Las multas a dueños de perros caen un 60% en 4 años pese a las quejas por la suciedad

«Con un gesto ganamos todos. Es obligatorio recoger los excrementos. Sanción: de 30 a 300 euros». Este es uno de los mensajes que el Ayuntamiento de Cartagena lanzó en la primavera del año pasado, dentro de una campaña de concienciación y advertencia sobre los deberes y las obligaciones de los propietarios de perros. El Consistorio centró sus esfuerzos en esta tarea de divulgación, realizada a través del área de Calidad de Vida, dirigida entonces por el concejal Francisco Calderón, y bajó el pistón en las tareas de control y sanción, encomendadas a la sección de Seguridad Ciudadana.

El número de multas por infracción de la ordenanza de animales de compañía cayó un 54%, desde las 378 que la Policía Local impuso en el año 2016 a las 172 de 2017. Si se toma como referencia los cuatro últimos años, dado que la última estadística oficial data del año 2013, cuando hubo 421 sanciones, la caída alcanzó el 60%.

La situación no llegó al nivel del año 2014, cuando los agentes solo formularon 28 denuncias. Los uniformes de los agentes escaseaban y las órdenes impedían realizar vigilancias de paisano (lo que redujo la efectividad de las patrullas). Sin embargo, el pasado ejercicio destacó en todo el lustro como la segunda anualidad con menos multas.

Esta situación contrasta con el aumento de las quejas vecinales por la suciedad de las calles de todo el municipio, un panorama que ha obligado incluso al equipo de gobierno a lanzar un plan de choque de limpieza, a través de la empresa Lhicarsa, que administra junto con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

«Es una realidad que la limpieza es deficiente. No podemos presumir de tener una ciudad turística y que la limpieza no esté en condiciones», declaró en noviembre la alcaldesa, Ana Belén Castejón. Y, a finales de febrero, los operarios de Lhicarsa empezaron su batida por calles, plazas, parques y jardines tanto de la ciudad, como de los barrios y las diputaciones.

La proliferación de excrementos y de orines de perros ha generado tantas protestas por parte de los cartageneros que incluso el gerente de Lhicarsa, Fernando Mateo, ha pedido un refuerzo de la unidad policial encargada de hacer cumplir la normativa sobre tenencia de animales domésticos. El concejal de Seguridad Ciudadana y Personal, Francisco Aznar, confía en poder reforzar esta sección a partir del verano, a raíz de la incorporación de diecinueve policías a la plantilla.

En todo caso, en el Ejecutivo local, gestionado por la coalición PSOE-MC hasta enero y desde entonces solo por los socialistas, afirman que la Policía hace todo lo posible por controlar y castigar las actitudes incívicas.

El Partido Popular ha exigido, en todo caso, que el Consistorio cumpla con la promesa de crear parques caninos en la Barriada Virgen de la Caridad y en Tentegorra (Parque de Rafael de la Cerda), así como permitir el acceso de perros a distintas playas. Calderón solo habilitó, en sus dos años y medio en la administración municipal, un 'pipican' en el Parque de la Rosa, que ahora está inactivo. Descartó el anunciado para la Morería Baja, porque según dijo la zona era «no idónea» para ese uso.

El Consistorio también tiene pendiente aclarar si modificará la ordenanza para mejorar el control de los perros y en concreto los aspectos sanitarios. Cuando lo haga, podrá obligar a los propietarios a incluir a sus mascotas en un registro público. A mediados de 2016, animó a los dueños de canes a acudir a clínicas veterinarias para insertarles un chip identificativo, así como al Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos (Catad), para inscribirlos en un censo local.