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La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha advertido al Ayuntamiento de Cartagena de que «no se considera admisible la implantación de edificaciones» en la zona de policía de la rambla de Benipila, al tratarse de una «zona inundable». Y eso afecta a dos parcelas, en cada una de las cuales estaba previsto edificar unas 50 viviendas, según informaron ayer fuentes del equipo de gobierno local a LA VERDAD.
Uno de los terrenos está en el polígono I, a mano izquierda según se baja desde el puente de la calle Soldado Rosique a la Avenida del Cantón. El otro está en el polígono II, entre el antiguo centro comercial Eroski y la rotonda del colegio San Vicente de Paúl.
Las fuentes consultadas indicaron que el urbanizador principal del Plan Rambla, el promotor Tomás Olivo, ha pedido ya a la Concejalía de Urbanismo trasladar la edificabilidad de la primera de esas parcelas a otro lugar y emplear el suelo afectado por la rambla como zona verde.
Las «limitaciones de usos y los requisitos» constan en un informe de la CHS de 4 de febrero, desvelado ayer por el Grupo Municipal MC. Su portavoz, el concejal y exalcalde José López, pidió en noviembre de 2019 información sobre este desarrollo urbanístico. Y, en la respuesta, la CHS explica que el 6 de agosto de 2020 indicó al Ayuntamiento que «las limitaciones de usos en zonas inundables», en concreto en la Zona de Flujo Preferente (ZFP) de las ramblas de Benipila y Canteras, afectaban a «gran parte del ámbito del Plan Parcial Sector Rambla», de acuerdo a «un periodo de retorno de 100 años». También avisó en marzo de 2019.
La CHS dice ahora que «en los terrenos situados fuera de la zona de policía, la valoración del riesgo de inundación asociado a la ubicación del sector y la idoneidad de las medidas correctoras que se puedan adoptar corresponden a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo». Fuentes del Ejecutivo local afirmaron que ese control lo hace el Ayuntamiento y que el expediente del Plan Rambla cumple la normativa.
Apuntaron que las obras del vial cumplieron con las reglas más exigentes en cuanto a volumen de pavimento, para evitar riadas, e incluyeron la instalación de tuberías de evacuación de las aguas hacia la rambla de Benipila y de protección del Barrio de la Concepción. Agregaron que el promotor presentó, a instancias de Hidrogea, estudios del riesgo de inundación para un retorno de diez años.
MC se plantea llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. «Desde marzo de 2019, el Ayuntamiento está alertado por la CHS de que el Plan Rambla es una zona inundable y de que debía pedir informe. Pero reconoció al promotor derechos que no son ejecutables, lo que podría suponer la bancarrota municipal» si hay que indemnizarlo, dijo el viceportavoz de MC, Jesús Giménez.
Su grupo sopesa reclamar un pleno monográfico sobre «las decisiones dudosas en la ejecución del convenio urbanístico de 1989 entre el Consistorio y Cartagena Parque, al que Castejón dio vida sin valorar la normativa y las necesidades actuales y que la Junta de Gobierno Local dio por cumplido a finales de 2020».
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