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La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, anunció ayer la intervención del servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de basuras en el vertedero del Gorguel, si no se aclaran las presuntas irregularidades de FCC reflejada en una investigación iniciada en enero por técnicos municipales. Una auditoria sobre el servicio advierte del presunto uso indebido de maquinaria para tareas no incluidas en el contrato y del supuesto impago de al menos 600.000 euros de tasas del vertedero, en el que habrían entrado 9.000 toneladas de residuos sin notificar desde 2016.
Castejón compareció en el Palacio Consistorial acompañada por la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y por el teniente de alcalde, Manuel Padín, para informar de las primeras conclusiones de la investigación. A continuación, participaron en una Junta de Gobierno Local para aprobar la apertura de un «expediente de contradicción» sobre los hechos. «Lo notificaremos a FCC, que tendrá la oportunidad de explicarse», indicó Castejón. Esta empresa es socio mayoritario y gestor de Limpieza e Higiene de Cartagena (Lhicarsa) sociedad mixta en la que el Ayuntamiento tiene una pequeña participación. Lhicarsa se encarga de la limpieza urbana y la recogida y el tratamiento de residuos.
El contrato es hasta 2045. El gerente pertenece a FCC y actúa bajo una supervisión municipal que ha permitido detectar las presuntas irregularidades que ahora deberá aclarar. La investigación ha acreditado indicios sólidos del empleo de siete camiones del contrato público de recogida de basuras en servicios particulares de FCC a empresas al menos desde hace cuatro años.
En 2015, FCC planteó al Ayuntamiento retirar dichos vehículos porque estaban amortizados. Como no obtuvo respuesta, algunos fueron desprovistos de los rótulos oficiales y comenzaron a ser empleados para recoger basuras en el Arsenal, en la refinería de Escombreras y en una cadena de supermercados, según los inspectores del Ayuntamiento. Esos residuos iban a parar al vertedero municipal del Gorguel sin pagar tasa. Lo mismo que los restos de poda del contrato de jardines que FCC administró en Cartagena hasta 2018.
La investigación no solo trata de aclarar si FCC usó medios técnicos y propiedades municipales para negocios privados. También si empleo trabajadores. «El del personal es un apartado que hay que aclarar, porque este expediente está abierto», indicó la vicealcaldesa, Noelia Arroyo.
Los indicios de irregularidades son tan verosímiles para Castejón que explicó las opciones que baraja si se confirman. «Una es la suspensión del contrato y la otra, la intervención del servicio hasta que se subsanen las irregularidades», explicó. La primera solo se aplicará si es imposible enderezar de otra forma la gestión del servicio. La segunda es la más probable y significará nombrar a un nuevo equipo directivo, que llevará la gestión de Lhicarsa de forma temporal.
El expediente aprobado confirma la paralización de algunos trámites en Lhicarsa. Las cuentas de 2019 seguirán sin aprobar hasta que se aclare lo sucedido. También queda en suspenso la renovación de maquinaria por valor de más de nueve millones de cara a la próxima década.
«Para que nadie pueda utilizarlo como un argumento en contra de la intervención, aseguro hoy que la plantilla seguirá en las mismas condiciones que ahora, pase lo que pase», indicó la alcaldesa. Asimismo, informó a los ciudadanos de que ninguna de las decisiones que se puedan tomar en el futuro irá en detrimento del servicio sino, precisamente, para subsanar las deficiencias que ella misma ya ha denunciado en los últimos tiempos.
Audiencia. FCC será requerida para que aclare las presuntas irregularidades detectadas y pueda defenderse.
Devolución. Recaudación municipal solicitará la devolución de 600.000 euros en tasas presuntamente no liquidadas.
Intervención. Si las irregularidades se confirman, la gestión del servicio será intervenida hasta solucionar el problema.
Ana Belén Castejón subrayó que es «ahora, cuando se ha finalizado el expediente, con la adición hace pocas horas del dictamen de la Intervención Municipal, cuando está abierto a la consulta por parte de los grupos de la oposición». La alcaldesa hizo así velada alusión el intento de ediles de MC de consultarlo hace dos semanas en el Área Municipal de Infraestructuras.
Aquella visita concluyó con una denuncia del jefe del servicio contra el portavoz municipal del partido localista y exalcalde, José López, por atentado, amenazas y coacciones ya que el edil no aceptó de buen grado la negativa a recibir información y se encaró con el funcionario. «La frustración que pueda sentir alguien por no haber actuado en su momento no nos incumbe. Este Gobierno local sí lo ha hecho», manifestó Castejón, en referencia a que López era alcalde en 2015, cuando habrían comenzado las supuestas irregularidades que han dado lugar a esta situación.
«Esperaremos a que nos den traslado del expediente para estudiar su contenido» y «cuando se nos notifique, y lo hayamos analizado, se dará respuesta como siempre se ha hecho». Estos fueron los dos mensajes que transmitió ayer FCC tras conocer por LA VERDAD que la alcaldesa, Ana Belén Castejón, estudia la intervención del contrato de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos como medio para atajar varias presuntas irregularidades detectadas por técnicos municipales.
Representantes de FCC asistieron a la reunión del consejo de administración de Lhicarsa, que tuvo lugar a principios del mes de junio. Fue entonces cuando Castejón expuso sus pegas sobre el servicio y cuando quedaron sobre la mesa tanto la aprobación de las cuentas de 2019 como la renovación de la maquinaria para la próxima década. Sin embargo, esos directivos no consiguieron despejar las dudas de la primer edil que, por lo que trascendió ayer, siguen existiendo. Ahora, FCC esperará a la notificación del Ayuntamiento para pronunciarse.
Entre los grupos de la oposición municipal, Vox dijo apoyar «rotundamente la fiscalización como norma básica para todos los concesionarios que prestan sus servicios en Cartagena. No podemos consentir que ninguna empresa use recursos de todos los cartageneros para un fin lucrativo con otros clientes», indicó la concejal de la formación Pilar García.
Desde Unidas Podemos denunciaron «el postureo y la jugada del Gobierno de Castejón, Cs y el PP, que desde siempre han tapado las miserias de FCC y que ahora se ven forzados a reconocer un rosario interminable de irregularidades gracias al trabajo riguroso y honesto de los técnicos municipales. Si son valientes y defienden de verdad a Cartagena, que junten las pruebas y que las lleven al juzgado», plantearon en un comunicado.
MC, a cuyo portavoz, José López aludió Castejón, dado que era alcalde cuando habrían empezado las irregularidades, anunció la convocatoria de una rueda de prensa para hoy.
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