Podemos denuncia que casi 40.000 alumnos de la Región estarían expuestos al amianto

Un total de 130 colegios e institutos repartidos por toda la Región de Murcia «tienen amianto», por lo que unos 300 alumnos, como mínimo, de cada centro estaría expuesto a este compuesto químico contaminante, según denunció públicamente este miércoles en rueda de prensa dirigentes de Podemos.

Por ello, el diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, resaltó la necesidad de «contribuir a dar visibilidad a este problema y de los cánceres que hay vinculados al amianto, porque es un problema de salud pública».

A su juicio, la Consejería de Educación tiene que tomar cartas en el asunto y retirar este compuesto de los colegios, que afectan a los más antiguos, sobre todo, advierten.

El asesor jurídico de la formación morada, Ginés Ruiz, aseguró que la incidencia del amianto en la salud «está más que demostrada». En este asunto, la secretaria general de Podemos en Cartagena, Pilar Marcos, recordó que hasta septiembre de 2018 «no pudimos conseguir un listado donde se reconocía el amianto en los colegios, que estaba incompleto».

Así, reclama el «desamiantado» de los colegios de la Región, que afecta en mayor medida a colegios e institutos públicos de Murcia y Cartagena, con 32 centros.

Tras criticar que en Cartagena «no se haya destinado ni un solo euro en los presupuestos de 2018 para desamiantar los colegios», afirmó que, según la Consejería, «este año iban a comenzar por cuatro colegios y el instituto Juan Sebastián Elcano, muy afectado, pero será imposible llegar al desamiantado de los 130 colegios de la Región a este ritmo».

«La normativa europea puso como plazo límite 2028 para desamiantar todos los colegios, pero será imposible a este ritmo», indica, para después reconocer que el pasado año «desamiantaron colegios de algunos municipios de la Región, concretamente aquellos donde gobierna el PP».

Por otro lado, aplaudieron que el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, elevara al Juzgado de Instrucción de Cartagena, por la vía penal, la denuncia contra Repsol por «no elaborar el listado de trabajadores que estarían afectados por amianto en sus instalaciones» y que, según destacó el presidente de la asociación Apena, Ricardo Torregrosa, serían «todos», siendo la zona de los vestuarios la más afectada.

Se acusa a Repsol de un posible delito contra los derechos de los trabajadores, de lesiones por imprudencia grave y de homicidio por estar expuestos a este compuesto contaminante, según el escrito del fiscal superior.

En este sentido, Torregrosa anunció que si Salud Pública no proporcionada el listado de muertes como consecuencia del amianto en marzo se movilizarán ante la Asamblea Regional.

Según el asesor jurídico de Podemos, el amianto «está jurídicamente muy regulado, se prohibió en 1984 y el último, el amianto blanco, en 2001». La secretaria general de Podemos en Cartagena denunció una «conspiración de silencio» en todo este asunto y que Repsol «mintió». «Estamos intentando salvar vidas y tener un reconocimiento médico de estos trabajadores afectados», lamenta Torregrosa.

Otro de los temas que se abordó en la rueda de prensa fue la problemática que hay en el entorno de la Sierra Minera. Pedreño exigió que «se redefinan los criterios de intervención en las antiguas balsas mineras, porque los criterios no se han tenido en cuenta y hay un problema de salud pública».

Asimismo, adelantó que la próxima semana se presentará en la ponencia sobre la Sierra Minera de la Asamblea Regional los resultados del estudio del pediatra Juan Antonio Ortega y del investigador José Matías Peñas, en el que se analiza, entre otras cosas, si la concentración de metales pesados en la población, sobre todo infantil, puede acarrear enfermedades, como autismo.