Frente administrativo contra el nuevo deslinde en Cabo de Palos

Todo este procedimiento implica que el Gobierno delimite el área de titularidad estatal y revise la situación legal de cada parcela. Este proceso implica examinar si los propietarios de las viviendas, algunas de ellas con porches, tienen concesiones administrativas en vigor para ocupar el dominio público y si pueden optar a prórrogas de hasta treinta años o deben entregar las llaves a la Demarcación de Costas del Estado, paso previo al derribo de las construcciones.

Sin embargo, en las alegaciones presentadas por la Comunidad se indica que la propuesta del Gobierno central es improcedente porque la mayoría de los terrenos afectados han perdido sus condiciones originales, en referencia a sus características naturales de playa, acantilado o zona de servidumbre de tránsito. Además, la servidumbre de protección que plantea el deslinde supondría también que otras viviendas de la localidad resultaran afectadas.

Por otro lado, ante la justificación de este deslinde con criterios como el de los temporales marítimos, los letrados de la Comunidad y del Ayuntamiento interpretan que la ley fija que el límite se tiene que alcanzar al menos en cinco ocasiones en un periodo de cinco años. Sin embargo, en el informe del Ministerio no queda acreditada esta cuestión ya que solo se muestra una fotografía del año 2020 con los efectos del huracán 'Gloria'.

Según indicaron fuentes oficiales, en el informe desfavorable de la Comunidad también se acredita que cuando se aprobó la Ley de Costas estos terrenos ya eran urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena de 1987, que sigue vigente. Por ello se establece una servidumbre de protección de veinte metros pero no presentaban características de dominio público, como los tramos situados a ambos lados, en los que el espacio público marítimo terrestre se sitúa por delante de las ocupaciones.

En contraposición a la propuesta de la Demarcación de Costas, desde la Comunidad se plantea una adecuación del dominio público marítimo terrestre a la configuración física actual de este tramo, trazando una propuesta de deslinde nueva que coincida con la ribera del mar por delante de las ocupaciones, principalmente viviendas. De esa forma permitiría la prolongación del paseo marítimo de Cabo de Palos y proporcionaría acceso, protección y defensa a la costa, según los técnicos.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento de Cartagena plantea a la Demarcación que reconsidere la línea de ribera de acuerdo a la actual configuración de la zona edificada. Para los técnicos municipales, la actual situación no representa un problema para hacer en un futuro nuevas zonas de paseo y estancia ni la continuidad del paseo marítimo de la playa de Levante.