El Gorguel sigue sin 'hoja de ruta' tras quince años de proyectos y más de veinte estudios

Una veintena de estudios económicos, ambientales y de mercado después, y una década y media de trámites no han sido suficientes para definir aún la 'hoja de ruta' precisa ni los plazos del proyecto más ambicioso de la Autoridad Portuaria de Cartagena: disponer una terminal para contenedores de mercancías en El Gorguel. Del año 2015, fecha dada por el impulsor de la dársena, el expresidente Adrián Ángel Vides, para que comenzaran a llegar los primeros barcos al macroopuerto, se pasó al 2020 para poner la primera piedra. Así lo anunció el relevo de Viudes, Antonio Sevilla. El actual presidente, Joaquín Segado, retrasa 'sine die' este momento y fija como tope el 2020 para completar los informes técnicos necesarios para que la Unión Europea (UE) decida sobre el proyecto. La dársena estaría cerca de la bahía de Portmán (La Unión), que está en pleno proceso de regeneración por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ante la acumulació de residuos mineros.

En la Autoridad Portuaria sostienen, sin embargo, que no han dejado de trabajar en los trámites medioambientales. Pero en los últimos cinco años, el organismo, que pertenece a la estructura del Ministerio de Fomento, apenas ha realizado movimientos en firme a favor de una iniciativa estancada en el Ministerio de Medio Ambiente.

En este tiempo, los técnicos han ultimado los complejos y costosos informes que deben recoger las medidas compensatorias terrestres definitivas; es decir, la solución técnica propuesta para contrarrestar los daños que las obras causarían en la Sierra de la Fausilla. En este caso, se propuso ampliar la superficie amparada por la Red Natura 2000 en más de 95 hectáreas: 93,5 en dos zonas del propio LIC de la Sierra de la Fausilla -Barranco del Avenque y Cabezo Galera- y casi dos en el cercano Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. En esta última demarcación se protegería un área de Cala Reona con hábitats dunares.

Ahora, el Puerto se centra en las actuaciones para mitigar la afectación en la flora y fauna marina sumergidas. Para pasar este trámite, por si no fueran pocos los que ya lleva realizados, tiene en marcha otros cinco estudios medioambientales. Los realizan el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, la Fundación General de la Universidad de Alcalá, la Fundación Oceanogràfic de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia.

El que más adelantado va es el que lleva a cabo la primera de esas instituciones, bajo el título de 'Evaluación de las posibles afecciones acústicas a cetáceos'. La investigación se basa en la bioacústica, para determinar la presencia de cetáceos y otros seres vivos en El Gorguel. «Abarca el estudio de los sonidos de origen biológico en una fase preoperacional del proyecto, y de las posibles afecciones acústicas en el medio marino», explicaron fuentes portuarias. Los expertos plantearán medidas de «prevención, corrección y mitigación de los ruidos de carácter antropogénico que la construcción y funcionamiento de la nueva dársena de contenedores de mercancías pueden ocasionar a los cetáceos». Asimismo, también se estudiará cómo podrían afectar las maniobras de las grandes embarcaciones.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Administración en mayo, se trabaja con el Instituto Español de Oceanografía. Este organismo público analizará, hasta finales del año, un estudio sobre el impacto que posibles obras tendrían en la flora y fauna de la costa. En este caso, se trata de un estudio relacionado con la biodiversidad del medio marino.

En concreto, los técnicos revisan los patrones sedimentarios y el efecto de la construcción de la nueva dársena sobre los mismos. También analizan el impacto antropogénico (actividad humana), de la contaminación y del ruido submarino ambiental, así como la modelización de los sonidos previsiblemente causado por el aumento del tráfico marítimo, entre otros aspectos.

El Puerto y Puertos del Estado rechazaron informar del gasto total destinado a los estudios del Gorguel. Solo la campaña para la adquisición de datos de corrientes marinas mediante perfiladores acústicos de corriente salió a licitación, este año, por 205.000 euros. En 2007, el estudio económico y financiero tuvo un coste similar. Y fuentes portuarias indicaron que el Puerto lleva un tiempo tratando de encargar al IEO un estudio valorado en un millón de euros.

La institución portuaria ofreció participar a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), pero por su rechazo a la construcción de esta infraestructura «nos negamos», recordó el presidente del colectivo, Pedro García. Similares sondeos ya están siendo realizados dentro de la Cátedra de Medio Ambiente Autoridad Portuaria-Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). El proyecto dirigido por el investigador Antonio Guerrero busca medir los ruidos impulsivos en el litoral que se dan de forma episódica durante trabajos en el puerto. Cuesta 20.000 euros.

Según dijo Segado, quedará realizar la tramitación ambiental, con todos los informes, tanto los de afectación terrestre como marina, para que sea la Comisión Europea la que decida. Eso no ocurrirá antes de dos años, añadió. Antes, si así lo decide el Ministerio de Fomento -al que se lo ha pedido formalmente el Gobierno regional cinco años después de haberlo anunciado-, el expediente pasará por el Consejo de Ministros, para su declaración como plan de «interés público» nacional por motivos socioeconómico. Sería un espaldarazo ante la Unión Europea, a la hora de poner en la balanza si la creación de riqueza y empleo compensa de maner suficiente el impacto ambiental.

El ejecutivo regional, del PP, envió en agosto la petición a Fomento, del PSOE. Lo hizo amparándose en la solicitud de una treintena de organizaciones, como Croem, Círculo de Economía de la Región de Murcia, Proexport y la Cámara de Comercio de Cartagena. La Comisión Europea tiene las competencias para resolver si el proyecto es aceptable con medidas de corrección parcial del daño a unos espacios marítimos y terrestres protegidos por la Red Natura 2000. La inversión prevista es de 1.310 millones, de los que el Puerto de Cartagena -integrado en Puertos del Estado- aportaría 525 y el resto, empresas privadas. El cálculo es llegar a mover 4 millones de contenedores al año y generar 3.000 empleos directos y 15.700 inducidos, cifra que la Federación Regional del Metal (Fremm) eleva a 30.000.

Varios informes ambientales cuestionan, por ahora, el proyecto en todo o en parte. En 2016, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) advirtió en su 'Atlas de las praderas marinas' del impacto negativo sobre el litoral de la Región que tendría el macropuerto. Y en 2013 y 2014, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente advirtieron de carencias a la hora de minimizar los efectos sobre especies y hábitats.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente recordó la necesidad de evaluar la 'alternativa cero', prevista en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, del año 2007.: no hacer nada por razones ambientales, técnicas, económicas y de otra índole.