El juez decidirá si los cinco policías de Cala Cortina vuelven a prisión

Los cinco policías nacionales acusados en el ‘caso Cala Cortina’ aceptaron ayer, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, que tiene su sede en Cartagena, que se les imponga una pena de cuatro años de cárcel por delitos de detención ilegal y de homicidio por imprudencia en la muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez en marzo de 2014. Cada uno afrontaba al principio peticiones de penas de entre 20 y 24 años.

En una vista presidida por el magistrado Jacinto Aresté, los agentes José Carlos Mateos Luján, José Antonio Costas Guerrero, José Luis Solano Albaladejo, Rubén Manuel Forné Navarro y Raúl Aguado Rodríguez aprobaron el acuerdo alcanzado por sus abogados, los letrados de las acusaciones particulares y la Fiscalía.

El juicio, con un jurado, habría abarcado casi todo octubre y principios de noviembre. Esas largas jornadas de juicios ya no serán necesarias, pues los agentes confesaron haber metido de noche en un vehículo del 091 a Diego Pérez, intimidándolo y vulnerando su libertad, y haberlo llevado contra su voluntad hasta la playa de Cala Cortina.

Según el pacto, en ese lugar solitario y alejado del centro de Cartagena, omitieron cualquier norma de cuidado respecto de una persona que estaba bajo su custodia, lo que acabó determinando el fallecimiento de Diego Pérez. El escrito no entra en la forma en que se pudo originar la muerte del vecino de Las Seiscientas, que sufría esquizofrenia y trastorno de la afectividad. Sí que se establece que los policías no tenían intención de acabar con su vida.

Quedó fuera del acuerdo, puesto que se trata de una cuestión ejecutoria, la posibilidad de que el tribunal aplique la ley que permite suspender la entrada en prisión de los condenados si cada uno de los delitos no supera los dos años. Como en este caso, el castigo por cada uno de los dos reproches penales es de dos años, los funcionarios podrían beneficiarse de esa regulación y por lo tanto no volverían a ser recluidos.

No obstante, la Fiscalía y el abogado de la familia de Diego Pérez reclamaron que, debido a la gravedad de delito y a que sus autores tienen un deber especial de servicio a los ciudadanos, los policías sean de nuevo puestos entre rejas para cumplir los dos años y diez meses que les restan de condena.

Los agentes estuvieron de forma provisional en ella un año y dos meses. Fue entre octubre de 2014, cuando fueron arrestados en una operación de Asuntos Internos de la Policía, y en diciembre de 2015, cuando fueron puestos en libertad provisional a la espera del juicio. Entre medias, en octubre de 2015, falleció en prisión un sexto agente imputado.

Los abogados defensores pidieron que se aplique la suspensión de la entrada en la cárcel. En caso de ser aceptada esta solicitud, si los agentes volvieran a delinquir, serían encerrados automáticamente. Respecto a la pena de inhabilitación para el ejercicio del empleo público durante el tiempo de la condena, el Ministerio Público y la acusación particular pretenden que el tribunal determine la inhabilitación absoluta para los policías. Esto llevaría aparejado, según fuentes judiciales, la apertura a nivel administrativo de un expediente disciplinario por parte del Ministerio del Interior y la expulsión automática del Cuerpo Nacional de Policía.

Según esas mismas fuentes, durante la duración de la pena, los policías no podrían ejercer empleo o cargo público alguno, ni podrían presentarse a las oposiciones en un periodo aproximado de diez años, porque hasta constarían sus antecedentes judiciales. Fuentes de la Fiscalía recordaron que el Código Penal no permite suspender la inhabilitación.

A pesar del acuerdo, quedó pendiente de resolver para una vistilla que se celebrará el próximo martes, y a la que en principio irán los agentes, la cuestión de las indemnizaciones a la familia del fallecido. En concreto, las partes están de acuerdo en que se resarza a la hija menor de Diego con 200.000 euros y a cada uno de los cinco hermanos del fallecido con 50.000 (la Fiscalía elevó su petición inicial de 30.000 euros), lo que hace en total de 450.000 euros. Los acusados ya ingresaron 60.000 euros, pero el abogado del Estado discute estas cantidades porque, según manifestó, la administración pública no admite números redondos, sino que exige un cálculo detallado de las cantidades.

El letrado Nicolás Valero explicó tras la vista que en todo caso el Estado garantizaría el pago de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil subsidiaria siempre que se declare la insolvencia de los acusados. En todo caso, la administración haría todo lo posible para recuperar el dinero, incluso embargando salarios y bienes a los agentes.

El abogado de la acusación particular, Francisco Belda, señaló que con la confesión de los hechos y la reparación económica se consigue el objetivo de evitar las incertidumbres del juicio y ciertos ‘riesgos’ del jurado. También que los agentes hayan admitido ser responsables de la muerte de Diego por acción y omisión. En todo caso lamentó que no se haya podido determinar los que actuaron por acción y los que lo hicieron por omisión, puesto que Diego apareció en el mar con una fractura de cuello. En todo caso considera que el largo y complejo juicio tampoco era una garantía de «conocer con detalle la verdad de lo ocurrido» en la fatídica noche del 11 de marzo de 2014.

«No se les podrá decir jamás que son asesinos u homicidas. Aquí no ha matado nadie a nadie. Ni hay retorcimiento de cuello, ni lesiones, ni leches. No hay nada. Hay un homicidio por imprudencia», dijo Raúl Pardo-Geijo, letrado de uno de los policías. Añadió que se demuestra que era imposible que los agentes mataran a Diego en dos minutos y que, en siete, lanzaran su cuerpo al mar y huyeran. Y señaló que Diego se perdió, por causas desconocidas y apareció muerto.

Las fuentes consultadas en la Fiscalía indicaron que hubo una detención ilegal, y que, según la confesión de los agentes, como consecuencia de una acción o bien por la omisión de los deberes de custodia, se ocasionó la muerte de Diego. Añadieron que el escrito inicial de la Fiscalía solo ha sido modificado en lo relativo al cambio de calificación, de homicidio doloso a homicidio imprudente, al no haberse practicado las pruebas en el juicio. El caso quedará visto para sentencia tras la vista del martes.