Indignación entre vecinos, empresarios y la Corporación por el frenazo al nuevo cuartel de Cartagena

Si hay malestar por eso, también lo hay por que el proyecto incluya ahora solo 40 de viviendas de las 96 previstas en un principio para las familias desalojadas en agosto de 2023; que se haya perdido un año desde que comenzó el derribo de las instalaciones y que los servicios de la Benemérita tengan que estar dispersados sin que haya una fecha para volver a centralizarlos.

El equipo de gobierno local fue claro. En su opinión, lo que ha hecho el Gobierno central paralizando el proyecto de la casa cuartel es «abandonar a las familias de los guardias civiles, que se quedan sin casa, y a Cartagena, que se queda sin cuartel». La alcaldesa, Noelia Arroyo, dijo que de esta forma se pierden 32 millones de euros para una actuación que era urgente y para la que «ahora no hay ni fecha ni dinero». «Está claro que la ciudad y sus guardias civiles han dejado de ser una prioridad para el Gobierno», afirmó.

Vox, que también pertenece al ejecutivo local, culpó directamente a Pedro Sánchez de ser «incansable en la mentira». Y aseguró que «el cuartel y la seguridad ciudadana de Cartagena no es urgente ni importante, pero sí lo es el CATE, cuyas obras comenzaron hace un año y estará en funcionamiento este mes, con una capacidad de 440 personas».

Dura también fue la crítica por parte de la oposición. Para MC, queda claro que lo «único urgente» para el PSOE era «desahuciar» a las familias y que el buen funcionamiento del instituto armado «es una cuestión menor». «Lo peor de todo es que PP y VOX lo saben, y se limpian la conciencia engañando a los agentes y a sus familias, con una moción que exige que se construya a sabiendas de que es un proyecto parado», señaló el portavoz de la formación, Jesús Giménez Gallo. Y recordó que en el último Pleno, su grupo ya planteó la permuta por un solar municipal para desatascar el proyecto.

Para Sí Cartagena, el partido de la exalcaldesa Ana Belén Castejón, es «increíble» que ahora el Ministerio del Interior paralice el procedimiento de emergencia cuando en 2021 «el gabinete del ministro, siendo alcaldesa, me informó de que el proyecto estaba incluido en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado 2019-2025». Castejón explicó que ese año el Ayuntamiento estaba dispuesto a buscar «nuevas alternativas» viables y de rápida gestión para que la construcción se pudiera iniciar lo antes posible. «Estaba de acuerdo el Ministerio pero ¿qué ha pasado desde entonces?», se preguntó la edil.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, recordó que la tramitación para la construcción del nuevo acuartelamiento requiere un proceso administrativo que se tiene que hacer siguiendo las directrices de la Intervención General del Estado. «Las exigencias legales de contratación hay que cumplirlas, ¿o quizás el PP y Vox quieren que el Gobierno de España se salte la ley a la torea», indicó. Y sostuvo que las nuevas instalaciones «no corren peligro».

El presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, criticó también al Gobierno central por su «abandono» y «discriminación», no solo por el retraso del cuartel, sino por las demoras en los proyectos de la Ciudad de la Justicia y de las mejoras en el ferrocarril. «Nuestro malestar es absoluto. Esto va en detrimento de la ciudad y de su seguridad», aseveró.

Su homóloga en la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, cree que lo más relevante es la pérdida de eficacia del servicio al estar todos dispersos y de que no haya calabozos, así como que los agentes tengan que trasladar a los detenidos a cuarteles de municipios cercanos, con los problemas que ello acarrea de coste económico y de inseguridad.

Para la Federación de Asociaciones de Vecinos, en palabras de uno de sus vocales, Antonio Molina, lo peor no es solo el retraso que acumulará el proyecto, sino también «la pérdida de la financiación», que «se quede sin fecha para el inicio de la obra», y que «hayan reducido el número de viviendas».

El desalojo de la casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena comenzó el 9 de agosto de 2023 con las primeras mudanzas de las 86 familias que vivían en las instalaciones de la calle Ángel Bruna. La Secretaría de Estado de Seguridad abrió un expediente de emergencia por la situación de ruina de diez de los once pabellones del acuartelamiento. Una empresa de mudanzas se encargó de esos trabajos. Lo que entonces parecía que sería algo temporal, ya que el Ministerio del Interior dijo que en treinta meses tendría levantadas las nuevas dependencias, tiene visos de convertirse ahora en algo cuya solución se alargará bastante en el tiempo.

Y eso supondrá un coste más amplio para las familias, la mayoría de las cuales viven desde entonces de alquiler o con familiares, en algunos casos. El representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cartagena, Juan G. Montalbán, criticó que los perjudicados no reciben ningún tipo de ayuda para el arrendamiento.

Lo peor de todo ello es que la empresa que custodia los muebles y las pertenencias de esas familias en unos almacenes solo tiene pactado con el Ministerio del Interior treinta meses. Pasado ese tiempo, los guardias estarán obligados a sacarlo todo o a pagar el depósito de su bolsillo, generando un sobregasto.

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del Servicio Municipal de Vivienda, ofreció a los afectados una treintena de casas. De ellas, la mayoría fueron ocupadas. Además, hizo de intermediario entre agencias inmobiliarias, propietarios y los mandos de la Guardia Civil. Incluso, la Delegación del Gobierno realizó gestiones con la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, para facilitar viviendas en buenas condiciones y alquileres bajos.