Dos reclamaciones amenazan el 25% del presupuesto municipal

«En primer lugar, queremos lanzar un mensaje a la ciudadanía: que este gobierno, que este acuerdo de legislatura, para estos cuatro años, nació para dar estabilidad al municipio. No queremos dejar nada a la improvisación, queremos planificar y queremos adaptarnos al nuevo contexto económico». Cuando, con gesto serio, Ana Belén Castejón compareció en el Palacio Consistorial para explicar por qué su equipo había suspendido el acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento, que ella misma firmó con los sindicatos ocho meses atrás, enmarcó su discurso en una situación de excepcionalidad y en la voluntad de guiar la nave municipal hasta junio de 2022 siguiendo un rumbo claro.

Era la víspera de Nochevieja y el Ejecutivo de coalición entre su grupo de ediles no adscritos y los de PP y Ciudadanos no solo dejó de forma temporal sin mejoras salariales a los 1.300 funcionarios municipales, por los informes que alertaron sobre el riesgo de desfase de 15 millones de euros en dos años. También retrasó hasta enero la presentación del proyecto de presupuestos de 2020.

Esa fecha concreta sigue aún sin definir. Y lejos de trasladar una sensación de certidumbre sobre su travesía para este ejercicio, más allá de anuncios de intenciones, la última decisión de calado del Ejecutivo y la forma en que la tomó, anteayer, añade dudas sobre su trayectoria inmediata; y, lo peor, sobre el horizonte del Consistorio a varios años vista.

Previa advertencia formulada el 18 de noviembre por el interventor, Jesús Ortuño, que ya respecto al acuerdo de condiciones avisó de riesgos en abril y en octubre por no haber una memoria económica, la Junta de Gobierno Local pidió a la Asesoría Jurídica y a Urbanismo una estimación de costes por «sentencias pendientes». También reclamó datos de «acuerdos urbanísticos con compensación de suelos y procedimientos de responsabilidad patrimonial», según explicó la vicealcaldesa, Noelia Arroyo.

Los nubarrones llegan ahora, así, del área urbanística, donde también es protagonista la alcaldesa, expulsada del PSOE en el arranque de su segundo mandato (tras la convulsa alianza anterior con MC) por pactar el tripartito en contra de su partido.

Porque los 15 'kilos' en que el Órgano de Gestión Económica y Presupuestaria y la Intervención cifraron en diciembre el 'agujero' en que puede caer la Corporación, si no cuadra ya los ingresos con los gastos de personal -con o sin acuerdo con UGT, CC OO, CSIF y Sime- palidecen ante los 51 millones que debería abonar, si prosperan las reclamaciones interpuestas solo por dos promotoras. Esa cantidad equivale a una cuarta parte del presupuesto anual, aproximadamente, y supondría incumplir con creces la Ley de Estabilidad Presupuestaria y someterse a la segunda intervención del Ministerio de Hacienda, tras la de 2012 a 2016.

Según confirmaron a LA VERDAD fuentes municipales, Hansa Urbana ha solicitado 45 millones (30 de indemnización más la devolución de un aval de 15) por la suspensión de los trámites para levantar 6.000 casas a orillas del Mar Menor, al decidir Castejón que primero se pronuncie la Justicia sobre la presunta recalificación ilegal del suelo. Y Grumasol SL, del empresario Alfonso Torres, ha pedido 6,6 millones por haberse quedado sin construir 40 pisos junto al colegio Adoratrices, tras la anulación judicial del Plan General. El pleito va dirigido, de forma solidaria, contra el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento, que aprobó el planeamiento en 2012 y vio cómo lo tumbó el Supremo en 2016 tras un recurso del 'superpromotor' Tomás Olivo. Tras 18 años de frenazo, éste retomó el año pasado el Plan Rambla tras un cuestionado acuerdo con la alcaldesa.

El grueso del 'marrón' procede de la etapa de Pilar Barreiro, pero la pelota está el tejado de Castejón y de Arroyo, quien la relevará en junio de 2021. Y por más que hasta anteayer no movió ficha la Junta de Gobierno Local (donde figura un Manuel Padín, de Ciudadanos, que fue beligerante con los convenios en la legislatura anterior), el aviso del interventor general ha estado sobre la mesa de la alcaldesa y concejal de Urbanismo desde otoño.

La experiencia inquieta. En dos años, la Justicia ha abierto un boquete de 32 millones, por aprovechamientos urbanísticos en La Manga, anulación de una licencia de apartamentos turísticos en La Azohía, expropiaciones en el casco histórico...

El interventor ha dado un toque de atención sobre el hecho de que «el pago de cuantiosas indemnizaciones» en «varios expedientes de similar naturaleza están lastrando la Hacienda municipal» y pueden afectar a la deuda financiera global. Además, hay que «introducir las correcciones pertinentes en los procedimientos urbanísticos». Así que, ante la propuesta de pagar 566.000 euros en cuatro años a una mercantil por una finca de Barrio Peral afectada por las obras del Acceso Norte (un acuerdo extrajudicial recomendado por los abogados por el riesgo de una condena mayor), instó a poner fin a esta deriva y «depurar las responsabilidades» oportunas.

La alcaldesa, activa en Madrid durante Fitur y que ha limitado su exposición en Cartagena en plena tormenta sindical, intenta evitar esta patata ardiente. Ante las preguntas de LA VERDAD, guarda silencio. Pero la labor de Urbanismo y de su jefe y gran superviviente a los cambios políticos, Jacinto Martínez Moncada, ha vuelto a quedar cuestionada.

El tiempo pasa. La concejal de Hacienda y Personal, Esperanza Nieto, brega con unos sindicatos que solo negocian si está Castejón e intenta no meter mucha tijera en las inversiones, en un municipio ayuno de obras de modernización. Los servicios jurídicos siguen contra las cuerdas por decisiones políticas y administrativas de difícil defensa. Y Castejón y sus socios del tripartito afrontan días cruciales para cumplir el mismo objetivo que la primera autoridad local esgrimió en Navidad tras frenar la compra de la Factoría de la Armada, al dudar del compromiso del gobierno central del PSOE con la Ciudad de la Justicia: no «hipotecar» al municipio. O al menos no hipotecarlo más.