El Puerto de Cartagena presentará antes de un mes el recurso de alzada contra el veto del Gobierno a El Gorguel

La Autoridad Portuaria de Cartagena pone en marcha la maquinaria jurídica para evitar que el Gobierno tumbe definitivamente el proyecto de la dársena de El Gorguel. Su consejo de administración, reunido en sesión extraordinaria este viernes, aprobó presentar un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) contra la decisión de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de dar carpetazo a ese proyecto, tras catorce años de trámites. Dicho departamento entiende que hay otro alternativo, el de ampliación de la dársena de Escombreras, denominado Barlomar, al que también pone importantes exigencias ambientales y patrimoniales para que salga adelante.

El Puerto de Cartagena tiene un mes de plazo para presentar dicho recurso. Y también trabaja con la vista puesta en acudir a los tribunales, en este caso a la vía de lo Contencioso-Administrativo, si el Miteco no acepta sus alegaciones. No obstante, el vicepresidente del organismo portuario, Pedro Pablo Hernández, mostró cierta confianza en que sus argumentos serán tenidos en cuenta. En caso contrario, corresponderá al Consejo de Administración decidir si se recurre a la justicia, un mero formalismo pues se da por hecho.

Hernández avanzó que dicho recurso de alzada insistirá en que no está ni motivada ni justificada la decisión del Miteco de poner fin a la tramitación técnica al proyecto de El Gorguel. «No hay ni un solo argumento medioambiental en contra para darle carpetazo. El Ministerio mantiene que hay dos proyectos iguales, cuando no lo son», dijo el vicepresidente del Puerto. E insistió en que cuando en abril de 2022 comenzó la tramitación del proyecto de ampliación de Escombreras, el Ministerio tenía a la mano haber pedido aclaraciones si consideraba que este era alternativo al de El Gorguel y no complementario. No lo hizo. Se trata de instalaciones de dimensiones distintas y diseñadas para usos diferentes, recordó.

En el recurso, el Puerto también alegará que, en contra de lo que argumentan los responsables del Miteco, en todo el proceso de tramitación no le corresponde ni solicitar al Gobierno de España la declaración de interés económico preferente del proyecto ni enviarlo a la Comisión Europea para una primera evaluación. De hecho, toda la tramitación la realiza el ente público coordinador de los puertos españoles, Puertos del Estado, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Hernández defendió que la Administración General del Estado sabía desde el primer momento cómo marcha la elaboración de todos los estudios técnicos y ambientales necesarios para obtener la aprobación definitiva y que es ella la encargada de informar a las instituciones comunitarias. En opinión de los técnicos portuarios, lo razonable es que primero hubiera dado conocimiento a la Comisión Europea y, tras obtener luz verde, hubiera llevado el proyecto al Consejo de Ministros para su declaración como actuación preferente. En el Consejo de Administración del Puerto, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, también insistió en que la decisión del Miteco es un torpedo en la línea de flotación del modelo de crecimiento de Cartagena y acusó a sus responsables de adoptar «decisiones arbitrarias e injustas. El Gorguel es un proyecto de futuro y de crecimiento de Cartagena que permitiría el pleno empleo», aseguró.

El senador del Partido Popular José Ramón Díez de Revenga denunció este viernes públicamente que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, «deja la peor herencia para la Región antes de irse a su retiro dorado a Bruselas». Por ello, anunció que el PP «usará toda su fuerza parlamentaria para que Ribera dé la cara antes de irse a Europa» y exigió su comparecencia en el Congreso de los Diputados «por enterrar, de manera unilateral y sin atender a ningún criterio técnico, el proyecto de El Gorguel», informaron fuentes del PP. «Esto supone dar un carpetazo, por pura ideología radical, al proyecto con más capacidad de generar desarrollo y oportunidades de la Región», lamentó Díez de Revenga. Además, criticó que «esta decisión no se basa en criterios ambientales sino ideológicos, y da la espalda a la sociedad murciana mediante un nuevo ataque a nuestro futuro».

Díez de Revenga denunció que «estamos ante una decisión nefasta para Cartagena, que perjudica a la Región y corta, así, cualquier posibilidad de crecimiento y expansión del Puerto».

Por su parte, la diputada nacional del PSOE Caridad Rives aseguró que la Región «necesita un proyecto serio para ampliar el Puerto de Cartagena, que sea viable desde el punto de vista económico y ambiental».

Rives indicó que el PP «es consciente desde hace muchos años de las graves consecuencias ambientales que tenía El Gorguel, que daña una de las líneas de costa mejor conservadas del país y que tiene importantísimos valores ambientales». Afirmó, además, que el PP «lleva más de 14 años engañando a la ciudadanía vendiendo a bombo y platillo un proyecto que, desde el primer momento, saben que es absolutamente irrealizable y que abandonaron hace años, ya que ni siquiera pidieron en todo este tiempo la autorización ambiental a la UE».

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