La Fiscalía advierte de que un aplazamiento de 'Novo Carthago' podría derivar en rebajas penales

La huelga indefinida que los letrados de la administración de justicia libran desde el pasado 24 de enero amenaza con 'cobrarse' una pieza de peso. El juicio por el 'caso Novo Carthago', que la Audiencia Provincial tiene previsto iniciar este lunes después de 17 años de investigaciones, presumiblemente se verá retrasado si la reunión que el Ministerio prevé mantener este viernes con los miembros de este colectivo no alcanza un acuerdo que ponga fin al conflicto. Así lo hizo saber este viernes por la mañana la letrada de la Administración de Justicia en una diligencia de ordenación en la que anunciaba su intención de ejercer su derecho de huelga los próximos días 27 y 28 de febrero, así como el 1 de marzo.

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, no esconde su preocupación por un cada vez más previsible aplazamiento de este macro juicio, que cuenta con una veintena de sesiones. Advierte de la actual saturación de las agendas judiciales en la Región y de que la búsqueda de un nuevo señalamiento podría aplazar la causa hasta el año 2026. Con este horizonte temporal, reconoce Díaz Manzanera, se abriría la puerta al reconocimiento de la dilación del procedimiento y a que los procesados obtuvieran rebajas en sus condenas.

Todas las miradas están puestas ahora en la reunión que el Ministerio de Justicia prevé mantener en la mañana de este viernes con el comité de huelga. Si se alcanzara un acuerdo que desconvocase el paro, el juicio podría arrancar el lunes cumpliendo el calendario previsto –que se prolonga hasta el 23 de abril–. De no ser así, la situación obligaría al tribunal a dictar un aplazamiento. Si el fin del conflicto no está muy lejos, la vista podría aún retomarse en alguna de las sesiones posteriores que están programadas para esta macrocausa. Si la huelga se alarga en el tiempo, 'Novo Carthago' quedará en el limbo en busca de un nuevo hueco para un juicio tan complejo que no será fácil de encontrar.

Este caso de presunta corrupción urbanística sentará en el banquillo a dos exconsejeros de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel: Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta a Cerdá como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación en los que habría incurrido con la presunta «manipulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor». Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.

'Novo Carthago' sienta, además, en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del exgobierno regional: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión; el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación –en calidad de partícipes– y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los seis años. Un octavo imputado, el ex director general de Medio Natural Carlos Brugarolas, falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio.

En el 'caso Novo Carthago' se juzga la vulneración de la ordenación legal del territorio, forzada desde la propia Comunidad Autónoma, para facilitar la construcción de una macrourbanización de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf, promovida por la empresa Hansa Urbana, en terrenos protegidos junto al Mar Menor, en el municipio de Cartagena. Según el auto de la Audiencia, los imputados «participaron en actuaciones tendentes a introducir las modificaciones urbanísticas precisas para convertir en urbanizables terrenos que gozaban de protección medioambiental».

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