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Jueves, 3 de abril 2025, 13:48
El interventor general de la Comunidad Autónoma, David Rodríguez, aseguró en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional que las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 «presentan fielmente la situación económica, financiera y patrimonial» de la Comunidad y fueron remitidas en plazo al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, advirtió de que el déficit del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha causado desequilibrios financieros en las cuentas de esos años.
Durante su intervención, el interventor advirtió de la distorsión que provoca en los datos económicos el déficit del Servicio Murciano de Salud (SMS), que representa el 97% de las pérdidas del sector público. Según explicó, los derechos de cobro a la administración están sobrevalorados en más de 1.300 millones de euros y las obligaciones de pago infravaloradas en 1.000 millones, debido al déficit acumulado de financiación del SMS. Esta situación afecta directamente al cálculo del remanente de tesorería, dando una imagen de solvencia que «en realidad no existe».
Rodríguez señaló que esta sobrevaloración podría haber generado «consecuencias graves», como una falsa percepción de liquidez que llevara a incorporar créditos injustificados o a dar una imagen errónea a posibles prestamistas. «Afortunadamente, en los años que llevo como interventor no se ha incorporado ningún remanente no afectado», matizó. Además, expuso que «a partir de 2023 se han empezado a introducir ajustes contables para reflejar el deterioro del valor de esos derechos considerados de dudoso cobro».
En relación con los presupuestos, en 2020 se partió de unos créditos iniciales de 6.000 millones de euros, que tras modificaciones ascendieron a casi 7.500 millones. En 2021, el presupuesto definitivo alcanzó los 8.000 millones. El grado de ejecución fue del 96% en 2020 y del 95% en 2021. Los derechos reconocidos netos fueron de 7.400 millones en 2020 y de 8.161 millones en 2021, siendo el sistema de financiación autonómica la principal fuente de ingresos (52% en 2020 y 47% en 2021). El interventor destacó también la importante contribución de los fondos extraordinarios recibidos para afrontar la crisis del COVID-19.
Respecto al déficit, la Región cerró 2020 con un -1,2% del PIB y 2021 con un -1,4%, lejos de los objetivos indicativos fijados para esos años. La deuda pública pasó de 10.181 millones de euros en 2020 a 10.660 millones en 2021. Por otro lado, los plazos de pago a proveedores mejoraron desde mediados de 2020, permitiendo al Ministerio de Hacienda levantar el procedimiento de retención de fondos en enero de 2021.
Finalmente, Rodríguez señaló que uno de los principales retos es ajustar el gasto público a las necesidades reales de la Administración, y respaldó las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la conveniencia de implantar procesos centralizados de compra para mejorar la eficiencia del gasto. «Debemos conciliar la calidad de los servicios públicos con una gestión presupuestaria responsable», concluyó.
Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Carmina Fernández calificó de «devastador» el informe, asegurando que pone de manifiesto «una situación de ruina» en la Comunidad. Criticó «la desorganización» en la administración regional y afirmó que, pese a una financiación desbordada en 2020 y 2021 por los fondos COVID, el Gobierno regional fue «incapaz» de controlar las cuentas.
El diputado del PP Carlos Albaladejo reconoció que la situación financiera es «mejorable», pero señaló que la pandemia dificultó la gestión. En ese sentido, defendió los planes estratégicos del Gobierno regional e insistió en que la infrafinanciación es la principal causa de los problemas económicos. «La Región es la peor financiada de España», recalcó.
Desde VOX, Rubén Martínez denunció la «dejadez histórica» del Ejecutivo y la «falta de control contable», recordando que siguen sin aprobarse cuentas desde 2013. Acusó al Gobierno de «no saber hacer las cuentas o de que alguien se está llevando el dinero». También alertó del «agujero» económico del SMS y exigió modificar su normativa. Criticó que otros entes como Esamur o el Instituto de Industrias Culturales también presenten desequilibrios.
Por último, Podemos, a través de Víctor Egío, lamentó que la cuenta general «no incluya una visión completa del sector público». Subrayó que el SMS es el responsable del 97% de la deuda y que la Región incrementó su deuda respecto al PIB. Finalmente, instó a hacer un análisis «realista» del sistema de financiación y del funcionamiento del modelo sanitario regional.
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