El juez prorroga la investigación sobre el presunto desfalco en el barrio universitario

Han pasado más de tres años desde que el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, vio reconocido por la Justicia su derecho a ingresar 2 millones de euros por los ingresos extraordinarios logrados por la empresa Residencial Puerta Nueva con la venta de viviendas en el barrio universitario, dentro del proyecto urbanístico adjudicado mediante concurrencia pública en el año 2003. El concurso voluntario de acreedores de la mercantil, que podría ser declarado culpable y exigir a los responsables el responder con su patrimonio personal, tiene por ahora bloqueado el pago de la deuda con el municipio desde octubre de 2014. El 'agujero' es de 22 millones de euros y hay más de veinte acreedores.

Aunque es casi imposible que Casco Antiguo cobre a través de ese concurso, tramitado por el Juzgado de Lo Mercantil 1 de Madrid, podría hacerlo si hay efectos civiles en caso de una condena penal de los socios de Puerta Nueva, por un presunto desfalco de la empresa.

Las esperanzas de los responsables municipales para cubrir al menos parte del 'agujero' del barrio universitario (donde se aseguró por contrato el 30% de las plusvalías urbanísticas pero no las reclamó entre los años 2007 y 2010) están puestas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena.

En una resolución dictada en septiembre, y a la que accedido 'La Verdad', el magistrado José Juan Soubrier ha declarado compleja la causa. Para poder completar una serie de diligencias de investigación antes de archivar el expediente o abrir juicio oral, ha ampliado el plazo de instrucción en dieciocho meses. Es el máximo que permite la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina, con carácter general, un tope de seis meses.

De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que en 2015 interpuso una denuncia contra Puerta Nueva (el entonces concejal de Movimiento Ciudadano en la oposición José López exigió en el Consejo de Administración de Casco Antiguo que remitiera información al fiscal), el magistrado ha ampliado el plazo.

Tras haber recabado distinta documentación y haber tomado declaración a varios imputados, el juez considera que se dan las circunstancias recogidas en la Ley para no dar carpetazo a este asunto. En concreto, apunta que las actuaciones involucran a diversos investigados o víctimas, que exige la realización de pericias o colaboraciones externas que implican el examen de abundante documentación y que precisa revisar la gestión de personas jurídico-privadas. Respecto al primer punto, hay cuatro personas investigadas (antes se denominaba imputadas) por los presuntos delitos de insolvencia punible y de apropiación indebida.

Son Jesús Espelosín, consejero delegado mancomunado de Puerta Nueva y exedil de Urbanismo de Madrid por el PSOE; de Antonio José Lleó, consejero delegado de Puerta Nueva; de Santiago López, consejero delegado de Sethome Construcción y Promoción SA; y de Agustín Alonso, representante de Aljama Tres Inversiones SL, entidad administradora única de Mistral Inversiones SL, y de Medi Valencia. Alonso es, además, hermano de José Antonio Alonso, alcalde socialista de Cartagena de 1991 a 1995 y exgerente de la promotora.

El año pasado, Espelosín y Lleó admitieron ante el juez que Puerta Nueva dio préstamos por 9,2 millones de euros, sin garantías de cobro, a tres sociedades integradas en Puerta Nueva. Afirmaron que las firmas receptoras fueron solventes, hasta la llegada de la crisis inmobiliaria. En el caso de Agustín Alonso y Santiago López, según fuentes judiciales dijeron que el dinero fue repartidos en un momento de elevada liquidez, para reforzar actividades comerciales.

El juez pidió, no obstante, explicaciones sobre el hecho de que, al menos en un caso, Puerta Nueva recibió el dinero pese a que ya había sufrido un acusado descenso de sus beneficios, al haber caído las ventas de viviendas; y que, al poco tiempo, entró en situación de pérdidas.

La apropiación indebida habría consistido en que los préstamos no fueron destinado al objeto social de la promotora, que era exclusivamente el desarrollo del plan urbanístico, sino a un reparto encubierto de beneficios justificado como inversiones inmobiliarias. Los créditos fueron concedidos en una etapa en que la alcaldesa (1995-2015) y actual senadora del PP Pilar Barreiro (amiga íntima del exalcalde Alonso), formaba parte del consejo de administración de Puerta Nueva, con la tarea de velar por los intereses municipales. Respecto a la insolvencia, habría tenido lugar al vaciar a propósito la empresa, para defraudar a los acreedores.