Poner el contenedor marrón pasará factura en Cartagena

Separar los residuos orgánicos biodegradables, transformarlos en 'composite' (base para abono) y reintegrarlos a la naturaleza, en lugar de llenar con ellos el vertedero municipal, ahorrará dinero a medio y largo plazo. Pero la colocación de los contenedores marrones para albergarlos tiene un coste estimado de tres millones de euros solo en el casco urbano y en los principales barrios y diputaciones, según el marco de objetivos de la empresa Tragsa a cuyos datos ha accedido LA VERDAD. Por eso, el plan de implantación comenzará por una experiencia piloto en algunas zonas concretas. Asimismo, se sondeará la obtención de ayudas públicas para financiar una cobertura general antes de 2023, sin sobrecargar la tasa que pagan los usuarios y que lleva congelada desde 2015.

En la alcaldía de Cartagena se comenzó a hablar de este tipo de reciclaje en 2017, recién llegada Ana Belén Castejón a la alcaldía. Sin embargo, su aplicación no entró en el plan de inversiones de la empresa municipal de recogida de residuos, Lhicarsa, para 2019 y 2020. Este incluye renovar casi toda la maquinaria y colocar muchos cientos de contenedores, ninguno de los cuales tendrá color marrón. Su alcance se concretará en febrero o marzo y será llevado a cabo durante lo que resta de año.

El documento de objetivos establece tres ámbitos geográficos para el reciclaje orgánico en todo el término municipal. El primero es la recogida en el casco urbano de Cartagena y en los barrios y diputaciones más poblados, como Los Dolores, La Palma, La Aljorra, Pozo Estrecho, Molinos Marfagones y El Algar. Para hacerlo bien, Tragsa cuantifica en 4.762 el número de contenedores que colocar, cada uno de los cuales cuesta de 600 euros. Los tres millones resultantes no incluirían siquiera los 14 vehículos previstos para recogerlos.

La segunda etapa consiste en la colocación de unos compostadores comunitarios compuestos por varias celdillas o depósitos a los que deberían llevar sus residuos los habitantes de zonas de carácter rural con población diseminada. También entrarían en esta categoría los huertos urbanos y los viveros, como generadores de residuos orgánicos. En este caso, no se prevé el concurso de grandes vehículos de recogida, pero sí será necesaria la participación de personal especializado en el tratamiento de los restos, para emplearlos como abono y fertilizante natural de zonas verdes del entorno en el que sean recogidos.

La última clasificación incluye zonas de campo en el que hay pocas viviendas o caseríos rodeadas de amplias extensiones de jardín y otras zonas fértiles. En este caso, el Ayuntamiento entregaría a los propietarios compostadores domésticos para que sean ellos los que gestionen la conversión de los residuos en 'composite' y su posterior empleo. Está por ver si es necesario que tengan algún tipo de permiso como gestores autorizados.

El Ayuntamiento ya ha previsto cómo afrontar, poco a poco, este proceso tan complicado y costoso de puesta en marcha del reciclaje orgánico. Los pasos sucesivos irán desde la redacción del proyecto de implantación hasta la aprobación de una nueva ordenanza que ampare este sistema y el servicio de recogida y tratamiento de los biorresiduos, pasando por la petición de ayudas públicas para reducir el coste.

El documento preliminar deja abiertas dos posibilidades: sacar este servicio del que presta actualmente Lhicarsa o incorporarlo a su contrato, lo cual aumentaría el coste. En la actualidad, el Ayuntamiento paga unos 35 millones por la limpieza viaria, la recogida de basuras y el tratamiento en la planta de reciclaje del Gorguel, incluido el mantenimiento del vertedero.

Antes de lanzarse a hacer gastos cuantiosos, el Gobierno local explorará la financiación que puede obtener del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar) con los que el Ministerio para la Transición Ecológica establece líneas de ayudas. A corto plazo, se prevé la «realización de experiencias piloto» de recogida selectiva en alguna zona urbana, y de compostaje comunitario doméstico en algún área rural.

En el plan hay también apartados dedicados a la gestión de otros residuos. En primer lugar se mencionan las podas (denominadas 'fracción resto'), cuya gestión sería contratada al margen de los servicios de Lhicarsa. En segundo lugar, se pasa de los residuos vegetales o otros como las pilas y los residuos eléctricos y electrónicos y los textiles.