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Relevó en febrero como decano del Colegio de Abogados de Cartagena a Antonio Navarro Selfa, en cuyo equipo era vicedecano, y desde entonces ha tenido « ... meses de muchísimo trabajo», que compagina con el de su bufete particular. Destaca avances como la renovación de la web del Colegio y la asistencia legal gratuita a los refugiados ucranianos. Y denuncia, por enésima vez, que el Ministerio de Justicia aún no haya anunciado aún la ubicación de la Ciudad de la Justicia.
–¿Qué logros destacaría de sus primeros meses como decano?
–Han sido meses de muchísimo trabajo. Es un privilegio trabajar por nuestra profesión junto al resto de miembros de la Junta de Gobierno, con mucho esfuerzo e ilusión. Como asunto más importante, me tengo que referir a la elaboración de los nuevos estatutos del Colegio. Dentro del Turno de Oficio, hemos avanzado en aspectos significativos como la creación de uno específico de Extranjería. Y hemos creado un listado de voluntarios para prestar servicios de guardia en festivos y vacaciones, que en agosto utilizaron numerosos letrados. Y, cómo no, las reivindicaciones son continuas exigiendo los importes adeudados a los profesionales del Turno de Oficio y la mejora del baremo de indemnización, en asuntos y cuantías. También estamos más que satisfechos con avances muy significativos en nuestra web, así como en transparencia. Y destaco la respuesta dada por nuestros compañeros ante la situación de los refugiados ucranianos.
–¿Qué le parece el nuevo retraso en el proyecto de la Ciudad de la Justicia y qué expectativas tiene en cuanto a plazos?
–Las últimas noticias fueron que el secretario de Estado del Ministerio de Justicia (Antonio Julián Rodríguez) aseguró el 28 de junio que «en un plazo no superior a quince días» iba a visitar Cartagena, para anunciar la ubicación definitiva de la Ciudad de la Justicia. Por supuesto, han pasado esos quince días y seguimos sin ubicación. Realmente no se puede entender qué están esperando. Por supuesto, nada sabemos del señor Secretario de Estado. El delegado del Gobierno aseguró en agosto que dicho señor vendría en septiembre a anunciar lo que dijo que iba a anunciar en julio. En fin... Insistimos: por favor, dígannos de una vez dónde se va a ubicar la Ciudad de la Justicia. No hay justificación alguna para este nuevo retraso. Y empiecen inmediatamente a presentar el proyecto de construcción y a trabajar en el mismo. Cartagena no puede permitirse el lujo de esperar otros cuatro o cinco años a que esta infraestructura sea una realidad.
–¿A qué atribuye otra demora: la de la apertura del Juzgado de Lo Mercantil, anunciada esta vez para el 31 de octubre?
–Lo de este juzgado es otro misterio sin resolver. Es realmente inexplicable cómo no está funcionando desde hace, al menos, un año. Parece que en Cartagena todo cuesta mucho más que en cualquier otro lugar. Y no podemos conformarnos con esta situación, ni lo vamos a hacer. Este juzgado va a dar servicio al partido judicial de Cartagena y al de San Javier. La necesidad la impone el propio tejido empresarial de ambas zonas. La actividad mercantil, industrial y de transporte marítimo justifica sobradamente la imperiosa necesidad de su apertura. Hablamos de más del 24% de la población de la Comunidad Autónoma y cerca del 21% de las empresas y del 60% de las plazas hoteleras ofertadas. El juzgado va a dar servicio a una población importantísima, que será atendida con una justicia cercana.
–El temor a una recesión puede aumentar el número de solicitantes de asistencia jurídica gratuita en el Colegio. ¿Qué datos manejan y qué previsiones hay?
–En 2021 recibimos más de 8.600 solicitudes del Beneficio de Justicia Gratuita. Y este año, hasta agosto, 4.185. Si la crisis económica se hace realidad, habrá un incremento significativo. Estaremos preparados y se atenderán perfectamente, ya que este servicio público esencial es algo absolutamente prioritario. Y ello, a pesar de que existe un desprecio absoluto al trabajo de la abogacía de oficio por parte del Gobierno. No es una novedad. Muchas actuaciones no son pagadas y las que se pagan están sujetas a baremos desactualizados desde hace muchos años, con cantidades irrisorias. Es urgente un nuevo baremo.
–¿Confía en la creación de nuevos juzgados en 2023 en Cartagena y en los años siguientes? ¿Cuáles deben ser la prioridades?
–No puedo confiar en la apertura de nuevos juzgados, por cuanto no hay sitio predeterminado para ubicarlos. El Ayuntamiento se ha puesto siempre a nuestra disposición y está dispuesto a ceder locales para cubrir las necesidades más urgentes. Pero la experiencia con el Ministerio de Justicia nos hace ser absolutamente desconfiados. Como necesidades más urgentes nos encontramos con las de un Juzgado de Primera Instancia, un Juzgado de Menores y uno de Instrucción.
–Los abogados de oficio han denunciado las precarias condiciones en que prestan servicio en el campamento montado por el Gobierno en Escombreras para dar asistencia a los inmigrantes llegados en pateras. ¿Qué situaciones han vivido?
–Las situaciones en que se encuentran los inmigrantes en Escombreras son realmente muy malas. Están en tiendas de campaña, al sol, y las condiciones de salubridad son muy deficientes. Hemos tenido públicamente que denunciar esta situación, por cuanto no es admisible algo así. Los letrados que acudimos a asistirlos no tenemos ni una mesa para poder apoyar los documentos, firmar, etcétera. Necesitamos también que haya un intérprete.
-El Colegio ha vuelto a reclamar la apertura del CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros), que estará provisionalmente en El Espalmador.
-Sí. Hemos dicho ya en bastantes ocasiones que se necesita su apertura por muchísimas razones, como son de seguridad, salubridad, y jurídicas. Esperamos que sea real la apertura inminente de ese CATE provisional.
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