Un caso nacional que estalla en plena negociación para bajar el recibo

El nuevo informe del 'caso Pokemon' sobre las relaciones de Aquagest, ahora llamada Hidrogea, y el Ayuntamiento de Cartagena llega justo en plena negociación entre la concesionaria y el Gobierno local sobre la bajada de las tarifas. Las riendas de las conversaciones las ha cogido la alcaldesa, la socialista Ana Belén Castejón, que exige a la empresa reducir un 7% el recibo. La mercantil ofrece un 3% y la regidora, para disgusto de su socio de gobierno, Movimiento Ciudadano (MC), ha confiado hasta ahora en acercar posturas. Otro punto de fricción es la prórroga del contrato hasta el año 2042, cuya anulación exigen MC y Cartagena Sí Se Puede (Podemos).

La instrucción del 'caso Pokemon' incluye presuntas irregularidades en otros municipios de la Región, donde opera el grupo Agbar, a través de Aguas de Murcia (Emuasa) y Aguas de Lorca. En Murcia, se indaga el pago de viajes a Barcelona y Asturias al exedil de Hacienda Joaquín Moya-Angeler, y un viaje a Madrid del exalcalde Cámara (ambos del PP).

Además, se investigan si hubo pagos desde Lorca a la Fundació CatDem, de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), partido del que proceden los expresidente de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont (ahora en el PDeCAT). Y se analiza una trama masiva de presunta corrupción en los servicios públicos del agua en Asturias y Galicia, así como de supuesta financiación irregular del PP en Santiago de Compostela.