La recuperación de El Espalmador peligra por la resistencia de Interior a reubicar el CATE

De hecho, la Autoridad Portuaria de Cartagena ya ha hecho saber al Ministerio de Defensa, propietaria de los 78.660,52 metros cuadrados de suelo, que está dispuesta a renunciar al convenio firmado en marzo del 2021 con la Armada para transformar El Espalmador si no puede contar con la parcela del CATE, esencial para hacer una playa. Con ello no solo perdería la ciudad, que vería cómo se esfuma la anhelada construcción de la zona de baño, la adecuación de caminos y sendas hasta el faro de Navidad, así como la habilitación de espacios de ocio y tiempo libre. La Armada se quedaría sin el gran financiador del traslado de instalaciones y de la actividad logística desde el Muelle del Carbón al de La Curra. También estarían en el aire la nueva base y centro local de Salvamento Marítimo, así como la estación naval de Cruz Roja, proyectadas en el extremo del Carbón que linda con Navantia.

El Puerto tiene reservados 25,4 millones de euros para abrir nuevos espacios de la fachada marítima de la ciudad ocupados por los militares. Además de la playa, tiene previsto mejorar los accesos al faro de Navidad desde el Barrio de la Concepción, así como la reposición de sistemas de suministros y servicios en toda la zona. Como contraprestación para que la Armada desocupe el Muelle del Carbón, costea el traslado a La Curra de las infraestructuras que mantiene allí, como el laboratorio de combustible.

Según supo LA VERDAD de fuentes oficiales de toda solvencia, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, ha hecho saber a las máximas autoridades navales en Cartagena, los almirantes de Acción Marítima y del Arsenal, Juan Luis Sobrino y Pedro Luis de la Puente, respectivamente, que el convenio pierde sentido si no es posible materializar el principal objetivo del Puerto: recuperar la playa. Y si no puede ejecutarlo se verá obligada a denunciarlo porque legalmente tampoco tendrá potestad para costear gastos ajenos sin contraprestación. La Autoridad Portuaria no solo se quedaría sin respaldo legal para sufragar obras necesarias para la Armada, sino también las de Salvamento Marítimo. De momento se trata solo de un aviso.

Las obras del CATE, prácticamente finalizadas, permanecen interrumpidas desde hace diez días porque el pasado 29 de enero expiró la cesión por un año «improrrogable» que el Ministerio de Defensa hizo al de Interior del antiguo aparcamiento del Muelle del Carbón para levantar esas instalaciones «provisionales». A ellas, que han costado 3,8 millones de euros, se debe trasladar el servicio de atención y vigilancia que presta la Policía Nacional a inmigrantes irregulares rescatados en el mar en las 72 horas previas a su puesta a disposición judicial. Desde hace dos años los argelinos que llegan a las costas cartageneras son atendidos en unas precarias instalaciones en el muelle de Escombreras. Según la Delegación del Gobierno, que abandera este proyecto que fue gestionado en Madrid por Defensa e Interior de espaldas al Puerto y a la Armada, ya negocian una prórroga del permiso de ocupación, pese a que en los documentos oficiales a los que ha accedido LA VERDAD se insiste en que el año es «improrrogable». El delegado del Gobierno, José Vélez, insiste en que se trata de instalaciones temporales –sin fijar plazos de posibles traslados– aceptadas tanto por Yolanda Muñoz como por la alcaldesa, Noelia Arroyo, que pedían cerrar el campamento de Escombreras cuanto antes.

La realidad es que Muñoz y Arroyo aceptaron el año pasado que Interior abriera el CATE en El Espalmador para dar durante unos meses respuesta a un problema social, mientras se ultimaba el proyecto para construir unas instalaciones definitivas en el Muelle del Carbón, pegadas a Navantia. También las iba a costear el Puerto. Pero la realidad es que ni el astillero público ni la Armada quieren esa opción. Sus responsables en la ciudad guardan prudente silencio, pues ambos dependen del Gobierno. Pero en distintos ámbitos ya han advertido del riesgo para la seguridad nacional instalar un recinto de esas características a dos pasos del lugar donde se construye el mayor proyecto de I+D+i de la industria militar española, los submarinos S-80, y de la principal base logística de la Armada en el Mediterráneo. Fuentes relacionadas con el proyecto recordaron que son frecuentes las fugas de inmigrantes de Escombreras, «aunque casi nunca trascienden». Los cuerpos de seguridad del Estado investigan continuamente la llegada en las pateras de terroristas islámicos retornados y agentes de inteligencia de países árabes.

Por esa situación, altos mandos de la Armada han puesto sobre la mesa terrenos alternativos para construir un CATE definitivo en un lugar a priori más seguro. La ubicación preferida por los militares, el Puerto y el Ayuntamiento está en la ladera del monte Galeras que da a la rambla de Benipila, cerca de La Algameca. Pero Interior no contempla por ahora alternativas al proyecto en marcha, según indicaron fuentes de la Delegación.

Con todo, en ámbitos políticos y militares coinciden en interpretar esta situación como un pulso de Vélez, que será candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad en 2023, al PP representado por Arroyo y Muñoz.