Una mujer presidirá la agrupación marraja acusada de sexista y señalada por Igualdad

La Agrupación de Granaderos tiene desde el viernes nueva presidenta: María Paloma Gómez Escudero, que hasta ahora venía desempeñando el puesto de vicepresidenta. Este nombramiento temporal no tendría mayor importancia si no fuera porque esa agrupación y la propia Cofradía Marraja están en el punto de mira del Ministerio de Igualdad y del Defensor del Pueblo, a los que una hermana de patente ha recurrido acusándolas de sexistas por impedir a ella y a su hija, menor de edad, desfilar en el tercio titular.

El ascenso de María Paloma Gómez se produce por la renuncia al cargo de quien era presidente en los últimos años, Miguel Acosta Carrasco, que presentó hace unos días su dimisión por razones laborales: tiene un nuevo destino en el organismo público en el que trabaja. El puesto de vicepresidente lo ocupará Miguel Acosta Pastor. Los estatutos de la cofradía establecen que en caso de vacante del oficio de presidente asumirá el cargo el primer vicepresidente y el resto de la junta continúa en funciones hasta nuevas elecciones. Al estar en la recta final de la Cuaresma, las próximas elecciones tendrán lugar tras la Semana Santa.

Tanto el Defensor del Pueblo como el Ministerio se han dirigido al Ayuntamiento para que informe si la Cofradía Marraja percibe subvenciones municipales, con el propósito de que revisen su concesión por un supuesto caso de discriminación sexista en el seno de esa agrupación que integra a los figurantes que representan a los soldados que en el siglo XVIII desfilaban de uniforme en las procesiones cartageneras. El caso ya se vio en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena, que falló que no había tal discriminación puesto que la junta general de la agrupación por unanimidad, hermanas incluidas, rechazó por razones historicistas y de tradición que dos mujeres vistieran el traje del tercio de granaderos. No obstante, dejó abierta la puerta a recursos en instancias superiores de la juridicción canónica. También esas hermanas pueden recurrir a la vía civil. Pero de momento han buscado amparo en el alto comisionado que desempeña Ángel Gabilondo y en el ministerio de la socialista Ana Redondo. El Ayuntamiento ya ha respondido que no da ayudas directas a la cofradía y traslada las alegaciones de ésta a las acusaciones recibidas.

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