Los jueces también consideran la Ciudad de la Justicia de Cartagena una «imperiosa necesidad»

Un sexto magistrado en la Audiencia permitiría subdividirla en dos secciones, una civil y otra penal. Ganarían en especialización y sacarían mucho más rendimiento al trabajo, señaló Pasqual del Riquelme tras la visita que ayer realizó al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. Le entregó la memoria de actividades del TSJ en 2019.

El representante de la judicatura en la Región también reivindicó la necesidad de disponer en Cartagena de una Ciudad de la Justicia que acabe con la dispersión de órganos por todo el casco urbano y cubra las expectativas de crecimiento de su partido. «Es una necesidad imperiosa y tenemos que hacernos presentes en Madrid. Cartagena no necesita cualquier cosa», dijo Pasqual del Riquelme teniendo en cuenta el volumen de trabajo de sus juzgados, así como la previsión de crecimiento de futuro debido al peso social, empresarial y político de la ciudad.

La referencia a la capital de España la hizo porque pidió a Alberto Castillo apoyo del Parlamento regional para que haga suya la reivindicación de más medios para la Administración de Justicia en la Comunidad. Entre esas reclamaciones se sitúa destacada la del nuevo edificio para Cartagena.

La construcción de un campus judicial pasa por que el Ayuntamiento ponga los terrenos a disposición del Ministerio, que siempre construye sobre suelo cedido por los municipios. La principal opción por ahora es comprar al Ministerio de Defensa la parcela de la Avenida Reina Victoria donde se ubica la Factoría de Subsistencias de la Armada y cederla para ese fin. Pero la fecha de traslado a la Estación Naval de La Algameca de los servicios que quedan en esos almacenes militares sigue sin estar clara y la operación se eterniza. Abogados, procuradores, graduados sociales, vecinos, empresarios, fiscales y también jueces están de acuerdo en que esa operación no debería demorarse mucho más. Así que el Ayuntamiento busca alternativas por si no sale adelante.

Tras las últimas reclamaciones de los profesionales del Derecho y de la sociedad civil, hace ya casi un mes, la alcaldesa envió una nueva carta al ministro Juan Carlos Campo pidiendo desbloquear esa situación. Ana Belén Castejón anunció ayer que ha convocado para el día 10 de septiembre una reunión de la Mesa de la Justicia para informar de sus últimas gestiones con los dos ministerios implicados en esta operación.