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«Ha costado tiempo, más años de los que hubiésemos querido. Pero era lo razonable ubicar en Cartagena el Juzgado de Lo Mercantil 4 de la Región de Murcia. Y su constitución es un éxito. Es un magnífica, una extraordinaria noticia». Con estas palabras enmarcó este lunes el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pascual del Riquelme, la inauguración del citado órgano. La sede provisional estará en el Palacio de Molina, ubicado en la calle Jara y cuyo uso ha cedido el Ayuntamiento hasta que el Gobierno central construya la Ciudad de la Justicia. Este complejo ocupará una parcela que también entregará el municipio, en este caso de forma definitiva, frente al Hospital Santa Lucía.
El Ministerio creó por sorpresa el tercer Mercantil en la ciudad de Murcia y lo abrió en diciembre en 2020. De ahí que el máximo responsable de la Justicia en la Región no pasara este lunes por alto ante los periodistas, con motivo de la inauguración del 4, que «la novedad es que esta vez el juzgado tiene su sede en Cartagena, en unas magníficas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento». «Sin esta colaboración, la constitución del juzgado no habría sido posible ante la falta de espacio para nuevas sedes judiciales», añadió en presencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, en el vestíbulo principal del inmueble. Las oficinas y la sala de vistas del juzgado ocupan la primera planta.
Pascual del Riquelme se refirió también, ante el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, a que era «necesario el empuje de la Delegación ante el Ministerio, en Madrid, para que Murcia fuera receptora de esta nueva unidad judicial». Y remarcó que esta dará servicio a los partidos judiciales de Cartagena y San Javier, que «aportan aproximadamente un 25% de la conflictividad mercantil en la Región». La cifra, indicó, sale de «un análisis de diez indicadores socioeconómicos» realizado por el TSJ, con datos como el número de municipios, la superficie, la población, el número de empresas, el número de viviendas en visados de construcción obra nueva, el total de vehículos y los presupuestos de los ayuntamientos de la comarca.
El índice llegó a estar en el 29,78%, preció después el presidente del Tribunal Superior en el acto de constitución del juzgado, del que se encarga de forma interina el magistrado Leandro Blanco García-Lomas, titular del Mercantil 3. La unidad tiene como letrado de la Administración de Justicia a Ramón Alonso-Luzzy, quien también se ocupa del Juzgado de Primera Instancia 7, especializado en Familia, y cuenta con ocho funcionarios. Todos ellos tomaron posesión de sus plazas, antes de que autoridades y representantes de varios colectivos profesionales celebraran la puesta en marcha del juzgado con un aplauso.
Estuvieron presentes el secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra García; el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera; el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa; la magistrada decana del partido judicial de Cartagena, María del Mar Gómez; los magistrados de los juzgados de lo Mercantil María Dolores de las Heras García y Francisco Cano Marco; la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón; el teniente de alcalde Manuel Padín; y los decanos de los colegios de Abogados y de Procuradores, Ángel Méndez y Alejandro Lozano, respectivamente.
En un comunicado, el TSJ indicó que «este juzgado, junto con el número 3, fueron constituidos por Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades judiciales COVID-19, correspondientes a la programación de 2020. Pero su puesta en marcha fue diferida por el Ministerio de Justicia».Y durante su discurso, Pascual del Riquelme advirtió de que la Sala de Gobierno del TSJ estará atenta a la evolución del volumen de litigios mercantiles en el conjunto de la Región, para garantizar un «reparto equilibrado del trabajo». Por encima del criterio de «territorialidad, enfatizó, está el deber de hacer un uso adecuado de las «capacidades», en función de la «carga de trabajo».
En todo caso, se felicitó de que con este juzgado «completamos la planta mercantil en la Región y la Administración de Justicia murciana se encuentra, por una vez, perfectamente pertrechada de los medios necesarios para dar la respuesta pronta y precisa que la economía y nuestros empresarios y comerciantes plantean». Y todo ello, «en unos sectores tan sensibles y en una época tan complicada como la que estamos viviendo desde el punto de vista económico», apuntó, en una clara referencia a los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania.
El Mercantil decidirá sobre asuntos relativos al transporte aéreo, terrestre y naval, así como sobre concursos y reclamaciones comerciales y mercantiles, temas de propiedad intelectual e industrial y recursos de personas jurídicas y físicas.
Miguel Pascual del Riquelme recordó que su institución «demanda como prioridad urgente para Cartagena la creación de, al menos, un nuevo juzgado de Primera Instancia en materia civil; eventualmente, dos, pero debemos comenzar por ese primero para superar la saturación actual». E instó a Arroyo, Vélez y entidades sociales a desechar «la aspereza y la reivindicación agria» y seguir en la «estrategia de encontrar espacios» que sirvan de «sede provisional» de juzgados y departamentos como el Servicio Común General, hasta que la Ciudad de la Justicia acabe con la dispersión en unos años. El Palacio de Justicia de Ángel Bruna está «colmatado» y, avisó, «suelen robar las plazas» aprobadas «quienes ponen a disposición del Ministerio locales».
El delegado del Gobierno afirmó que «este juzgado era más que necesario» y agradeció «la cesión y la rehabilitación de espacios» realizada por el Ayuntamiento. También mostró el «compromiso clarísimo del Ayuntamiento con las necesidades de la Justicia» y, en concreto, con el proyecto de la Ciudad de la Justicia.
«El Gobierno de España se ha comprometido con la Ciudad de la Justicia. Y la ministra, en su próxima visita a Cartagena, ratificará que no va a parar el Gobierno de España para poner en marcha, lo antes posible, este proyecto. Es una necesidad para Cartagena que se haga realidad lo antes posible», manifestó Vélez.
La alcaldesa señaló que «por fin se ha hecho realidad un sueño, que nos ha costado mucho trabajo y que esperábamos mucho antes». Aplaudió el consenso político y social alcanzado en la Mesa de la Justicia municipal, donde «peleamos por este juzgado», dijo. Y mostró su satisfacción porque este juzgado «viene en un momento fundamental de crisis económica, donde todavía tenemos que afrontar la recuperación», y porque beneficiará a la comarca y a su intensa «actividad económica e industrial», pues «acelerará todos los procedimientos».
Respecto a la apertura de nuevos juzgados, Arroyo afirmó que el Consistorio «colaborará para no sea un problema de espacio». Y se refirió a la oferta de locales del Ayuntamiento y de la Sociedad Municipal Casco Antiguo.
En cuanto a la Ciudad de la Justicia, indicó que «no podemos tener más retrasos», por lo que espera que la ministra, Pilar Llop, la reciba pronto, como prometió en Cartagena. En el encuentro, la alcaldesa le entregará un documento con «las necesidades» expuestas por profesionales y técnicos. También reclamó que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluyan una partida de cerca de 2 millones de euros para el proyecto de urbanización de los accesos, y que estas obras se realicen de forma simultánea a la redacción del proyecto de los edificios.
Vélez aseguró a LA VERDAD que la Demarcación de Carreteras del Estado ya ha autorizado la realización de esos acceso y afirmó que el dinero estatal no está en cuestión, por más que no aparezca en el borrador de los presupuestos por ser una cuestión «técnica». Arroyo añadió que, al tener ya el visto bueno de Carreteras, la Junta de Gobierno Local aprobará en breve la cesión de los terrenos.
En cuanto al Colegio de Abogados, Ángel Méndez afirmó que los letrados están «muy satisfechos» por la constitución del Mercantil. «Era una reivindicación desde hace muchos años por parte del Colegio de Abogados, del Procuradores y de la sociedad civil de Cartagena: COEC, Cámara de Comercio, Asociación de Graduados Sociales de Cartagena y Federación de Asociaciones de Vecinos», dijo. Y añadió que «gracias a la unión de todos, con la colaboración del Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno, se ha podido conseguir» .
«Es un gran avance para los profesionales y para la propia administración de justicia de Cartagena y era absolutamente imprescindible su puesta en marcha», señaló. Y manifestó que «hemos de continuar reclamando la colaboración de las administraciones para la ubicación de nuevas unidades judiciales, como son un juzgado de primera instancia y uno de instrucción, que son ya absolutamente necesarios». Y concluyó: «También solicitamos el nombramiento de un nuevo magistrado para la sección quinta de la Audiencia, al objeto de separar las jurisdicciones civil y penal.
La jueza decana, María del Mar Gómez, advirtió sobre la «excesiva carga de trabajo» en Civil y afirmó que «no podemos esperar» más tiempo a que se cree uno nuevo.
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