La Fiscalía admite su hacinamiento y aprieta al Ministerio para que haga la Ciudad de la Justicia

El Ministerio Público aboga, además, por disponer de nuevos palacios de justicia en Lorca y Molina de Segura, aunque resalta el caso de Cartagena por la alta actividad de sus juzgados y el volumen de trabajo que estos generan. Para Díaz Manzanera, el campus debería ser «más del tamaño de la Ciudad de la Justicia de Murcia» y no un palacio algo mayor que el de la calle Ángel Bruna. Y así lo reivindicó ante representantes del Ministerio con los que se reunió la semana pasada en la capital regional, aseguró.

La Fiscalía de Área de Cartagena, dirigida por Carmen de la Fuente Méndez, padece especialmente los problemas de espacio de la sede de Ángel Bruna. Allí trabajan actualmente quince fiscales y la próxima semana tomará posesión otro más de refuerzo. Según Díaz Manzanera, solo la jefa tiene un despacho individual para trabajar en condiciones aceptables. El resto de oficinas son dobles y triples, dándose el caso de que uno de los representantes del Ministerio Público tiene su puesto de trabajo en otra planta del Palacio de Justicia. Esas incomodidades las sufren también el resto de funcionarios auxiliares.

Díaz Manzanera denunció como principal escollo para lograr una gran sede la falta de terrenos para construirla, gestión que en las conversaciones que hay abiertas desde hace varios años corresponde al Ayuntamiento. Y lamentó que la falta de solución a ese problema se siga retrasando sin fecha.

El Ayuntamiento aún espera contestación a la carta que a comienzos de julio envió la alcaldesa, Ana Belén Castejón, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidiéndole una reunión para buscar una solución urgente y definitiva a ese problema. Es la séptima en menos de un año y la quinta a Campo desde febrero. La mayoría han quedado sin respuesta.

Sobre la mesa de Castejón sigue el plan para adquirir al Ministerio de Defensa la manzana donde se ubica la Factoría de Subsistencias y el antiguo almacén de vestuarios de la Armada, en la Avenida Reina Victoria, junto a Los Juncos y el cuartel de la Guardia Civil. Pero los problemas financieros de la Marina para trasladar esas dependencias a la Estación Naval de La Algameca, agravados por los ajustes impuestos por la pandemia, retrasarán al menos hasta 2023 esa operación. Luego habrá que dedicar al menos otros dos años a su construcción, siempre que no surjan contratiempos. Así que parece poco probable que ese plan pueda cristalizar antes de 2026.

Castejón considera esos plazos demasiado largos para las necesidades judiciales en Cartagena y busca alternativas. De momento no tiene nada concreto, aunque, según fuentes de la alcaldía, hay trabajo avanzado del que prefieren no desvelar detalles para evitar interferencias. Como tampoco existe un compromiso real del Ministerio ni presupuesto para la obra.

Ante esa situación, abogados, procuradores y graduados sociales, apoyados por vecinos y empresarios, volvieron a denunciar el pasado día 6 el «ninguneo» y la falta de compromiso de Justicia con Cartagena a la hora de concederle los órganos y servicios necesarios desde hace años y desbloquear el plan para la construcción del campus judicial. En la actualidad, Cartagena tiene tribunales diseminados en cuatro sedes distintas del casco urbano. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha reclamado la creación de un juzgado de lo Mercantil y otro de Primera Instancia. Pero la falta de sede para ubicarlos también retrasa su aprobación, que no está asegurada. Justicia rechazó establecerlos en el antiguo hotel Peninsular, en la calle Cuatro Santos. Según sus técnicos, no reunía condiciones para ello. El Ayuntamiento se planteó después ofrecer el edificio de la Ronda Ciudad de La Unión que acoge Consumo y Estadística. Pero en el Ministerio siguen sin contestar, evidencia de que no consideran prioritario el refuerzo judicial de Cartagena.