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La familia Luque, que el 28 de mayo recibió en su domicilio el apoyo de un centenar de vecinos y de autoridades políticas ante la llegada de los funcionarios de Costas, mantendrá la batalla en la Audiencia Nacional. Busca evitar el desalojo y el derribo de su vivienda en primera línea de Cabo de Palos. Su abogado, Vicente Pérez Pardo, insistió en que la orden de desahucio realizada por Costas no tiene que ver con el deslinde de la playa de Levante, que fue archivado por el Ministerio en 2013, sino con la concesión de uso de la vivienda por parte de esta familia.
El letrado expresó su confianza en que el tribunal dará la razón a los propietarios y confirmará su derecho a que Costas atienda su solicitud de una prórroga extraordinaria de 75 años, a contar desde el año 2014. Costas sostiene que la concesión está extinguida.
Acerca de las prórrogas extraordinarias para las viviendas, fuentes de la Demarcación de Costas informaron de que «este tema reviste cierta complejidad jurídica», porque la reforma de la Ley de Costas, aprobada en 2013, «prevé la posibilidad de otorgar prórrogas para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre a concesiones existentes». El requisito es que éstas «hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988». El periodo no puede exceder de 75 años.
En todo caso, «como la posibilidad de otorgar prórrogas extraordinarias en viviendas ha llegado al Tribunal Supremo, desde la Demarcación de Costas de Murcia mantenemos una postura de prudencia ante esta situación», manifestaron. Y reiteraron su «firme compromiso de respetar la legalidad y las decisiones judiciales».
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