Sabic afirma no poner en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente

La empresa Sabic solicitó en julio a la Comunidad Autónoma «la actualización de su autorización ambiental (AAI)» para la fábrica de plásticos de La Aljorra, que data del año 2009, y ha negado que su actividad genere riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente. A raíz de las tres sanciones impuestas por la Consejería de Medio Ambiente a la compañía, por distintas anomalías ambientales en su factoría del municipio de Cartagena, Sabic asegura que «dispone de los permisos ambientales necesarios para desarrollar su actividad», así como de informes que avalan que su actividad no tiene un impacto negativo en su entorno.

Sabic remitió a 'La Verdad' un comunicado en el que indicó que sus permisos «están vigentes y son plenamente válidos», y añadió que «todas las actividades que Sabic desarrolla en su planta de La Aljorra están amparadas por las correspondientes autorizaciones ambientales». Además, apuntó, «no existe actualmente ningún requerimiento de legalización por parte de la administración» para que la factoría obtenga un nuevo permiso y poder «dar cobertura» a su actividad.

Sabic asegura que «cumple estrictamente con su autorización de emisiones» y que su proceso industrial «no libera metales pesados a la atmósfera», gracias a que sus sistemas de coincineración «son muy eficientes e impiden la liberación de sustancias que puedan resultar nocivas». En consecuencia, señalaron, «las emisiones de Sabic están muy por debajo de los valores límites legales» y «la Administración nunca ha sancionado a Sabic por emitir metales pesados no autorizados o en cantidades superiores a las autorizadas».

En la empresa subrayaron que su actividad «está sometida a un estricto control ambiental por parte de la administración y de sus organismos colaboradores», y que las mediciones han descartado la presencia de bisfenol A (BPA). Así consta, culminaron, en informes de la Consejería de Salud.

Fue en julio cuando la empresa presentó «la última documentación técnica requerida para efectuar esta revisión», e incluyó «voluntariamente una Evaluación de Riesgos para la Salud, realizada por una empresa externa independiente según los criterios establecidos por la Administración». Las conclusiones, agregó la compañía, «descartan cualquier riesgo para la salud de las personas derivado de la actividad desarrollada». En consecuencia, «Sabic confía en que el procedimiento de revisión del permiso, tras la correspondiente fase de información pública, sea tramitado con la mayor celeridad y esté finalizado para principios del año que viene».

En la compañía añadieron que la petición de actualizar la AAI busca «adaptarla a los estándares ambientales más exigentes» y es «un procedimiento administrativo ordinario, en virtud del cual se revisan los permisos ambientales para adaptar su contenido a las nuevas normas ambientales y mejorarlo técnicamente».

La Comunidad impuso tres sanciones, por un valor total de 52.000 euros, a la empresa, según consta en una resolución divulgada por Ecologistas en Acción y Podemos. Medio Ambiente detectó en los años 2016 y 2017 trazas de metales pesados que «han de estar ausentes en los procesos de incineración y coincineración», así como incumplimientos relativos al almacenamiento de residuos peligrosos y la obligación de realizar un informe bienal sobre el cumplimiento de los condicionantes atmosféricos. Además, instó a la empresa a «legalizar su actividad», tramitando una nueva Autorización y una nueva Declaración de Impacto Ambiental ante la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.

Según Sabic, «fruto del control exhaustivo», y en una inspección ordinaria de las instalaciones, en diciembre de 2015 la Administración «detectó unas supuestas deficiencias en la instalación que motivaron el inicio de un procedimiento sancionador». La empresa puso de relieve que la mayoría de sus alegaciones fueron aceptadas y que está «valorando el posible recurso en la vía administrativa, con la firme convicción de que el proceso productivo cumple con las disposiciones administrativas».