Los promotores piden inversiones municipales en el centro de Cartagena para que sea rentable construir

Esas son algunas de las medidas propuestas ayer por la Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas de Cartagena y su Comarca para que el casco histórico «forme parte de una ciudad próspera del sureste español y deje de parecer Beirut, la capital del Líbano». Tal descripción la ralizó el director de Urbincasa, Francisco Cervantes, quien tras la asamblea general del colectivo condujo una mesa redonda en la que participaron el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, el presidente de la Asociación de Promotores inmobiliarios de la Región (Apirm), José Ramón Blázquez, y el arquitecto Rafael Pardo Prefasi.

No obstante, la falta de vivienda en el casco urbano de Cartagena es un problema extrapolable a otras ciudades europeas, pero que aquí tiene consecuencias sociales, como la pérdida de habitantes y comercio tradicional.

La presidenta de los promotores, Antonia González Pardo, dijo que en la actualidad «no es rentable construir» en el centro de Cartagena: «No se ha construido en los solares por impedimentos técnicos muy importantes y arqueológicos. Queremos que cuando se construyan esas viviendas el cartagenero pueda comprarlas».

Este colectivo reclamó la bonificación del 100% directo del impuesto de construcción y el sobrecoste de los gastos arqueológicos que retrasan las obras.

Los constructores coincidieron en que promover es cada vez más complicado porque el poder adquisitivo de la población no ha subido tanto como los costes de construcción. Estos últimos se han encarecido hasta un 40%, tanto por la mano de obra como por los materiales, lo que lastra las promociones de obra nueva en todo el municipio.

Entre las iniciativas que plantearon al Ayuntamiento figuran la agilidad administrativa, la unidad de criterios para evitar la interpretación de las normas y proporcionar seguridad jurídica al empresario, así como la adopción de mecanismos rápidos para responder ante el hallazgo de restos arqueológicos, el cómputo de la edificabilidad y mayor inversión municipal en el casco histórico.

«No es justo que el coste del suelo lo asuma el promotor cuando aparecen ruinas que disfrutarán todos los ciudadanos. El Ayuntamiento debe poner en marcha acciones urbanísticas para atraer a nuevos vecinos», indicó Rafael Pardo Prefasi, quien propuso promociones de vivienda pública, más equipamientos y sacar los solares a concurso para construir.

El mecanismo de edificación forzosa, incluido en la Ley de Suelo y activado por Urbanismo en septiembre con el envío de notificaciones a los dueños de solares, genera controversia entre los profesionales del sector. «Obligar a que se hagan las cosas sin crear un marco previo me parece un error. Estamos castigando a los propietarios», argumentó José Ramón Blázquez. Todas las partes coincidieron en que las políticas nacionales de promoción de vivienda pública no «tienen éxito».

El edil de Urbanismo, Diego Ortega, destacó la labor que realiza el Ayuntamiento para dinamizar el casco histórico, con la rehabilitación de inmuebles como el edificio administrativo de San Miguel y el antiguo Hotel Peninsular, que «abrirá en breve». También aludió a los proyectos de reforma del Cine Central y de excavación del Pórtico del Teatro Romano.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció ayer que el Consistorio adjudicará la próxima semana la revisión del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (Peopch), que en 2025 cumplirá dos décadas.

«Es el momento de actualizarlo para incluir más ayudas, facilidades y garantías para que los constructores y promotores puedan inyectar más vivienda y riqueza a nuestro casco antiguo», añadió Arroyo en la asamblea general de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas de Cartagena y su Comarca, a cuyos integrantes animó a hacer sus aportaciones durante el año en que está previsto se prolongue la redacción del nuevo documento.

Recordó las medidas municipales para promover la construcción, al mismo tiempo que Urbanismo aplica la Ley del Suelo, así como la partida de 500.000 años reservada en el Presupuesto de 2025 a ayudas directas para aquellos promotores que quieran construir en el casco histórico y encuentren restos arqueológicos. También la bonificación del 90% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, (ICIO) y hasta el 95% cuando los edificios tienen algún grado de protección.

Por su parte, el responsable municipal de Urbanismo, Diego Ortega, que intervino en la mesa redonda posterior a la asamblea, explicó las iniciativas que desarrollará el próximo año en el Monte Sacro y el entorno del Molinete, dos de los ejes que deben dinamizar algún día el casco histórico.

Como ya avanzó LA VERDAD, el Ayuntamiento colocará zahorra y ordenará el aparcamiento disuasorio de los solares del Monte Sacro para que cumpla las condiciones seguridad. Ortega no descartó la posibilidad de que esta infraestructura pueda acabar siendo de pago.

En cuanto a la Morería Baja, indicó que hay una partida presupuestaria para ejecutar una «reforma respetuosa y blanda que no afecte a los restos arqueológicos». Entre las actuaciones que contemplará están la sustitución del vallado, el «embellecimiento» de las parcelas y la adecuación de la zona del transformador como espacio verde y de esparcimiento.

«Cuando la economía lo permita, se continuará avanzando en las excavaciones», finalizó el responsable de Urbanismo.