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C. R.
CARTAGENA.
Martes, 13 de julio 2021, 00:24
Un vecino de San Pedro del Pinatar de origen marroquí ha sido arrestado por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Botrinca', una ... investigación establecida para aclarar la sustracción de gran cantidad de cable de cobre que mantiene inutilizadas desde hace un mes la Estación de Metrología y Calibración Acústica y Magnética de la Armada, en la batería de Trincabotijas. Al arrestado se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza y daños en servicios de interés general, lo que conlleva penas de prisión de hasta ocho años en conjunto. Todo el cable sustraído ha sido recuperado.
Los hechos tuvieron lugar a mediados del pasado mes de junio en esa estación técnica dependiente del Arsenal y cuya finalidad es la medición, calibración y análisis del magnetismo de los buques militares, de los ruidos submarinos radiados a la mar por unidades navales, y de los sensores y sistemas acústicos submarinos de guiado, entre otros cometidos. El robo conllevó que la estación quedara totalmente inoperativa.
Tras la denuncia de la Armada, efectivos del Equipo Roca (contra robos en el campo) y del Equipo de Policía Judicial de la Benemérita abrieron la correspondiente investigación con el objetivo de identificar a su autor y recuperar el material sustraído. Los primeros pasos de la operación se efectuaron en Trincabotijas, donde se practicó una exhaustiva inspección técnico-ocular, así como otras gestiones. Allí se recabaron todos los indicios posibles del modus operandi y del autor del robo.
De la investigación se desprende que el autor de los hechos accedió a la zona militar por el procedimiento de escalo y desde un plano superior inutilizó las cámaras de videovigilancia perimetral de la estación para dificultar ser detectado. Seguidamente realizó el corte del cable, que tenía tensión, lo que ocasionó un cortocircuito que inutilizó el sistema eléctrico de las instalaciones. Esa forma de actuar puso de manifiesto que el delincuente tiene una dilatada experiencia y considerables conocimientos en el manejo de cables con tensión y de electricidad, así como el uso de útiles adecuados en la materia. De no ser así, probablemente hubiera sufrido graves lesiones durante la manipulación.
Prácticamente de forma paralela, los guardias civiles llevaron a cabo una serie de inspecciones en los establecimientos de gestión de residuos metálicos de la zona de Cartagena con la finalidad de localizar la comercialización del cable sustraído a la Armada.
Este dispositivo dio sus frutos unos días más tarde, cuando en uno de esos establecimientos, entre varias toneladas de cobre, se localizó la totalidad del cableado sustraído, comprobado tras el estudio y análisis del mismo, y verificado por personal especialista de la Armada.
Los indicios obtenidos durante la investigación llevaron a los guardias civiles hasta un varón que, presuntamente, se encontraba tras la autoría de los hechos investigados, por lo que se estableció un dispositivo de búsqueda. Este culminó hace unos días con su localización y detención como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y daños, informó ayer el instituto armado en un comunicado.
La valoración del material sustraído, los daños causados en la instalación militar y los perjuicios ocasionados a la Armada Española superarían los 270.000 euros. Todo ello sin contar los inconvenientes logísticos y los altos costes económicos que conlleva el hecho de que los buques militares deban desplazarse a terceros países a realizar las calibraciones, mientras la estación continúe inactiva.
La Guardia Civil destacó que el delito de robo con fuerza, recogido en los artículos 238 y 240 del Código Penal, tiene una pena asociada que está comprendida entre uno y tres años de prisión, así como de dos a cinco años de prisión cuando, como es el caso, el hecho afecte a conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
Para el delito de daños, establece que se podrá imponer una pena de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, cuando los hechos hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales, como es el caso
El detenido es un ciudadano marroquí, de 36 años y residente desde hace tiempo en San Pedro del Pinatar, que fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Cartagena.
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