El precinto municipal a las nuevas carpas del Naval de Cartagena enreda la acogida de más inmigrantes

La medida fue anunciada por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien dio al Ministerio de Migraciones cuatro días para retirar la maquinaria y desmontar las carpas, instaladas sin permiso urbanístico ni previa comunicación municipal y pendientes de un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Ese estudio debe aclarar si están ubicadas en una zona inundable, a fin de garantizar la seguridad de los acogidos.

«Nos enteramos de una manera desleal con el Ayuntamiento de la instalación de nuevas carpas, incumpliendo la confianza y el acuerdo que habíamos firmado con la secretaria de Estado de Migraciones [Pilar Cancela] de que no se iba a ampliar la capacidad e íbamos a trabajar en un escenario de provisionalidad y de cierre del campamento lo antes posible», remarcó Arroyo.

«La desastrosa política de inmigración que estamos sufriendo y que está gestionando la secretaria de Estado de Migraciones, no se puede resolver con más errores en la gestión que se está llevando aquí en Cartagena con esas personas. Es un error trasladar a inmigrantes a una ciudad que ya tiene un problema de pateras, así como concentrar a 1.100 personas en el campamento de un hospital que llevaba décadas cerrado y no reúne las condiciones de seguridad», dijo. Y añadió: «Genera conflicto y riesgos para esas personas y para la convivencia en el municipio. Me llego a preguntar si el Ministerio nos está poniendo a prueba al levantar carpas de espaldas a la ley».

Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento de Cartagena abre expediente a Migraciones por trabajos sin licencia en el antiguo Hospital Naval e informa de las irregularidades detectadas al Ministerio de Defensa, propietario del inmueble que lo ha cedido hasta junio de 2025 al de Migraciones para aliviar el problema de las Canarias.

Urbanismo ya paralizó en junio unas obras que el ministerio de Saiz pretendía hacer en dos pisos del antiguo hospital militar para reformar antiguas consultas y reconvertirlas en dormitorios y salas de trabajo para el personal de la ONG Accem, que gestiona las instalaciones.

«Nuestra obligación es que se cumplan las normas urbanísticas y que las instalaciones reúnan las condiciones de seguridad. Si pasa algo, ¿quién asume la responsabilidad? El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Espero que no lleven el debate a la insolidaridad y a otro tipo de derivas», apostilló Arroyo, que aludió también a cómo el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha mostrado su descontento por esa gestión de la crisis migratoria que afecta a todo el país. «Se queja de lo mismo, de enterarse por fuera, de no ser leal con la Administración regional y de no utilizar instalaciones que reúnan las condiciones, que es lo mismo que nos está pasando aquí», añadió la regidora.

Migraciones tiene cuatro días para desmantelar las carpas y ofrecer otras alternativas de alojamiento a los inmigrantes que ya están en el llamado centro de acogida de emergencia y derivación (CAED) para inmigrantes de Cartagena o derivarlos a otros centros de la geografía española para evitar que nadie se quede en la calle, si finalmente no consigue la licencia urbanística correspondiente, así como el pronunciamiento de la CHS necesarios, a priori, para mantener la instalación. A los 960 inmigrantes que convivían el miércoles en el CAED se sumaron ayer más de cien que llegaron de madrugada de Tenerife.

El Ministerio no quiso aclarar ninguna cuestión planteada por LA VERDAD hasta no tener la correspondiente notificación municipal. Pero recordó que hace un año montó carpas sin necesidad de licencia municipal. Tampoco respondió la CHS.

No obstante, el Ministerio aclaró hace unos días que estas tres carpas eran una medida «puntual y extraordinaria», que se utilizarían en función de las necesidades derivadas de las llegadas a la península y a Canarias, así como al Levante, mientras que el Gobierno habilita más de una docena de centros de acogida de protección internacional (CAPI) distribuidos por España, «menos en la Región de Murcia». La estrategia de distribución aún no ha trascendido.

Mientras que la alcaldesa anunciaba la orden dictada por la Concejalía de Urbanismo, personal de Accem trabajaba en la adecuación de las nuevas carpas. En concreto habilitaba una provisional para colocar el suelo y las paredes de la que está más próxima al inmueble, según fuentes vinculadas al antiguo recinto sanitario dependiente del Ministerio de Defensa.

Accem, la ONG encargada de gestionar las instalaciones del campamento del Naval, tiene diferentes dispositivos de acogida repartidos por el municipio dirigidos a protección internacional, refugiados y solicitantes de asilo. También proporciona 132 plazas de atención humanitaria para personas vulnerables en pisos, hostales y residencias. Sus programas atienden a mujeres víctimas de trata y otras violencias, así como a jóvenes. El modelo de Accem es normalizar la vida de las personas en los núcleos urbanos, donde la ONG considera que se construye la integración. Accem abrió su primer dispositivo de emergencia en San Antón hace 18 años. Desde 2008 tiene centros en asentamientos para la población inmigrante llegada a las costas cartageneras, que queda en situación de calle y desprotegida por sus redes sociales y familiares.

El nuevo choque entre el Ministerio de Migraciones y el Ayuntamiento de Cartagena surge en un momento de máxima tensión en la crisis migratoria que sufre el archipiélago canario, a donde llegaron 270 migrantes de media al día en la segunda quincena de septiembre, al tiempo que la presión se disparó casi un 150% en Ceuta.

La gestión de esta emergencia humanitaria está desbordando los recursos del departamento ministerial dirigido por Elma Saiz, al que gobiernos de todos los signos políticos -incluido el PSOE- critican el reparto de inmigrantes que está haciendo, así como la falta de transparencia e información al comunicar sus actuaciones una vez consumadas.

Así está ocurriendo en Castilla- La Mancha, donde el Gobierno baraja habilitar un centro de acogida de emergencia y derivación (CAED) en el aeropuerto de Ciudad Real, que tiene un uso «marginal». La Junta de Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Emiliano García-Page, considera «una barbaridad» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez valore esta medida y cree que sería «casi un campo de refugiados», sobre cuya apertura no han tenido comunicación previa.

Asimismo, en los últimos días han ampliado su capacidad los CAED de Carabanchel y Alcalá de Henares, que abrieron también a final del año pasado, como el ubicado en la carretera de Tentegorra de Cartagena.

En concreto, entre ambas instalaciones madrileñas han aumentado 213 plazas para responder a las necesidades derivadas de las llegadas a Península y Canarias. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, aseguró el miércoles que la Delegación del Gobierno en Madrid informó de esta ampliación al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a través de un correo electrónico.