La Fiscalía apremia para iniciar los derribos de casas ilegales en La Algameca Chica

Los tres juicios celebrados contra ciudadanos que hicieron obras de manera ilegal en ese asentamiento ubicado en terrenos del Ministerio de Defensa junto a la desembocadura de la rambla de Benipila se resolvieron con un acuerdo de conformidad entre las partes. En concreto, con la imposición de penas de cárcel de un año y seis meses, que han sido suspendidas a condición de demoler lo que se ha construido ilícitamente. En trámite hay otros nueve procedimientos también por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Los acuerdos incluyen, además del compromiso expreso de no volver a delinquir, un año de inhabilitación especial para ejercer como promotor y el pago de unas sanciones económicas que oscilan entre los 360 euros y los 2.160 euros.

A este respecto, los vecinos aseguraban que las multas que se pedían eran desmedidas, ya que en algunos casos ascendían «a 8 euros diarios durante un periodo de tres años». Pero desde la Fiscalía han rebajado al mínimo tanto las peticiones de penas de cárcel como la cuantía de las sanciones.

Dado que los procedimientos continúan abiertos, para el próximo mes de mayo está fijado el juicio para depurar responsabilidades por otra de esas construcciones ilegales.

La detección de amianto en algunas de las chabolas denunciadas, así como la interposición de recursos por parte de los propios afectados, han retrasado los derribos previstos.

«Obviamente se tienen que cumplir una serie de medidas de seguridad para la demolición de estas construcciones y, en caso de no poderlas asumir los demandados, podría ejecutarlas el Ayuntamiento de Cartagena de forma subsidiaria», indicaron fuentes vinculadas a la Fiscalía.

Varias de las órdenes para derruir barracas ubicadas en La Algameca Chica por parte del Consistorio cartagenero están fechadas en el año 2011, cuando un informe del servicio de Intervención Urbanística dejó patente que las construcciones estaban en la falda de una montaña, con el riesgo de ser sepultadas en caso de derrumbes, y que las estructuras presentaban deficiencias importantes, que ponían en peligro a sus habitantes.

Sobre ellas se pronunció el pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, que paralizó de forma cautelar el derribo inminente de cuatro de estas construcciones, a la espera de resolver el recurso de apelación interpuesto por los propietarios, que alegaban que era una medida «irreversible» que dejaría sin casa a familias que tienen a su cargo personas con discapacidad.

La gran mayoría de los denunciados aduce en su defensa que, en todo caso, se trataría de una infracción administrativa pero no causa penal, al considerar que no se trata de edificaciones nuevas, sino que son ampliaciones de las que ya existían desde hace años. De hecho, en algunos procedimientos ha sido la propia Fiscalía quien ha solicitado su archivo por este mismo motivo.

En cualquier caso, desde el Ministerio Público recordaron que en los estatutos que los vecinos se comprometieron a cumplir está recogido que, si bien pueden rehabilitar las barracas, en ningún caso pueden ampliarlas y, mucho menos, ampliarlas con nuevas alturas.

La mayor parte de las denuncias las interpuso el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que intervino al considerar que incurren en un delito contra la ordenación del territorio, carecen de suministros esenciales como el agua potable o la luz eléctrica, y tampoco tienen referencia catastral.

El poblado de La Algameca Chica se encuentra enclavado en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, sobre la desembocadura de la rambla de Benipila, donde la Confederación Hidrográfica del Segura y la Demarcación de Costas del Estado tienen competencias legales. El asentamiento data de forma oficial del siglo XVIII, aunque según sus vecinos existen escritos que demuestran que antes de esa época ya había barracas instaladas allí. En la actualidad, está compuesto por ciento veinte viviendas que carecen de acometidas de servicios básicos.

Durante muchos años, estas construcciones han estado en un limbo legal, pero desde hace más de una década el miedo a desaparecer se ha instalado entre sus residentes, que han visto en una petición para que lo declaren bien de interés cultural (BIC) su única tabla de salvación. Esta idea procede del año 2016, cuando el Ayuntamiento de Cartagena creo una mesa de trabajo con la idea de «promover el mantenimiento, la conservación y la puesta en valor del asentamiento». Un año más tarde se acordó iniciar unos trámites para su solicitud a la Comunidad Autónoma, de los que aún no hay noticias. En la Administración regional hay bastantes dudas sobre ello.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos a iniciar una campaña de recogida de firmas, que les consiga los apoyos suficientes para que la petición sea aprobada. El colectivo se ha marcado como meta obtener 20.000 y las hojas para firmar y mostrar apoyo a esta petición continúan en a disposición de todos los cartageneros, los fines de semana desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde. También ha iniciado actividades con el objetivo de dar a conocer los orígenes de ese asentamiento por medio de profesionales que mediante libros y trabajos audiovisuales han mostrado interés por la historia de La Algameca Chica.