fuentes del sector calculan entre 90 y 100 millones de euros. Respondería así a la paralización acordada en mayo por la Junta de Gobierno Local, que formaban solo ediles del PSOE. El principal argumento municipal fue esperar a aprobar el proyecto de reparcelación hasta que la Justicia resuelva si la recalificación de suelos protegidos en 2005 fue legal y si lo hecho después queda anulado.
En la actualidad, el Plan Parcial Sector SG1 prevé 6.000 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf junto al humedal de Lo Poyo y el Mar Menor. Y entre las propuestas que el Santander quiere poner sobre la mesa está eliminar uno de los campos y concentrar la edificabilidad en la parte de la parcela más alejada de esta zona protegida. Se trata de «solucionar todos los problemas relacionados con la Red Natura 2000», para cumplir con las exigencias de la Unión Europea y de la Comunidad Autónoma.
Además, el plan garantizaría la descontaminación del saladar, que está presupuestado en al menos 18 millones de euros. Hansa depositó un aval de 15 millones, el equivalente al 10% de los gastos de urbanización de este sector del litoral marmenorense.
El empresario cartagenero ratificó que ha solicitado entrevistas tanto con la alcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, como con la vicealcaldesa y portavoz del Grupo Municipal del PP, Noelia Arroyo. La idea es mantener también contactos con el resto de grupos, para explicarles el planteamiento de su representada.
También se trata de exponer a los representantes municipales las posibles consecuencias de que el Ayuntamiento incumpla sus «obligaciones en el ámbito de la gestión urbanística». Ese contacto incluiría, en una reunión única o por separado, a Ciudadanos (Cs), que también forma parte del Ejecutivo y cuyo líder y teniente de alcalde es Manuel Padín; MC, que tiene como portavoz al exalcalde y antiguo concejal de Urbanismo José López; y a Unidas Podemos y Vox, encabezados por Pilar Marcos y Gonzalo Abad respectivamente.
«Queremos que se nos escuche. Nosotros no vamos a causar ningún perjuicio al Ayuntamiento, siempre y cuando las cosas tenga solución. Si no, tendremos que defender nuestros derechos», manifestó Saura.
Novo Carthago supondría una inversión de unos 600 millones de euros y los impulsores insisten en que habría un beneficio para el municipio en forma de ingresos por licencias y creación de cientos de puestos de trabajo en las obras y en el mantenimiento y la gestión de instalaciones comerciales, deportivas y de ocio de la urbanización. Además, citó la desaparición de más de 4 millones de metros cuadrados de cultivos de agricultura intensiva en el entorno de la laguna y la mejora de las comunicaciones por carretera en la ribera sur.
El plan parcial de Novo Carthago se rige por un sistema de concertación indirecta, donde la condición de urbanizador principal recae en la promotora alicantina Hansa Urbana. Además, está en vigor un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento la mercantil, que recoge por ejemplo la restauración del monasterio medieval por parte de Hansa y su cesión al municipio.
Esta semana, la compañía -cuyas fincas fueron embargadas por parte del Santander- confirmó la presentación de un pleito en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, donde exige a la corporación local el pago de 34 millones de euros. Teniendo en cuenta que Hansa llegó a calcular el año pasado sus presuntos daños y perjuicios en 140 millones, fuentes del sector calculan que Santander podría pedir un resarcimiento cercano a los cien millones. Se trata de una cantidad que casi triplica la pretendida por Hansa Urbana.
Por su parte, fuentes municipales aseguraron que la «preocupación» se ha extendido en la Concejalía de Urbanismo, que dirige la también alcaldesa Ana Belén Castejón (en trámites de expulsión del PSOE), porque si los tribunales dan la razón a las empresas el Ayuntamiento padecería un grave quebranto en sus cuentas. Incluso se arriesgaría a ser intervenido, de nuevo, por el Ministerio de Hacienda. Hay que tener en cuenta que el presupuesto del Consistorio de este año, prorrogado desde 2018, es de 199 millones de euros.
Las fuentes consultadas recordaron que llovería sobre mojado, porque distintas resoluciones judiciales sobre decisiones adoptadas en las anteriores etapas de gobierno del PP han supuesto ya una factura superior a los 20 millones de euros para el erario. Entre otras cosas, esta elevada 'hipoteca' abarca el pago de indemnizaciones por asuntos como las expropiaciones de viviendas, solares y comercios por parte la Sociedad Municipal Casco Antiguo en zonas como el Molinete, el Monte Sacro y el barrio universitario; la enajenación de la antigua parcela del cuartel de la Guardia Civil en La Azohía; y el convenio del Plan Parcial El Vivero, en la zona de La Manga del Mar Menor.
La presentación de una demanda judicial por valor de 34 millones de euros por parte de Hansa Urbana contra el Ayuntamiento, por el parón en proyecto Novo Carthago, ha suscitado en los últimos días reacciones opuestas de los grupos municipales. La alcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, no respondió a la petición de información de este diario. La primera edil está personada como acusación particular, junto al también concejal socialista Juan Pedro Torralba, en el procedimiento penal por presunta corrupción en la recalificación de los terrenos en 2005.
Fuentes del PP indicaron que, hace un par de semanas, sus concejales «solicitaron información relativa a la paralización» del expediente «a la que no se tuvo acceso con anterioridad». El objetivo es «formar mejor criterio». El grupo que lidera Noelia Arroyo indicó que «los acontecimientos de los últimos días nos han obligado a centrarnos en lo urgente», una alusión a la gota fría. Pero, añadieron, «estamos estudiando el procedimiento que adoptó la Junta de Gobierno en su día y los informes jurídicos en que se apoyó, y esperamos conocer la denuncia, que no ha sido trasladada al Ayuntamiento, para realizar una valoración». Como Castejón, el líder de Cs y teniente de alcalde Manuel Padín no respondió a las solicitudes de información de este diario sobre la postura de su grupo.
El concejal y viceportavoz de MC, Jesús Giménez, manifestó que «nos enfrentamos a una reclamación multimillonaria que volvería de dejar el Ayuntamiento intervenido, como estaba antes de que José López lo saneara». Se refirió así a la etapa de gobierno del líder de su partido, del que Giménez es también presidente.
El edil calificó de «perversión que para dar titulares existan políticos, y técnicos capaces de improvisar trámites y dar la posibilidad de que tengamos que pagar una indemnización». Y agregó que «Castejón no ha anulado Novo Carthago, sino que este proyecto sigue vigente, y seguirá aunque tuviéramos que pagar esos 34 millones. Ella simplemente se ha negado a realizar trámites reglados y reconocidos en un convenio que tampoco ha denunciado», al menos según la información de la que dispone.
Para MC, «la consecuencia de su decisión es que siguen existiendo los derechos para construir la urbanización, pero además podemos perder 34 millones y, para rematar, ha conseguido que la empresa no continúe con las obras de recuperación del convento de san Ginés de la Jara», señaló. Y reprochó al Ejecutivo que haya obviado al Pleno, al no pedir directamente un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia ni instar la nulidad en el proceso penal. Por último Giménez se preguntó si PP y Cs avalarán «una actuación administrativa evitable y dudosa».
La coalición de Podemos-IU-Equo considera que «con independencia de lo que resuelvan los juzgados, jamás respaldará los proyectos inmobiliarios que pretenden seguir construyendo en las costas cartageneras y en el Mar Menor». Acerca de las posibles indemnizaciones a las que debiera hacer frente el Ayuntamiento, la concejal Pilar Marcos afirmó que «Cartagena sigue pagando la desastrosa política del PP y de su director de Urbanismo [Jacinto Martínez Moncada], continuada a rajatabla por Castejón». Y apuntó que «en cualquier caso, quienes pretenden enladrillar nuestro litoral sin importarles más que su cartera no tienen derecho a esquilmar las arcas públicas, y mucho menos cuando estuvieron sentados en los banquillos por presunta corrupción».
Por último, Marcos lamentó «que el tripartito de PP, Cs y los concejales no adscritos de Castejón carezcan de una mínima sensibilidad ambiental y nociones básicas de urbanismo». Según este grupo de izquierdas, «es una pena que el nuevo Gobierno se haya forjado al calor de los especuladores y promotores, porque seguirán apostando por la expansión ilimitada del ladrillo en lugar de preservar los espacios naturales, consolidar las tramas urbanas y rehabilitar los barrios cartageneros, que están llenos de viviendas vacías y solares».
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