La Fiscalía vuelve a reclamar al Supremo el archivo de la causa de Barreiro en 'Púnica'

El fiscal del Tribunal Supremo Fernando Sequeros Sazatornil pidió este jueves a la magistrada Ana Ferrer que archive la causa contra la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por la presunta contratación de servicios de las empresas de la trama Púnica para mejorar su reputación en internet durante su etapa como primera edil de la ciudad portuaria, que habrían sido sufragados con cargo a las arcas públicas.

El representante de la Fiscalía ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que mantiene la solicitud que ya planteó el pasado 15 de marzo al considerar que tras la práctica de nuevas diligencias no se desprende la participación de Pilar Barreiro en hechos objetivos penalmente relevantes.

Pilar Barreiro se incorporó en el Pleno del Senado del pasado 10 de abril al Grupo Mixto tras dejar el del grupo popular para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el 'caso Púnica' se pudiera utilizar como «presión» al PP por parte de Ciudadanos.

El Tribunal Supremo asumió esta investigación tras elevar exposición razonada el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que tramita el caso Púnica.

En la comunicación del Juzgado se exponía «la adjudicación de contratos públicos que pagarían auténticos servicios particulares de buena reputación con dinero público».

Añadía que «más tarde se agradecerían con la adjudicación de un paquete de contratos licitados con los que el político ensalzado correspondería generosamente a las entidades que habían lavado su imagen personal».

Sin embargo, el fiscal concluye que de lo actuado no se desprende la participación de Pilar Barreiro en hechos objetivos penalmente relevantes, no se detectan indicios de responsabilidad suficientes que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra ella y «tampoco se han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción».

Explica que la entidad del comportamiento que los datos de la instrucción revelan, sin perjuicio de la intervención de otras personas cuya responsabilidad se investiga en otras actuaciones, «no merece otra consideración que la de su censura al haberse hecho acreedora de un merecido afeamiento».

No obstante, es un «reproche que no llega a tener encaje de manera adecuada en el orden penal al pertenecer la aprobación o desaprobación de la conducta enjuiciada a los dominios de la deontología».

El fiscal comenta que se trata del «ámbito de la ética profesional cuyo quebranto en el caso de los políticos viene sancionándose con innecesaria premura tan solo con el apoyo del dato de la pertenencia del afectado a un colectivo concreto o agrupación, al poder afectar su comportamiento a unos intereses corporativos eventualmente puestos en tela de juicio».

El Ministerio Público reitera la petición de archivo de la causa que ya planteó el pasado 15 de marzo.