La Fiscalía investiga las obras de desmonte para una urbanización de lujo en Cala Flores

Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía, a la que los residentes dirigieron el 18 de mayo un escrito en el que recuerdan que e el año 2018 el Consistorio otorgó la licencia de obras para la edificación de trece viviendas de lujo y una piscina «en un acantilado ubicado directamente en la conocida como Playa del Descargador, en Cabo de Palos».

La empresa Maxiberia SL inició a mediados del mes pasado los trabajos de desmonte previos a la construcción de las casas, lo que ha alertado a los vecinos por la alteración del paisaje y por la eventual destrucción de especies de flora de alto valor ecológica. Así lo expusieron en su denuncia, donde indicaron que antes de estas obras la empresa realizó el derribo del edificio que ocupaba la parcela. Esta demolición, afirmaron, ha afectado «al terreno aledaño y a las especies vegetales, algunas de las cuales son palmitos, una especie protegida».

Según señalaron los denunciantes, el denominado decreto 259/2019 de la Comunidad Autónoma es un instrumento legal que «prevalece sobre el planeamiento urbanístico» municipal. Por lo tanto, el Consistorio no debió haber concedido el permiso de obras, añaden. Y apuntan que el artículo 10 del decreto regional «considera los espacios protegidos como Suelos Protegidos por el Plan de Ordenación Territorial, en virtud de su protección ambiental, con la categoría de Suelo de Protección Ambiental». En otras palabras, resumieron fuente vecinales, «la construcción puede que sea no autorizable, por lo que una irregularidad administrativa conllevaría la nulidad de la licencia».

En todo caso, los residentes esperan que la intervención de la Fiscalía lleve a la autoridad judicial a ordenar la suspensión inmediata y cautelar de las obras del proyecto 'Cabo Beach', para evitar un daño irreparable a la naturaleza. Y para evitar este «disparate urbanístico», que por ahora se refleja en «el agujero enorme realizado por las máquinas junto al acantilado», también han dirigido escritos al Ayuntamiento, a la Consejería de Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas del Estado en la Región.

Fuentes de este último organismo, del Ministerio para la Transición Ecológica, explicaron que según sus técnicos «las obras quedan fuera del dominio público marítimo terrestre y de la servidumbre de tránsito». Por ello, «la competencia en la zona de servidumbre de protección es de la Dirección General de Movilidad y Litoral», un órgano de la Comunidad Autónoma encuadrado en la Consejería de Fomento.

En el área autonómica de Medio Ambiente descartaron daños en el palmito y, al igual que en el equipo de gobierno local prometieron dar información hoy.